Problemas informáticos, medidas sindicales, confusiones y ajustes a contrarreloj marcaron el primer día de una reforma penal “histórica”

En el flamante edificio ubicado en Cerrito y Misiones los fiscales estaban bastante más agitados. Desde la hora 0 del miércoles, el fiscal del turno de la noche, Pablo Rivas, debió atender una llamada de la Policía tras otra. A la 1 de la mañana se detuvo a la primera persona del día, en la zona de Ciudad Vieja, que intentó robar una camioneta y quedó registrado en las cámaras de videovigilancia. Los teléfonos no dejaron de sonar: los dos fiscales que ingresaron en el turno de la mañana habían recibido cerca de 100 llamadas para las 17 horas. “Estamos a mil”, fue la respuesta que se repitió entre los consultados por Búsqueda. El grupo de WhatsApp de los fiscales penales mantenía a todos actualizados de que la cosa venía complicada.

El nuevo software de la Fiscalía —Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (Sippau)—, a través del cual la Policía comunica las denuncias y los fiscales, a su vez, se conectan con el Poder Judicial, estuvo caído durante buena parte del día. Eso obligó a los fiscales y policías a recurrir a los mecanismos de “contingencia”, como las comunicaciones por escrito y telefónicas. Además, generó problemas para acceder a información que ya estaba cargada en el sistema, lo cual complicó un día de por sí enredado.

“Se cayó el sistema. Desde hace meses era pronosticable que eso iba a pasar”, se quejó el fiscal penal Gustavo Zubía. “La implementación fue un desastre. Es una locura absurda la forma en que estamos llevando a cabo esto”, añadió. “Soy partidario del sistema acusatorio, pero la implementación debió estar mejor organizada”, insistió.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, calificó el día de “histórico”. Él fue uno de los principales impulsores de una reforma que una amplia mayoría coincidían en que era impostergable. “Hubo muchos nervios al inicio, como es natural. Pero los problemas que aparecieron se fueron solucionando a lo largo del día y mañana (por hoy jueves) será otro día de trabajo intenso”, dijo a Búsqueda.

Los días previos a la puesta en marcha de la reforma tampoco fueron fáciles: los últimos cambios legislativos fueron aprobados la semana pasada y el Poder Ejecutivo promulgó el texto final el martes 31 de octubre, a horas de que comenzara a implementarse. En pocas semanas la Suprema Corte de Justicia (SCJ) trasladó a más de 100 jueces en todo el país. Varias oficinas se mudaron a edificios nuevos, se trasladaron expedientes, mobiliario, se inauguraron salas de audiencias. Se comenzaron a testear los sistemas informáticos que sustituirán los trámites en papel y se repartieron computadoras portátiles entre los fiscales, mientras se concluían los programas de capacitación.

Los funcionarios judiciales, que aún mantienen un conflicto salarial sin resolver con el gobierno, aprovecharon el momento para presionar y paralizaron sus actividades, lo que generó incertidumbre sobre si el código podría empezar el miércoles. Además, más de 70 fiscales presentaron recursos contra el nuevo régimen de trabajo —que estableció otros horarios y formas de organizar los turnos— porque consideran que quedarán sobrecargados. Y por si fuera poco, la SCJ comunicó a los jueces que las primeras audiencias de formalización, en las que los fiscales presentan el caso ante el juez, debían ser reservadas, lo que trastocó la tan publicitada transparencia del nuevo proceso penal y confundió a fiscales y magistrados (ver recuadro).

El presidente de la Corte, Jorge Chediak, aprovechó la atención mediática de los últimos días para pedir “disculpas por adelantado” a la población por los errores que pudiesen ocurrir en los primeros tiempos del código. También pidió “mesura” para no generar “expectativas desmedidas” en la sociedad sobre las bondades de la reforma, aunque aseguró que se trata de un “rediseño prácticamente sin antecedentes”.

Una reforma impostergable.

El fiscal encargado de Homicidios, Juan Gómez, recorrió varias de las comisarías en las zonas más complicadas de la ciudad para presentarse con los policías. Quería que le conocieran la cara, que se sacaran dudas, que estuvieran preparados y conscientes del cambio que se avecinaba. Que supieran que de ahora en más será él quien les atenderá el teléfono cuando llamen a comunicar un delito, y quien dirigirá las investigaciones sobre los asesinatos que se cometan en Montevideo.

Si bien policías y fiscales ya tienen experiencia trabajando juntos, con el nuevo CPP vigente desde el miércoles 1º, el vínculo entre ambos será mucho más estrecho. Ahora serán los fiscales los que trabajen codo a codo con la Policía para investigar y recolectar evidencias en contra de un sospechoso, para eventualmente “armar un caso” y llevarlo ante un juez.

Hasta el 31 de octubre funcionaba un sistema en el cual eran los jueces los que dirigían la investigación, y luego resolvían si el sospechoso era culpable o inocente, lo que generaba problemas de imparcialidad. Ese modelo, que se conoce como inquisitivo, fue sustituido por un sistema acusatorio, donde el juez se dedica exclusivamente a juzgar.

El apoyo a la reforma es prácticamente unánime. Jueces, fiscales, defensores públicos y abogados privados coinciden en que el viejo código era obsoleto e injusto. Desde el sistema político y la academia tampoco había dudas. Uruguay era de los pocos países que mantenía un modelo inquisitivo y los organismos internacionales no perdían oportunidad para reprocharlo. El paso a un régimen más transparente y moderno, con juicios orales y públicos, era inevitable.

Pero conseguir que la reforma se concretara no fue fácil. Varios proyectos quedaron por el camino tras discusiones y postergaciones en el Parlamento. La reforma se aprobó finalmente en 2014 y aunque sufrió modificaciones y demoras, el miércoles 1º consiguió ponerse a andar.