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    Qué falta de respeto, qué atropello a la razón

    N° 1873 - 30 de Junio al 06 de Julio de 2016

    Siete horas estuvo esta semana en el Parlamento el ministro de Economía, Danilo Astori, tratando de argumentar a favor del impuestazo (y anteriores —y, tal vez, posteriores— tarifazos) que su gobierno ha resuelto descargar sobre los uruguayos. Siete horas que podrían ser siete meses o siete años, porque sus explicaciones, como se dice en la jerga parlamentaria, son irremediablemente “insatisfactorias”.

    ¿Son “insatisfactorias” porque el gobierno hace mal en tapar un agujero enorme para evitar perder el grado inversor? No. Está bien que el gobierno sea prudente y haga lo posible para equilibrar las cuentas públicas. Ningún gobierno, jamás, ha sido exitoso y provechoso para la sociedad en el desorden fiscal y en el desequilibrio macroeconómico. Ninguno. Cualquiera sea o haya sido su ideología.

    ¿Entonces? Entonces son “insatisfactorias” porque los argumentos del ministro fallan por su base moral. Después de una década de inaudita bonanza económica, en la que el ministro Astori estuvo todo el tiempo monitoreando la situación (primero como ministro, luego como vicepresidente y ahora otra vez como ministro), es inmoral que su gobierno quiera solucionar su propia incapacidad para gestionar medianamente bien la cosa pública, metiendo su mano en el bolsillo de la gente.

    Es inmoral que imponga un fuerte retaceo (no un “muy leve” recorte, como dijo el presidente Vázquez) en los ingresos de los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos, antes de arreglar la casa. Porque, ¿quién fue el responsable de que hoy el Estado uruguayo tenga que pagar 305.023 vínculos laborales cada mes? ¿Quién gobernó este país durante los pasados 11 años? Recordemos: entre 2000 y 2005 (último gobierno no frenteamplista), el Estado tuvo un máximo de 246.401 y un mínimo de 240.836 vínculos laborales. El Frente Amplio recibió el gobierno el 1º de marzo de 2005 con la obligación —ya muy alta— de pagar 241.725 salarios por mes. Desde entonces, la cifra no paró de subir: 244.748 (2005), 246.196 (2006), 254.612 (2007), 255.967 (2008), 264.957 (2009), 273.959 (2010), 277.628 (2011), 287.920 (2012), 298.743 (2013) y 308.091 (2014). En 2015 bajó por primera vez en toda la “era frentista” a 305.023, lo cual sigue constituyendo un verdadero disparate de clientelismo y despilfarro.

    Cuando anunció el fiscalazo, el ministro Astori dijo que el gobierno se auto impondría una regla de “dos por tres” para bajar esa enormidad de gasto salarial estatal. Es decir, por cada tres que se jubilen, fallezcan o renuncien de las oficinas públicas, se autorizará el ingreso de dos nuevos. Eso, que es muy poco (debería ser “cero por tres”), quedó en la palabra de Astori. Porque el diputado blanco Jorge Gandini —uno de los legisladores más estudiosos y detallistas de las normas presupuestales— descubrió que esa promesa verbal del ministro no aparece en ninguna de las miles de páginas del proyecto de Rendición de Cuentas y sus anexos. No hay nada escrito. Hay que creerle al ministro.

    Pero el ministro comprenderá que su credibilidad está muy deteriorada. Hace apenas un año y medio, el 11 de noviembre de 2014, antes del balotaje entre Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou, el entonces vicepresidente Astori prometió ante todas las cámaras de televisión del Uruguay lo siguiente: “Los cambios que pueda haber en el futuro en el sistema tributario son, todos, en beneficio del contribuyente. No vamos a aumentar la carga tributaria en relación al producto porque entendemos que sería un paso inconveniente. No va a haber más impuestos y eso lo puedo declarar con total precisión y claridad. Vamos a seguir intentando lo contrario. Esto es: mejorando el sistema tributario en todas sus expresiones. Puede ser el impuesto a la renta personal pero también vamos a seguir mejorando el otro gran impuesto que tiene el país, que es el IVA, y que es mucho más injusto que el impuesto a la renta personal”.

