“Comenzamos fiscalizando a las empresas más grandes del rubro porque concentran en el final de la cadena casi la totalidad del negocio de la basura”, dijo a Búsqueda el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Pablo Ferreri.
El jerarca agregó que “se esta trabajando” en la formalización de todo el sector.
“Comenzamos a trabajar en regularizar ese tema. Primero fuimos con los depósitos más grandes porque son los más fuertes y aumentamos el tributo sobre las ventas, unos ingresos que podrán colaborar con el proceso de regularización que seguirá ahora”, informó.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Eduardo Brenta, dijo a Búsqueda que ahora “se están coordinando acciones entre los distintos cuerpos inspectivos competentes” como la DGI, el Banco de Previsión Social, la Intendencia de Montevideo y la Inspección de Trabajo para “iniciar la formalización” de los depósitos medianos y chicos.
Esta “mejora de fiscalización de toda la cadena” tiene previsto que los inspectores hagan recorridos con las respectivas intimaciones y multas para los que no estén en regla.
Pero además de mejorar este aspecto, el MTSS quiere formalizar al último eslabón de la cadena: los clasificadores o hurgadores.
“A este grupo social queremos dignificarle el trabajo de dos maneras: ya sea sacándolos de esa actividad a otra o regularizando su situación”, dijo Brenta.
Para ello el gobierno aspira a “motivar” a los hurgadores a cambiar de rama laboral, como el ingreso a la construcción, una experiencia que ya se llevó adelante con algunos clasificadores en Carrasco Norte, donde a cambio de la entrega del carro se les ofrecía un trabajo en la construcción.
A aquellos que queden en el sector se les ofrecerá “alguna manera” de formalización que podría “ser similar al monotributo aplicado por el Ministerio de Desarrollo en su momento”.
“Esperamos que para mediados de 2013 varios clasificadores ya tengan seguridad social y prestaciones de salud”, agregó.
Un primer paso en ese sentido será la creación de un mecanismo que registre la compra de los depósitos para cada hurgador. “No sería una boleta, pero sí una forma de registrar las transacciones”, dijo Brenta.
“Bolseros”.
“Este sector es una cadena productiva muy compleja, con gente que hace décadas que está en la informalidad”, sostuvo el ministro.
A nivel de los hurgadores, Brenta distingue entre “los clasificadores formales históricos que viven de esto” y los “bolseros”.
“Esta población que se ha sumado a los históricos es la responsable del desastre montevideano de la basura, sumado a Adeom (gremio municipal)”, añadió.
“Bolsero es un tipo que anda a pie o en bicicleta, está muchas veces asociado a adicciones, es el tipo que revuelve en busca de dos objetivos: algo para vender que después le permita comprar una dosis de pasta base, o algo para comer y come ahí mismo. Hace lo que hacían antes los perros cuando se ponía la bolsa en la vereda: la rompían toda”, dijo Brenta.
Para el jerarca “tiene que haber una política que atienda a los que lo toman como un trabajo”.
Para los “bolseros”, “la idea es incorporar su accionar al paquete de las medidas por la vida y la convivencia” presentadas por el Poder Ejecutivo.
Explicó que la idea “es instalar algún mecanismo para tipificar este accionar de los bolseros como faltas y que se pueda actuar contra estas personas”.
Encadenado.
El negocio que existe alrededor de la basura no es menor: involucra miles de empleos y mueve millones de dólares. Hay varios eslabones en la cadena. En primer lugar los hurgadores o clasificadores, que sustraen de los residuos el material valioso. En general buscan dentro de los contenedores de residuos o recogen los desechos de comercios y empresas que, para no ocuparse de la gestión de su basura, se la dan a los clasificadores.
En el siguiente escalón aparecen los depósitos chicos, ubicados en la periferia de la ciudad, que en la mayoría de los casos no están registrados y no aportan a la DGI. Además, suelen estar “colgados” a la luz y el agua. Estos intermediarios trabajan unos 40.000 kilos de material por mes, y manejan unas ganancias de $50.000 mensuales aproximadamente.
