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El porcentaje de denuncias que la Inspección General del Trabajo recibió por casos de acoso sexual durante el 2016 se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto al año anterior. Del total de denuncias recibidas por violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores, casi 13% fue motivado por casos de acoso sexual (en comparación con 12% en 2015) mientras que 68% estuvieron relacionados a acoso moral (fueron 73% el año anterior).
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Se trata, según confirmó el inspector Gerardo Rey, de denuncias “mayoritariamente” de mujeres. “La baja se da en las denuncias de acoso moral, pero medido sobre el porcentaje se mantiene. Es más bien que hay una baja general de las denuncias”, explicó el jerarca. En 2016 se recibieron 58 denuncias de acoso sexual y 309 de acoso moral. La inspección también recibió 87 casos de represión sindical (19% del total en comparación con 15% en 2015).
La semana pasada la inspección —a través del Ministerio de Trabajo— elevó al Poder Ejecutivo un proyecto de decreto reglamentario de la ley de prevención del acoso sexual aprobada en 2009.
“Se les da prioridad al tratamiento de estas denuncias: rápidamente se intima a la empresa pidiendo información o mediante una actuación inspectiva. Generalmente son casos que terminan en la presentación de testigos y después de verificarse que estuvo omisa la empresa, se la sanciona. En muchos casos se les intima a tener un protocolo y explicitar políticas de no tolerancia con la discriminación. También se dan cursos de capacitación a mandos medios” a través del instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, explicó Rey.
En los próximos días entregarán, además, los comentarios de la cartera al proyecto de ley para prevenir el acoso moral que se trata en el Parlamento y que, consideran, carece aún de una definición legal explícita de la falta a sancionar. Además, el Ministerio no está de acuerdo con la creación de un registro de infractores así como con responsabilizar al empleador y también considera inconveniente que con la sola denuncia se disponga de la reubicación del presunto acosado. La inspección apunta, más bien, a disponer de medidas cautelares que permitan adaptarse a cada situación y lograr una norma enfocada en la “prevención y reeducación” de los trabajadores.