Las frustraciones y los fracasos políticos, lejos de ser asumidos, suelen dar paso a propuestas de reforma constitucional que habiliten soluciones a problemas para los que no se dispone de procedimientos legales. El reformismo se complica cuando obedece al interés político o electoral de una fuerza política que no es acompañado —o que es resistido— por otros sectores ciudadanos.
Y es más grave cuando el intento encubre segundos propósitos. De hecho, fue lo que ocurrió en 1971 cuando el “reeleccionismo” fracasó en su proclamado propósito de dar un segundo mandato al presidente Pacheco Areco, pero logró elegir por escaso margen a Juan M. Bordaberry.
O cuando el afán reformista tiene propósitos diversionistas, maniobra destinada a confundir y desviar la atención y el debate público hacia cuestiones que considera favorables a sus intereses. Una maniobra bastante común en la vida política a la que se ha apelado tanto por derecha como por izquierda.
Hace un par de semanas, el Frente Amplio anunció que promoverá una reforma constitucional, fijó sus objetivos y quedó en definir el procedimiento que se propone seguir.
La iniciativa ni siquiera tiene el respaldo de todos los sectores de la coalición. Dirigentes del Frente Líber Seregni, por ejemplo, consideran que no es el momento para embarcarse en un proceso de este tipo cuando el país tiene urgencias mayores. No lo dicen, pero creen que el horno no está para estos bollos.
En la oposición la iniciativa tampoco recoge apoyos. Pero la crítica más demoledora surgió desde la izquierda. En un reciente artículo, Hoenir Sarthou (“Voces”, 30/6/2016) reflexiona —y desnuda— la iniciativa anunciada por el FA. Abogado como su padre, el ex senador frenteamplista Helios Sarthou, Hoenir es un hombre de izquierda a quien no atan compromisos emocionales. Sin renunciar a sus convicciones, más bien como confirmación de ellas, sus columnas del semanario “Voces”, cuyo Consejo de Redacción integra, abordan la realidad nacional. Lo hace con inusual rigor y honestidad intelectual desde una mirada crítica de los gobiernos del Frente Amplio.
Las reformas constitucionales, destaca Sarthou en el citado artículo, “tienen históricamente” dos motivos: 1) “que una sociedad esté viviendo cambios muy profundos” (las revoluciones sociales suelen requerir una nueva organización institucional, otra distribución del poder, el surgimiento de un nuevo orden, otros objetivos colectivos y nuevos criterios de justicia) y 2) “que al partido que está en el gobierno le convenga cambiar las reglas electorales para (...) minimizar las posibilidades y márgenes de maniobra de sus opositores”.
¿Por qué motivo el FA promovería ahora una reforma constitucional?, se pregunta. La finalidad invocada es “remover las trabas institucionales que impedirían la aplicación de políticas innovadoras”. Sin embargo, señala, “si se analizan las supuestas innovaciones y las supuestas trabas, el argumento no resiste dos segundos”.
Recuerda que los principales objetivos de la reforma son: a) consagrar la nueva agenda de derechos y la protección de minorías sociales; b) reducir el poder presidencial y redefinir el instituto del veto; c) aumentar el poder del Parlamento; d) crear nuevas formas de propiedad (propiedad social, cooperativa, etc.); e) garantizar la protección del medioambiente; f) reestructurar los órganos de contralor del Estado, y g) “reformar” y “democratizar” el Poder Judicial y establecer nuevas formas de control de la constitucionalidad de las leyes”.
Lo curioso, destaca, “es que todos y cada uno” de estos propósitos “son innecesarios, inconvenientes o contradicen de plano las prácticas del propio partido que los propone”.
Tras analizar uno a uno esos objetivos, Sarthou sostiene que o bien ya han sido consagrados legalmente y están vigentes o son de dudosa constitucionalidad; contradicen el comportamiento monolítico de sus legisladores en el Parlamento, el desinterés en controlar lo actuado por la administración o la evidente desatención de “decenas de miles de observaciones del Tribunal de Cuentas”. Y desliza la idea de “una advertencia o ‘vendetta’” hacia el Poder Judicial, al que se le otorgan escasos recursos presupuestales y se habla de reasignar el control de constitucionalidad para “sacárselo a la Suprema Corte de Justicia”.
Ante tal cuadro de situación se pregunta: “¿Qué hay que valiera la pena y que no se haya podido hacer por haberlo impedido la Constitución vigente?”. Y responde: “Nada. O casi nada”.
Considera que “el verdadero propósito (…) no es viabilizar políticas revolucionarias, que no están en el horizonte”, y que “se podría pensar que el objetivo es introducir cambios en los mecanismos electorales” como volver a hacer coincidir las elecciones nacionales con las departamentales, permitir el voto desde el exterior, eliminar el balotaje.
Admite que es posible que haya sectores del FA que “deseen y sueñen” los cambios enunciados pero considera “posible que el verdadero beneficio (...) sea más rebuscado y menos evidente”. Y conjetura, no sin razón, que quizás el objetivo buscado sea “cambiar el eje de la discusión pública” (ajuste fiscal, crisis económica, deuda pública, de la enseñanza, crisis social, inseguridad ciudadana, inflación) y embarcar a la oposición en la discusión de las reformas constitucionales.
Estima el articulista que el planteo político “puede operar como justificación de la falta de proyectos y de resultados, cohesionando a cierta parte del electorado frenteamplista” de modo que el problema “no serán el gobierno ni su falta de ideas y aciertos, sino la Constitución que lo maniata y la Suprema Corte que lo hostiga”.
Aun así, considera “muy probable que la reforma constitucional ni siquiera llegue a plantearse seriamente” dadas las “escasísimas” posibilidades de aprobación “habida cuenta del peso electoral que sigue teniendo la oposición y del descontento que cunde entre muchos votantes y ex votantes frenteamplistas”.
A su juicio, la inevitable consulta popular confirmatoria, que en todo caso tendría lugar dentro de tres años, “tiene toda la chance de convertirse en un plebiscito contra el gobierno”, algo que “ni el más obtuso de los dirigentes frenteamplistas debería ignorar”.
Sostiene que, si “todo este asunto constitucional fuera mero fuego de artificio, una excusa para justificar debes y carencias” se estaría usando “como moneda de cambio” un instrumento “que debe ser preservado”.
“Aun sin ser perfecta” la Constitución vigente, advierte Sarthou, “respira una lógica igualitaria y republicana que suele faltar en la legislación reciente”, un instrumento “que desde hace muchos años ha permitido que convivamos pacíficamente gentes con ideas y concepciones de vida muy diversas”.
Hay dos preguntas “que deberíamos hacernos con humildad”, concluye, “si realmente creemos que nuestros problemas actuales se deben a carencias constitucionales” y, “la más delicada”, “si tenemos hoy una cultura ciudadana superior a la que inspiró a la Constitución vigente”.
Como suele escucharse en las partidas de truco: “A ley de juego está todo dicho”.
