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Los negocios inmobiliarios están, a los ojos de las autoridades antilavado, en “alto riesgo” y, además, son de los que menos reporta operaciones sospechosas de blanqueo de activos. En el primer semestre del año los agentes del sector notificaron solamente una transacción dudosa —en un total de 11—, lo que preocupa tanto a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central como a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) (Búsqueda N° 2.130).
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Ahora, después de haber completado un análisis y la sistematización de la información proveniente del Registro de la Propiedad Inmueble, la Senclaft y la UIAF van a “segmentar las operaciones inmobiliarias registradas en función de distintos factores de riesgo” para verificar la “debida diligencia realizada por los sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas, informó esa secretaría el lunes 6. También trabaja en la instrumentación de un protocolo de “señales de alerta informático que permita la inspección (prácticamente a tiempo real) de aquellas operaciones que ingresen al Registro y cuenten con características de riesgo”. Con esos y otros insumos, la Senaclaft anunció que en octubre iniciará un “ciclo de actuaciones inspectivas en el sector inmobiliario”.
Mientras tanto, la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, con el apoyo de otras organizaciones de agentes y administradores de propiedades, impulsa una ley marco para el sector. Sostienen que existe una problemática por actores que operan en la informalidad, lo que puede “generar evasión tributaria” y posibles actividades “ilegales” pasibles de constituirse en delitos de “lavado de activos, desprotección de los trabajadores formales y afectación del público consumidor” (Búsqueda N° 2.137).