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El Senado aprobó esta semana por unanimidad un proyecto de ley que asegura la “debida reserva” de identidad a aquellos trabajadores que sean denunciantes o testigos de violaciones a la normativa laboral como la libertad sindical, el acoso moral o la discriminación.
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Según se explica en la exposición de motivos del proyecto de ley —presentado por el Frente Amplio—, resulta “fundamental incentivar las denuncias de los trabajadores” ante la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo, y para ello se deben dar garantías de que los testigos y denunciantes no serán perseguidos.
El proyecto, que pasó a la Cámara de Diputados, establece que la Inspección General del Trabajo tendrá las más “amplias facultades de investigación” sobre los hechos denunciados. Cuando deba interrogar a personas vinculadas a la empresa, lo hará de manera individual, en forma “reservada” y sin “identificar en el expediente los datos de los deponentes”.
“En razón de la defensa de los trabajadores y atendiendo a la situación de desventaja (en la) que se encuentran respecto de los empleadores, resulta razonable que se les asegure a los primeros la debida reserva sobre su identidad a fin de obtener declaraciones libres de la violencia moral que implica el temor a represalias. No debe ponerse en riesgo la fuente laboral”, explicaron los legisladores al presentar el proyecto.
El proyecto, que pasó a la Cámara de Diputados, establece que la Inspección General del Trabajo tendrá las más “amplias facultades de investigación” sobre los hechos denunciados
El hecho de que el empresario no sepa quién realizó la denuncia no es obstáculo para que conozca el contenido de lo declarado, agregaron.
El colorado Pedro Bordaberry reclamó que el proyecto sirva de “ejemplo” para el Estado en cuanto a mantener en reserva la información de los ciudadanos, en referencia a la divulgación por parte del gobierno de información de personas que han cuestionado al Estado, como el colono que se enfrentó con el presidente Tabaré Vázquez o el padre del niño que criticó al Ministerio de Desarrollo Social porque no le dio refugio.