En materia salarial, el fiel de la balanza en los intereses de los empresarios y trabajadores alternó posiciones —situándose más cerca del platillo de unos o de otros— a lo largo de las últimas cuatro décadas. Eso ocurrió a la vez que el Estado asumió una postura de juez intervencionista, de observador pasivo o que estuvo ausente de la definición de los ajustes en el ámbito privado.
La ley de Consejos de Salarios Nº 10.449 se aprobó en 1943 y la política de remuneraciones acordadas colectivamente se aplicó hasta 1968, reseña el libro “La transformación en las relaciones laborales Uruguay: 1985-2001”, de Juan Manuel Rodríguez, Beatriz Cozzano y Graciela Mazzuchi. Es que en diciembre de ese año el Poder Ejecutivo, en el marco de las medidas prontas de seguridad, decretó la “congelación de precios y salarios”, así como la “suspensión sin plazo” de la convocatoria de los Consejos.
Durante la dictadura el gobierno fijó las remuneraciones de la actividad privada y sus ajustes. En ese período el poder adquisitivo (salario real) cayó fuertemente: 50%.
Con la restauración de la democracia se volvió básicamente al estado anterior en materia de legislación laboral, no sin conflictividad, y se retomaron las rondas salariales convocadas cada cuatro meses por el Ministerio de Trabajo. En 1985 los salarios tuvieron un sustancial crecimiento.
“En la primera parte de la administración (del presidente Luis Lacalle) va a haber una participación estatal en las negociaciones” y cuando la inflación se torne “más razonable” se buscará que los salarios sean fijados en forma bipartita por empresarios y trabajadores, anunciaba el 8 de mayo en Búsqueda el ministro de Trabajo de la época, Carlos Cat (Nº 527).
La negociación colectiva siguió hasta 1992. Ese año el Estado “abandonó su rol preponderante y trasladó responsabilidades a los propios interlocutores sociales”, afirman los autores del libro. El objetivo era desindexar la economía y darle más competitividad ante la apertura comercial derivada del Mercosur.
Entonces el salario real volvió a caer: 6% en el sector privado y 9% los públicos.
Igualmente el Estado siguió homologando algunos convenios, principalmente en los sectores como la construcción, la salud y el transporte interdepartamental. En el área pública, durante este período el Poder Ejecutivo decidió unilateralmente los aumentos.
Al inicio de los 2000 los convenios por empresa fueron un mecanismo poco utilizado.
Fue con el primer gobierno del Frente Amplio, en 2005, que se retomó la convocatoria a los Consejos de Salarios y la negociación colectiva logró un nivel de cobertura histórico, agregan los mismos expertos en una publicación posterior. El sector rural, los trabajadores del servicio doméstico y de la administración central negociaron por primera vez en forma tripartita.
El sindicalismo se fortaleció y el salario comenzó a recuperar la pérdida real acumulada desde 1999.
También fueron años de conflictividad laboral, y al mismo tiempo de reforma, pues la administración del presidente Tabaré Vázquez, con mayoría parlamentaria, aprobó decenas de normas relativas a los derechos de los trabajadores.
En la actual ronda de negociación en los Consejos de Salarios que empezó en junio, el gobierno sugirió ajustes “cautos”, a tres años de plazo y que vinculen la remuneración a indicadores de productividad.
Sueldos e inflación
La política salarial está actualmente bajo el foco de gran parte de los analistas como una de las fuentes principales de presión sobre la inflación. Sin embargo, desde el gobierno insisten en el carácter “multicausal” del fenómeno.
En los 12 meses cerrados a setiembre el Índice de Precios del Consumidor —IPC— que releva el Instituto Nacional de Estadística —INE— aumentó 8,6% (y continuó aumentando en octubre), cuando la meta oficial es que no supere el 6%. En el mismo período los salarios nominales aumentaron 11,5% en promedio, lo que supuso un incremento real (por encima de la inflación) de 3,4%.
Algunas explicaciones para la inflación que se hicieron conocidas en la década de 1950 referían a la pugna entre trabajadores y empresarios por mayores ingresos. Ese enfoque fue estudiado por Franklyn Holzman y Henri Aujac. La idea es comparar el aumento de precios con el de los sueldos en el semestre anterior, como forma de ver el ajuste de las empresas a los mayores costos laborales; a su vez se contraponen las subas de salarios respecto al aumento de precios pasado, lo que refleja el poder de los sindicatos de trasladar la suba del costo de vida ya verificada a las próximas remuneraciones.
Las cifras muestran que en promedio, durante los primeros nueve meses de 2012 los sueldos aumentaron 1,7 veces el incremento de precios del semestre anterior. Por su parte, las empresas no trasladaron todos esos costos a precios, ya que estos subieron alrededor de dos tercios del aumento salarial de los seis meses anteriores.
El año pasado el ajuste de los sueldos había sido similar respecto al aumento del costo de vida, mientras que las empresas prácticamente “empataron” la suba de los sueldos del período anterior. El panorama es similar al de años anteriores: la presión fue siempre mayor desde el lado de los trabajadores, excepto en 2004, cuando las empresas ajustaron los precios por encima del incremento de sueldos pasado.
Ese análisis está vinculado a la teoría de “inflación de costos” y el llamado “espiral de precios y salarios”, que supone un impacto sobre los precios que se perpetúa a partir de mayores costos surgidos de las negociaciones.
De todas formas, no es claro en qué medida los sueldos son responsables del repunte inflacionario. La demanda de consumo total del sector privado era de unos U$S 37.800 millones en 2011, casi 70% del Producto Bruto Interno (PBI) A su vez, la masa total de salarios era de unos U$S 10.400 millones (21% del PBI) según cálculos de Búsqueda.
Al ser un fenómeno que surge de la interacción de distintos mercados, la inflación está asociada a muchas causas. Si se dividen los bienes que componen el IPC entre los que están relacionados al comercio internacional, al regional, a la demanda local y a los precios administrados, se puede tener una aproximación del “origen” de las presiones inflacionarias.
Ese análisis arrojó en los 12 meses cerrados a setiembre un incremento de 9,5% de la inflación “local” (principalmente bienes no transables) un aumento de 9,8% del componente “regional” (bienes comerciados con Argentina y Brasil), 8,5% de inflación “internacional” (el resto de los bienes transables) y un 6,2% de los precios “administrados” por el gobierno.
De esa forma, el 8,6% de inflación se puede dividir en 3,6 puntos del componente internacional, 2,2 puntos de la parte local, 1,8 puntos de la regional y 0,9 de precios administrados.
