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Profesionales y mandos medios de UTE reclaman derogar las normas que les impiden hablar públicamente de la empresa
Sostienen que “empobrece la democracia” y citan la “penosa experiencia de Ancap” como prueba de la importancia de conocer una versión alternativa a la oficial
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En UTE —como sucede también en otros organismos públicos—hay una serie de resoluciones de directorio que se arrastran desde la dictadura, que fueron ratificadas y profundizadas en democracia, y que constituyen un “sistema de mordaza” para los funcionarios. Al menos así lo ve la Asociación de Profesionales y Mandos Medios (Aprom) de la empresa, que tiene como primer punto de su plataforma de reivindicaciones conseguir la eliminación de esas normas.
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“Respetar el derecho a hacer pública la opinión de los funcionarios entendido en la forma más amplia posible. No a la persecución por opinar. Derogar las resoluciones 81.-5067, 98.-3472 y similares”, establece allí.
En un comunicado difundido esta semana, Aprom expone la contradicción entre haber sido “celosos demócratas a la hora de bajar los retratos de los directores de la empresa durante la dictadura” pero “mirar para el costado a la hora de derogar algunas resoluciones vergonzosas”. Esas resoluciones, sostiene la organización, dan “tranquilidad” a los directores y cuentan con “la venia o por lo menos el silencio complaciente” del sindicato mayoritario, la Agrupación de Funcionarios de UTE (Aute).
José Pedro Pena, presidente de Aprom, dijo a Búsqueda que esas resoluciones que impiden a los funcionarios hacer declaraciones públicas sobre temas de UTE “son abusivas y empobrecen la democracia”. Los funcionarios y profesionales de la empresa, explica, son muchas veces “los que más saben” de sus temas y “la opinión pública tiene derecho a conocer otra opinión que no sea la de los voceros oficiales”.
La “penosa experiencia de Ancap” es para Pena una demostración de la importancia de que se respete ese derecho. En ese caso, sostiene, sus colegas profesionales de la petrolera estatal “tenían mucho para decir en su momento y sabían que muchas cosas no tenían sustento”. Sin embargo, tenían que limitarse a expresar sus posiciones “en los corrillos y bajo acoso”.
También propone otro ejemplo más cercano a su rubro. Pena asegura que sobre el proyecto de la regasificadora también “hay cosas para decir y hubo cosas para decir en su momento”.
“Hay todo un tema de mordaza, de no permitir que la gente conozca otra versión. No pretendemos que sea la última, pero sí pretendemos que se conozca en un sistema democrático. Y con empresas públicas. ¿Para qué las queremos si no? Tengamos empresas privadas entonces. El derecho del pueblo es conocer mucho más de lo que hoy conoce, que es la opinión del presidente y de quienes él designa para hacer declaraciones”, concluye.
El planteo de Aprom no tuvo hasta el momento una respuesta del Directorio de UTE. Hasta ahora, según Pena, “fijaron la ley del silencio mientras, por la vía de los hechos, esas cosas se mantienen”.
“Ni siquiera pagan el precio de decir que no están de acuerdo con derogar esas resoluciones”, lamentó.
Chicanas y dilatorias.
Aprom se fundó en diciembre de 2011 y actualmente reúne a unos 300 profesionales y mandos medios de UTE, sobre un universo de unos 1.000 trabajadores que se ajustan a esa definición. La organización surgió como alternativa al histórico sindicato de la empresa Aute (más de 5.000 afiliados) donde este grupo de profesionales y mandos medios no sentía acogidas sus posiciones. Aute considera a Aprom un sindicato “amarillo”, integrado por la línea gerencial.
A mediados del 2016, Aprom logró un importante pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que reconoció su derecho a participar en los ámbitos de negociación colectiva. El TCA sostuvo que el artículo 14 de la ley de negociación colectiva —que en caso de haber más de una organización de trabajadores le atribuye legitimidad a la más representativa— se refiere al momento de la suscripción del convenio y no a todo el proceso.
“Nuestro sistema jurídico se caracteriza por la pluralidad sindical y, en consecuencia, los referidos derechos de sindicalización y negociación colectiva no son patrimonio exclusivo de la organización más representativa, sino que corresponde a todas las organizaciones colectivas legalmente constituidas”, estableció (Búsqueda Nº 1.941).
A un año y medio de aquel fallo, Aprom asegura que el Directorio de UTE está aplicando “chicanas y dilatorias” para no cumplirlo, mientras negocia un nuevo convenio colectivo con Aute.
Pena dijo que a través de una resolución, el Directorio de UTE formalizó un ámbito de negociación con Aute para avanzar hacia la firma de un nuevo convenio laboral. El último que firmaron es de 2003 y está vencido.
Aprom, en tanto, luego de llevar al Directorio de UTE a la Dirección Nacional de Trabajo, logró que la empresa les abriera un canal de diálogo con el gerente general y la gerenta de Servicios Corporativos. La organización, sin embargo, aspira a que mediante una resolución de directorio se establezca la forma de canalizar una negociación “del mismo rango” de la que se mantiene con Aute.
Meses atrás, el Directorio de UTE les pidió por escrito a Aprom y a Aute que se expresaran sobre la posibilidad de procesar en conjunto la negociación de un nuevo convenio laboral. Según Pena, la respuesta pendiente de Aute es uno de los argumentos que esgrime la UTE cuando Aprom reclama que se los incluya en el proceso. En su opinión, eso es una “dilatoria y nada más”, porque no necesitan una respuesta de Aute para convocarlos.
“En definitiva, es una forma de no cumplir con la sentencia del TCA, que no deja lugar a mucha duda. Con todas esas chicanas se sigue relegando a Aprom de la posibilidad de negociar”, dijo.
Aunque por ahora prefieren no hacerlo, con la expectativa de que el diálogo con la Gerencia General y la de Servicios Corporativos les dé resultados, Pena subrayó que el fallo del TCA los ampara y tienen la posibilidad de recurrir a la vía legal.