Luego hay depósitos medianos, que manejan una mayor cantidad de material: entre 100.000 y 400.000 kilos y con unas ganancias netas de $ 500.000 en promedio. Muchos de estos depósitos funcionan en similares condiciones a los chicos, aunque los residuos los recogen de grandes comercios y empresas.
Según estimaciones de personas vinculadas al negocio, hay unos 30 depósitos que no están en regla, entre chicos y medianos.
Hay tres depósitos grandes (Rotondaro, Depósito Pedernal y Depósito Martí). Estas empresas trabajan con más de 1.000.000 de kilos de material por mes, y tienen el 70% del mercado. Entre las tres compran cinco millones de papel y cartón.
Finalmente, el material clasificado, procesado y prensado se vende principalmente a dos empresas nacionales que lo reciclan: Ipusa y Pamer SA. El resto se exporta.
Hay cinco materiales que se comercializan en Uruguay para ser reciclados: el metal, el cartón, el papel, el nailon y el pet (plástico). Según información que maneja desde el sector, en Montevideo se recuperan por mes unos siete millones de quilos de papeles y cartones. De ese material, se contrabandea o se vende en negro un millón y medio de quilos.
“Desleal”.
En el negocio de la compra y tratamiento de residuos reciclables, Rotondaro es una de las empresas más grandes en Uruguay. Ángel Rotondaro está en el negocio hace más de 30 años, aunque ahora la empresa la dirigen sus hijos. En diálogo con Búsqueda el empresario se lamentó de que el negocio esté “cada vez peor”.
Hay una “competencia muy desleal”, afirmó. Esto ocurre porque son pocas las empresas que están registradas, pero hay decenas de depósitos que trabajan en negro. Incluso sucede que varias empresas que sí están registradas no declaran al fisco lo que realmente venden, sino cifras mucho menores, aseguró. Además, mucho del material se vende como contrabando al exterior, afirmó.
“Es todo una mafia”, agregó.
Rotondaro reclama al gobierno que actúe y fiscalice a las decenas de empresas que participan en el negocio de la basura ilegalmente. En definitiva “cuesta al Estado mucho dinero” no controlar el sector, señaló.
La gran informalidad del sector es consecuencia de “la falta de fiscalización”, se quejó el empresario.
La evasión del fisco es solo una parte de los perjuicios que generan los intermediarios irregulares. Las condiciones de trabajo no son las adecuadas, ya que no mantienen hábitos de higiene apropiados para la manipulación de residuos y muchos no tienen siquiera baños.
Por otra parte, Rotondaro aseguró que la mayoría de los depósitos tienen las “balanzas arregladas”, de forma que miden menos del peso real, y de esta forma engañan a los clasificadores que llevan su material para vender.
“Duro y mafioso”.
La Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) es un gremio creado en 2002. Su presidente, Walter Rodríguez, dijo a Búsqueda que hasta ahora “no vemos nada que juegue en beneficio de los clasificadores. Con claridad nadie puso nada sobre la mesa, es todo mucha alharaca”.
“Cualquier cosa que signifique una mejora del clasificador, como la cobertura social, es bienvenida, pero por ahora no existen soluciones a la dureza de nuestro trabajo”, agregó el titular del gremio, integrante del PIT-CNT.
Rodríguez dijo que “es indudable” que los dueños de los depósitos los “tienen de hijos” a los clasificadores porque estos “se enriquecen” con lo que ellos “sacan de la basura todos los días”.
En el otro extremo de la cadena, pero unidos por la central sindical, está Julio Burgueño, secretario General del sindicato del papel (Sopip).
“Hemos intentado tener una mayor coordinación, pero no pudimos hacer mucho porque es un círculo muy cerrado y complicado”, dijo Burgueño a Búsqueda.
“Es un ambiente muy duro y mafioso. Los trabajadores están en su mayoría en negro y con pésimas condiciones laborales”, agregó.
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2012-08-02T00:00:00
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