N° 1675 - 16 al 22 de Agosto de 2012
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa esencia de una reciente réplica del líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, al presidente José Mujica, tiene conceptualmente un significado mucho mayor que si sus expresiones solo se interpretan como un enfrentamiento.
La cosa comenzó cuando Mujica le atribuyó retirar a los representantes de ese sector colorado de los entes públicos por un interés en competir en mejores condiciones y actuar como un talibán; molesto, el senador colorado le aconsejó “trabajar y dejar de hablar”.
Bordaberry le recordó en radio Sarandí que “el primer trabajo de un presidente es el respeto. Si él pretende madurez de los integrantes del sistema político no puede decir ‘no sea nabo’, ‘no sea gil’ o que tiene a la oposición en los cargos porque si no serían desocupados”. Salvo, aclaró, que “el ladrón crea que son todos de su misma condición”.
Este debate volvió a poner de relieve las pésimas señales de algunos gobernantes, quienes, pese a su pleno derecho a expresarse libremente, lo hacen con términos destemplados, insultantes o difamatorios. Un falaz estilo que impuso Mujica disfrazado de campesino gracioso, pobre y simple.
Muchos —especialmente los jóvenes y menores, permeables y desorientados— pueden suponer que la mediocridad, la intolerancia o la vulgaridad son lo normal en las relaciones de convivencia. Especialmente quienes integran sectores marginales en los que imperan comportamientos como estos que fomentan una degradación social cada vez más acelerada.
Muchos de esos jóvenes y menores siguen ese ejemplo que identifican como propio y suponen válido: ¡cómo no serlo si llegó a presidente quien dice ser “un viejo ignorante”! Tal vez también imiten al contumaz difamador y ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, quien en el ejemplo más reciente atacó al buzo Héctor Bado acusándolo de estar “borracho de vedetismo” luego de que éste viajara a Uruguay a colaborar en el rescate de un avión. Ni Mujica es todo lo ignorante que dice ser, ni Fernández Huidobro tiene antecedentes principistas aunque pretenda saber de embriagueces. Hay otros que dan vergüenza ajena, como el dirigente sindical de la Biblioteca Nacional, Luigi Bazzano, actuando con violencia contra quienes pretendían ingresar a esa institución ocupada.
Todos ellos conducen a contramano con impunidad, pero al mismo tiempo pretenden regular cómo deben actuar los periodistas o los medios de comunicación. Reclaman decidir qué información —especialmente la policial en televisión— puede ser vista por los ciudadanos, a qué hora y en qué cantidad para “protegernos” de supuestas influencias negativas, aunque sean ellos el mayor ejemplo negativo.
Hace poco un abogado, tradicional defensor de la libertad de expresión y de prensa —quizá confundido por ese discurso de defensa de la sociedad—, me dijo que se debe regular la emisión de la información policial “basura” porque “es descarada la tergiversación y el recorte de las noticias”.
Esto me condujo a releer algunos conceptos de fondo de Erich Fromm. El filósofo social sostenía —simplificándolo para esta ocasión— que el automatismo del ser humano puede convertir a la sociedad en suelo fértil para los propósitos del fascismo. Vamos por ese camino, porque muchos fachos se disfrazan de revolucionarios.
También razonaba Fromm que los mediocres que gozan de un poder extraordinario y desmedido terminan por convertirse en los principales rivales del pluralismo y de la libertad, porque ambos principios son los que les ponen límites a sus desbordes y desnudan sus arbitrariedades.
Pero como decía el abogado, agitarán como excusa proteger a la sociedad sin considerar costos, derechos, libertades, democracia ni una abundante jurisprudencia en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, por no citar el artículo 29 de la Constitución de la República.
La Declaración de Chapultepec establece en su artículo 1, que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa” y remarca que ese derecho “no es una concesión de las autoridades; es un derecho del pueblo”.
El artículo 9 establece que “en una sociedad libre la opinión pública premia o castiga”. Cuando algunos gobernantes se dan cuenta de que la información libre los desnuda, primero insultan y luego tiran el “derecho del pueblo” a la basura censurando, como ocurre en Argentina, Ecuador, Venezuela, China, Cuba o Irán, y ahora parece aprontarse en Uruguay.
El premio o el castigo en televisión no requirió regulación. Lo creó Robert Adler cuando en 1956 inventó el primer control remoto a distancia para cambiar de canal. Desde entonces ese control es el que administra el derecho del ciudadano a ver lo que quiere o no quiere sin regulación y sin que nadie le diga qué tecla debe presionar su dedo índice.
Hace unos días, Susana Giménez dijo en declaraciones a CNN algo que otros no se atreven: “No invito a políticos porque bajan el rating”. Si bajan el rating, ya sea por reacciones destempladas, desaseo, maltrato a los periodistas, carencias didácticas o mala educación, también arriesgan bajar los votos. Quizá a otro totalitario se le ocurra alguna norma para que los inviten a programas de TV.