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Productores y organismos estatales cuestionan el proyecto de ley para controlar jaurías
Cabildo Abierto quiere que se vote antes de fin de año en el Senado; para el Instituto de Bienestar Animal y el Ministerio de Ganadería, algunas disposiciones son más débiles que la legislación actual
Ovejas durante la 11a edición de Expo Melilla. Foto: Ricardo Antúnez, adhocFOTOS
La presencia de perros sueltos provoca cada año entre 2.500 y 3.500 mordeduras, más de 800 lesionados por accidentes de tránsito y entre 820 y 830 denuncias por ataque a animales de producción. Para el 53% de los uruguayos, la consecuencia más grave de esta situación es la de los accidentes de tránsito, seguida por los ataques a personas, que son la principal preocupación del 27%. Otro 3% pone como punto más grave los ataques a la producción, pero esta cifra asciende al 23% al consultar a habitantes del medio rural.
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Todas estas cifras fueron expuestas por la presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Marcia del Campo, durante una comparecencia ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado el pasado 9 de noviembre. En la instancia, referentes del gobierno se refirieron al proyecto de ley impulsado por Rafael Menéndez y Martín Sodano por el que se busca minimizar los daños provocados por jaurías a la producción nacional. La iniciativa ya fue aprobada en Diputados y se encuentra ahora a estudio de la Cámara Alta.
Durante la comparecencia, Del Campo aseguró que el proyecto “es una muy buena oportunidad para trabajar en el compromiso de otras instituciones que tienen una gran responsabilidad” en la respuesta a esta problemática. Apuntó particularmente al Ministerio de Salud Pública (MSP) y los gobiernos departamentales, entre otros.
Sin embargo, señaló que muchas de las propuestas del proyecto ya están contempladas en la ley vigente de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales 18.471, en las propias competencias del Instituto de Bienestar Animal y del Ministerio de Salud Pública, e incluso en normativas de los gobiernos locales. De hecho, consideró que algunas de las disposiciones de la nueva norma que se propone “estarían debilitando la ley ya existente”.
Consultada por Búsqueda, puso como ejemplo “el alcance o la población objetivo y la cuantía de las multas”. El proyecto de ley circunscribe las obligaciones a poblados de hasta 5.000 habitantes, mientras que la ley incluye a toda la población uruguaya. Las indemnizaciones, por otro lado, también están contempladas en la ley vigente, y el valor de los animales afectados se establece por perito durante un proceso judicial, indicó. Atendiendo a eso, Del Campo dijo que sugerirán que se prevea “un proceso judicial más rápido”. También, que “los tenedores de perros que causan daños paguen el doble del valor del animal afectado —como propone la iniciativa—, pero solo en los casos en que el productor afectado compruebe contar con un plan de control de depredadores”, dijo. Ese condicionamiento busca estimular que los productores ganaderos implementen tecnologías que permiten establecer un control de los depredadores y a las que hoy se puede acceder a costos relativamente bajos.
Otra crítica manifestada por la presidenta del INBA refiere al artículo que establece que en caso de no poder identificarse a los dueños de los perros agresores, la indemnización estará a cargo del Estado. En su opinión, eso “es un gran error”, ya que sería un “desestímulo a la identificación” canina por la que han hecho una campaña “muy fuerte”. “La idea no es que si no lo identifico y mi perro ataca, yo pueda estar más protegido”, explicó.
Por último, cuestionó las sanciones propuestas por el proyecto de ley a estudio para tenedores irresponsables por considerar que son incluso menores a las que están vigentes. La directora general de Secretaría del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y presidenta de la Comisión Honoraria Asesora para la Seguridad Rural, María Fernanda Maldonado, estuvo de acuerdo con este punto. “Hoy se puede sancionar a los propietarios o tenedores de perros que incumplan con la normativa con hasta 500 Unidades Reajustables, y este proyecto establece una multa máxima de 100”, señaló.
Igual que Del Campo, señaló que varios aspectos del proyecto ya están contemplados en la legislación vigente y destacó la necesidad de “profundizar en procedimientos especiales” para lograr que los damnificados por el daño a sus animales obtengan una indemnización adecuada.
“Hoy si las partes no se ponen de acuerdo cuando se sabe quién es el tenedor del animal que causa los daños, hay que ir a un juicio ordinario para obtener una indemnización. Sería bueno (...)evaluar la creación de instrumentos que permitan facilitar ese tipo de cosas”, dijo la directora.
Según Maldonado, cuando un productor encuentra un animal en su establecimiento que significa un peligro para su producción, puede darle muerte amparado en el artículo 125 del Código Rural. Sin embargo, el senador de Cabildo Abierto y presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca donde está siendo tratado el proyecto, Guillermo Domenech, dijo a Búsqueda que además de ser una medida que “atenta contra la sensibilidad ambiental”, no resulta “práctica” para los productores, quienes muchas veces no están en condiciones de interceptar a los perros o darles un destino.
“Si aparece una jauría por su campo, el productor tiene dos problemas. No tiene a quién recurrir o llamar para resolver el problema y también es complicado andar a los tiros matando perros, no solo por la sensibilidad que hay respecto a los animales, sino porque disparar un arma de fuego tiene sus peligros”, indicó. Lo lógico para Domenech sería que hubiera algún servicio al cual acudir.
Más allá de las diferencias que surgen, el senador entiende que “el proyecto de ley va por una buena senda”. En la misma línea, el diputado Rafael Menéndez, también cabildante, dijo a Búsqueda que “sería una buena señal” que se apruebe antes de fin de año.
En contra
La opinión de Domenech no es compartida por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) ni la Federación Rural del Uruguay, que comparecieron el 16 de noviembre a la comisión que estudia el proyecto. Para la ARU, en el texto propuesto lo “sustancial es la burocracia y medidas de multas contra la gente que hace las cosas bien”.
“La vemos muy equivocada”, aseguró Rafael Ferber, de ARU. El director de Exposiciones dijo no entender el alcance del proyecto, cuando los perros sueltos se encuentran en cualquier ciudad del interior y hasta en Montevideo. También cuestionó la idea de que sea el Estado quien se encargue de las indemnizaciones ante perros no identificados, ya que generaría “una entrada a situaciones no deseables y difíciles de controlar”. Al mismo tiempo, dijo que no apoyarían una iniciativa que propone que el Estado a través del INBA “termine disponiendo fondos para perros en albergues cuando tiene muchas otras cosas por resolver”.
“Es muy difícil encontrarle cosas positivas”, indicó.
