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    Resultado primario de evaluación internacional marca problemas de “efectividad” del sistema antilavado de activos uruguayo

    Las autoridades comenzarán a controlar a las organizaciones sin fines de lucro; más de 100 colegios privados quedaron incluidos como “sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas de blanqueo

    Las autoridades uruguayas preveían que el resultado primario de la evaluación a la que está sometido el sistema de combate al lavado de activos tendría, a grandes rasgos, dos caras: una que valorara de manera positiva su “cumplimiento técnico” y otra que cuestionara su efectividad.

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    El gobierno recibió en los últimos días el primer documento elaborado por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), que visitaron Uruguay en mayo, y el resultado no estuvo demasiado lejos de lo esperado, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

    Una de las principales críticas que recibió el país es el “problema de la efectividad” del sistema a la hora de castigar a quienes violan las normas antilavado, añadieron. Para llegar a esa conclusión, los evaluadores analizaron, entre otras cosas, la cantidad de personas penadas por delitos previstos en la ley y también las sanciones aplicadas por vía administrativa.

    Una de las principales críticas que recibió el país es el “problema de la efectividad” del sistema a la hora de castigar a quienes violan las normas antilavado.

    Los evaluadores dieron una nota alta al “cumplimiento técnico” de Uruguay, en particular por tener una legislación acorde con las recomendaciones del Gafi, precisaron los informantes. Ese buen resultado fue alcanzado porque el Poder Ejecutivo presionó hasta último momento para que el Parlamento aprobara una ley que tipificara el delito de terrorismo. La norma, que había sido propuesta por el gobierno a fines del 2016, fue sancionada recién en mayo, cuando los evaluadores todavía estaban en el país.

    El documento que recibió el gobierno es el puntapié inicial de un proceso que va a llevar meses. Ahora el Poder Ejecutivo tiene que plantear su opinión sobre la evaluación primaria y, en ese proceso, intentar que le suban la nota en alguna de las aristas analizadas.

    Una vez que los evaluadores hagan su informe final, la conducta de Uruguay será juzgada en una asamblea del Gafi prevista para diciembre, donde las autoridades podrán defender otra vez la posición del país.

    Frente Interno

    Mientras tiene ese frente externo abierto, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) trabaja para poner en marcha los controles entre las organizaciones sin fines de lucro locales, que quedaron incluidas en la ley antilavado aprobada en 2017.

    La Senaclaft divulgó el miércoles 31 de julio una “guía de mejores prácticas para la prevención” del blanqueo de capitales dirigida a organizaciones sin fines de lucro. Es que la norma incorporó entre los “sujetos obligados” a realizar reportes de operaciones sospechosas de lavado y a contar con un “oficial de cumplimiento” que esté a cargo del tema a iglesias, partidos políticos y clubes deportivos. También quedaron incluidas organizaciones como mutualistas y muchos colegios privados debido a que su presupuesto anual supera las 4 millones de unidades indexadas ($ 950.000).

    Fuentes de la Senaclaft relataron que hay más de 100 colegios que quedaron incluidos en la normativa aunque, al igual que las mutualistas, son organizaciones consideradas con “riesgo bajo” de ser usadas para lavar dinero.

    La guía elaborada por el gobierno indica que el oficial de cumplimiento que contraten las organizaciones sin fines de lucro no debe tener “dedicación exclusiva” ni una “especialización” en el tema antilavado, aunque “sí se considerará necesario que sea una persona que conozca razonablemente el funcionamiento de la organización” y “adecuados conocimientos sobre la normativa”.

    Las autoridades les piden a las organizaciones que hagan un análisis de “los riesgos” de lavado, “revisando especialmente sus relaciones con terceros (donantes o clientes) y la manera en que la organización maneja los fondos que ingresan o egresan”.