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En lo que va del 2012 se presentaron tres pedidos de declaración de inconstitucionalidad contra la ley 18.876, que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), y algunas gremiales rurales esperan que haya una catarata de nuevos planteos próximamente.
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El primer pedido fue planteado en febrero por la sociedad anónima Guanare de la empresa Forestal Atlántico Sur, y a fines de marzo lo hicieron la firma Farolur (que es propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena) y la empresa Casarone Agroindustrial, señaló el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, el martes 10 en el programa “Valor Agregado” de radio Carve.
La ley en cuestión, promulgada a fines de diciembre, establece un gravamen para las extensiones de más de 2.000 hectáreas de índice Coneat 100 (productividad media del país) o su equivalente.
En tanto, las gremiales más tradicionales del sector, que son la Asociación Rural y la Federación Rural, decidieron apoyar la presentación de nuevos pedidos de inconstitucionalidad de la ley citada por parte de productores que las integran. El presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, vaticinó que en los próximos meses habrá una “catarata” de planteos similares en ese sentido, según público ayer miércoles 11 el diario “El País”.