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Actualmente se estudia en el Parlamento un proyecto de ley por el cual se crearía un impuesto a los retirados y pensionistas militares que perciban más de $ 50.000 por mes. Se trata de un impuesto confiscatorio ya que, además del IASS, se tendría que pagar según una escala porcentual que varía entre el 26% y el 50% del valor nominal de la prestación (Correo de los Viernes, 29 de setiembre de 2017).
El argumento que se esgrime, para crear este impuesto, es la desfinanciación del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, lo que determina que deba recibir transferencias financieras de rentas generales.
Este argumento parece que solamente justificaría gravar a los retirados y pensionistas militares porque también “…el conjunto de los organismos de seguridad social reciben transferencias del Estado” (Búsqueda, Nº 1.930, pág. 26).
El estudio de esta publicación —realizada en función de datos de la Contaduría General de la Nación— establece que reciben transferencias el retiro policial, el militar, la Caja de Profesionales Universitarios, la Bancaria y la Notarial, además del BPS que recibe el 80% del total de la asistencia financiera del Estado.
Se presume que este porcentaje aumentará sensiblemente ya que el ministro Murro sostiene que la solución para los “cincuentones” tendrá un costo de 2.700 millones de dólares (El País, 4 noviembre de 2017, pág. 8). De ser así, significaría un aumento del 82% de la asistencia a todo el sistema de previsión social que, en el año 2016, fue de 3.300 millones de dólares.
En consecuencia, resulta elemental conocer cuántos son quienes perciben más de $ 50.000 en el Ministerio de Defensa Nacional y cuántos lo hacen en el BPS.
Para ello solicité información a ambos organismos. El ministerio contestó enseguida, el 9 de noviembre de 2016. En cambio el BPS después de un año; acaba de hacerlo recién el 30 de octubre de 2017.
El informe del MDN establece que son 6.144 quienes cobran más de $ 50.000, incluyendo 1.708 que perciben más de $ 100.000.
Por su parte, el BPS establece que paga más de $ 50.000 a 42.227 incluyendo 1.780 que perciben más de $ 100.000.
De las 48.371 personas que cobran más de $ 50.000, sumando solamente a quienes cobran en el BPS y a quienes lo hacen por el MDN, el 87,5 % son del BPS y solo el 12,5 % son del MDN. O sea que solo en el BPS son siete veces más que en el MDN.
Es evidente que si a los del BPS se les sumaran los de las restantes cajas —que también reciben asistencia del Estado— la diferencia con respecto a la cantidad de pasivos del MDN aumentaría sensiblemente.
¿Cómo se justifica entonces que se pretenda gravar impositivamente solamente a una pequeña parte de quienes están en una misma situación?
¿A caso no necesita el erario público recursos para solventar las transferencias que se realizan a todos los organismos de previsión social?
Es posible que los legisladores que están considerando este proyecto de ley no conozcan la información antes expuesta.
Pero resulta necesario que tengan acceso a ella para poder legislar cumpliendo con la norma que consagra la igualdad ante la ley, la conformidad con los dispuesto el artículo 8º de la Constitución.