     

    Aquella “total precisión y claridad” que el ministro exhibía hace 19 meses para tranquilizar a la gente y ganar el voto de los ciudadanos se ha dado vuelta como una tortilla: hoy, los hechos (no las promesas; los hechos) muestran con “total precisión y claridad” que, al revés de lo que se decía, el gobierno promueve cambios en el sistema tributario en perjuicio del contribuyente y que habrá un aumento de la carga tributaria, anunciada —con una sorprendente soltura de cuerpo— por medio de la misma persona que decía que eso era un “paso inconveniente”.

    En el Parlamento, el ministro Astori estuvo acompañado por su subsecretario, Pablo Ferreri. El ministro dijo allí que el único “camino genuino, auténtico y estructural” para enfrentar estas dificultades es la “inversión productiva nacional, del exterior, pública y privada”. Es curioso que lo haya hecho al lado de Ferreri, quien el 21 de junio, en un congreso realizado en Paraguay, anunció que el Poder Ejecutivo propondrá al Parlamento una “nueva flexibilización del secreto bancario” que obligará a informar los saldos de depósitos a fines de cada año a “todos los cuentahabientes” para que puedan ser conocidos por la Impositiva uruguaya y por las administraciones tributarias extranjeras. Con la larga experiencia que el ministro Astori tiene en la materia, ¿cree de verdad que alguien se va a animar a invertir en este país si el gobierno uruguayo y cualquier otro gobierno del mundo pueden conocer así, sin más, cuánta plata tienen los potenciales inversores en sus cuentas bancarias?

    La falla moral del planteo gubernamental anida, además, en la inversión de valores que supone la traición del pacto social que está promoviendo en los hechos. ¿Por qué existen los impuestos? Para financiar los gastos y el funcionamiento del Estado. ¿Y para qué paga impuestos la gente? Para recibir del Estado servicios que permitan una convivencia armónica en la sociedad.

    Pues bien: según un estudio del sociólogo Agustín Bonino, director de Opción Consultores, siete de cada diez uruguayos están desconformes con los servicios que presta ese mismo Estado que el ministro Astori quiere seguir sosteniendo sacándole más plata a la gente. ¡Siete de cada diez! En otras palabras, los individuos pagan muchos impuestos —y pagarán más desde el 1º de enero de 2017— para financiar servicios acerca de los cuales el 70% de los uruguayos están insatisfechos.

    En el Parlamento, el ministro Astori admitió, por otra parte, que este ajuste fiscal no será suficiente para conseguir el necesario equilibrio macroeconómico. Cualquiera hubiera podido pensar que allí vendría lo que falta: algo así como “ahora vamos a reducir el gasto público que está bajo nuestra responsabilidad”. Pero no. La respuesta quedó a mitad de camino. El ministro se limitó a decir que “hay que seguir con una política fiscal muy prudente en el terreno del gasto y en el terreno del ingreso”.

    Quizá haya alguna disminución del gasto pero la política fiscal seguirá mirando, con la misma intensidad, “el terreno del ingreso”. En criollo: después (o antes) del 1º de enero de 2017 podrá haber otros aumentos de la carga tributaria.

    Mientras tanto, los uruguayos siguen escuchando al vicepresidente Raúl Sendic —responsable principal del desastre de Ancap y de los 900 millones de dólares que el Estado hubo de inyectar en la otrora infundible empresa pública monopólica para evitar su quiebra— quien dice, muy seguro de sus palabras: “No nos vamos a dejar acorralar en el proyecto que tiene la derecha”.

    Mirá vos: ser “de izquierda” era aumentar impuestos, malgastar la “plata dulce” y fundir empresas públicas.

    ¡Haberlo sabido!