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Cada semana que pasa parece que la situación económica del país se complica un poco más, básicamente, por el doble impacto de la inacción del gobierno —ante la falta de voluntad política para actuar o las restricciones que impone el ciclo electoral—, por un lado, y el deterioro en el contexto regional e internacional, por otro. Ello lleva a que los analistas tanto locales como internacionales recorten las previsiones de crecimiento económico y de creación de empleo para este año y el 2020. Y, con ese panorama, no es posible que sean optimistas acerca de la trayectoria fiscal.
Así, los problemas de la economía están tomando una ubicación central en la agenda de la campaña electoral. Por el lado del gobierno, no tiene más remedio que seguir apegado hasta el final al libreto que refería al “País de Primera” y al “Uruguay Productivo”, por más que la economía siga estancada, que el empleo haya mostrado una baja muy importante desde fines de 2014 y que el poder adquisitivo de los salarios reales haya ralentizado de manera significativa su crecimiento. En este contexto, no es de extrañar que las expectativas de los empresarios y de los consumidores sean, en general, pesimistas.
La oposición puede golpear sobre estos flancos débiles para el oficialismo buscando captar votos. Pero si lo hace en exceso, los problemas en la economía se pueden agravar. Y luego, si asumen el poder en marzo del 2020, tendrán que lidiar con ellos.
Así, en las circunstancias actuales y con el panorama más probable que puede esperarse sobre la región y el mundo a mediano plazo, todos los candidatos deberían darse un baño de realismo y dejar de lado las promesas fáciles que no se van a poder cumplir. Porque el próximo gobierno deberá administrar la escasez y tomar medidas para que la economía uruguaya vuelva a andar nuevamente, lo que razonablemente implicará un dólar más alto, un gasto público menor y salarios reales moderados, en un contexto donde además, muy probablemente, no habrá la holgura financiera mundial que hay hoy en día.
Este contexto debería llamar a la prudencia a los dirigentes al momento de hacer sus propuestas de campaña. Se pueden prometer empleos, rebajar impuestos o tarifas u otorgar nuevos estímulos a sectores de actividad, pero lo cierto es que el margen de acción será escaso. “Capaz se pueden proponer todas las calles en bajada, o que de las canillas salga leche”, aseguró el presidente Tabaré Vázquez la semana pasada en Colonia, ironizando sobre la promesa de crear 100.000 puestos de trabajo que lanzó el precandidato blanco Juan Sartori. Más allá de que las declaraciones del mandatario pueden ser cuestionables porque no favorecen un clima de tolerancia entre los contendientes en esta instancia electoral, tampoco debería ser aceptable hacer propuestas que, a priori, carecen de sustento técnico. Eso vale para los dirigentes de todos los partidos, y por supuesto para los del oficialismo: más allá del documento programático común, hasta ahora poco se sabe de las ideas y proyectos de cada uno de los cuatro precandidatos presidenciales por el Frente Amplio.
El votante no debe caer en engaños. Y los políticos serios deberían evitar promesas electorales irrealizables. Sería un gesto de responsabilidad bañado de realismo que la ciudadanía seguramente valorará. Y, con eso, ganaría la política y la credibilidad en ella.
