Rousseau y las decisiones del pueblo

Como no he leído la obra completa del pensador ginebrino y mucho menos en su idioma original, me resulta imposible saber si tal aforismo es realmente o no de su autoría. Desde luego, en primera instancia —teniendo en cuenta la erudición y el sistemático rigor conceptual del columnista de Búsqueda— me siento inclinado a creerlo y a dar por cierto que así debe constar de forma literal en alguna de las obras escritas por el genial polímata del Siglo XVIII. Sin embargo, lo que denota esta frase no encaja en la concepción global que parecería desprenderse del ideario político de quien fuera uno de los más influyentes inspiradores de la revolución libertaria que sacudió a Francia en 1789.

Dicho de otra forma: como el pueblo naturalmente jamás haría valer su voluntad para irrogarse un perjuicio, cualquier decisión que tomara obviamente debería ser considerada en ese aspecto “infalible”, habida cuenta que al resolver estaría siempre advirtiendo en forma clara, inequívoca e indubitable lo que pretende.

Sin embargo, esa clase de infalibilidad no implicaría que supiese al mismo tiempo si lo que desea le conviene, o si lo que desea es correcto.

En suma —para preservar una elemental coherencia en la estructura especulativa del genial erudito francosuizo— tal vez correspondería considerar “infalible” la voluntad popular en este sentido; y sólo en este sentido; entonces quizá la sentencia “el pueblo podrá equivocarse, pero siempre tiene razón”, debería significar en puridad: “el pueblo podrá equivocarse, pero siempre tiene razón en cuanto a entender lo que desea”, un apotegma que salvaguardaría lo esencial de la noción democrática interponiendo simultáneamente un obstáculo conceptual insalvable para quienes pretendieran sustituir al soberano a la hora de señalar aquello que desea, por más que se tratara de hombres mesiánicos o de “líderes preclaros”, al decir del profesor Fattoruso.

Esta precisión —sin embargo— con seguridad no bastaría para disipar el juicio peyorativo que a menudo se pone de manifiesto con respecto a las realidades fácticas observadas como consecuencia inmediata e inevitable de conductas colectivas presentadas como democráticas; y esto con razón, por cuanto aun aceptándose la hipótesis formulada líneas arriba no resultaría comprensible cómo —si el pueblo percibe con claridad lo que desea y jamás querría perjudicarse— podría tomar casi de modo invariable —según lo prueba la realidad fáctica universal y cotidiana— decisiones que a todas luces apuntan a causarle aflicciones y ruina.

Empero, llegados a este punto estaríamos en condiciones de vislumbrar la verdadera causa del notorio y creciente rechazo que injustamente a muchos inspira el modelo de convivencia más perfecto que jamás haya concebido la mente humana; por suerte se trata de algo muy fácil de comprender: el pueblo percibe con claridad lo que desea y jamás querría perjudicarse, pero al emplear una técnica imperfecta para expresar su voluntad, queda fatalmente obligado por el carácter vinculante del que reviste sus pronunciamientos para transformarlos en hechos, a seguir caminos distintos de los que verdaderamente anhela recorrer, debido a engañosas explicitaciones del sentir general que lo alienta.

Radica entonces en el procedimiento utilizado para indagar el ánimo de la comunidad el origen de todos los males que desde los tiempos de Clístenes hasta nuestros días perciben y denuncian acaloradamente los detractores del modelo institucional que viene haciéndose pasar como democrático sin serlo. Y no está ni estuvo nunca su génesis en el sabio y venerable principio de isonomía imbuido por los griegos en la mente de los hombres.

El derecho a intervenir en los asuntos públicos y a incidir en forma equitativa en las decisiones que se adopten respecto a ellos constituye sin duda la cima del pensamiento humano en cuestiones de moral, justicia y civismo; y ningún “líder preclaro” podría —sin el aval manifiesto del pueblo— asegurarle a éste prosperidad y bienestar de tal magnitud que justificara o hiciera tolerable someterlo a formas de aherrojamiento que —de cualquier modo y por leves que fueran— siempre serían humillantes, indignas.

La democracia no asegura ni pretende garantizar la oportunidad, la conveniencia, la corrección o la eficacia de las decisiones que se adopten en su marco ideológico, sino apenas proclamar el derecho inalienable del pueblo a tomarlas; carece de sentido —por tanto— sostener que se funda en la disparatada creencia de que a un conjunto de ciudadanos que invocaran el mero hecho de ser muchos debiera reconocérsele atribuciones para fungir como centro decisorio idóneo y que por añadidura el máximo número de gente pudiera determinar una mayor calidad en las resoluciones que se adopten; esto nada tiene que ver con sus principios.

En cambio, resulta evidente que sin democracia la nación es una cárcel para el individuo; podrá llegar a ser una cárcel muy ordenada, segura, limpia, confortable y productiva que además otorgue algunos márgenes de libertad a quienes cooperen con sus cancerberos y que aún garantice beneficios y privilegios a los aliados y amigos de los oligarcas y autócratas que la dirigen; pero incluso para estos abyectos individuos —por encima de todo e inexorablemente— nunca dejará de ser una cárcel.

Sergio Hebert Canero Dávila

CI 1.066.601-8