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    Se “pensó bastante poco en la organización judicial” para implementar la ley de género

    La Suprema Corte de Justicia planteó que tendrá “enormes dificultades” para implementar la recientemente aprobada Ley contra la Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. ¿Qué piensa?

    —Más allá de los debates técnicos que se puedan dar en torno a la ley, impone la necesidad de una implementación de un sistema, y no basta con una ley, sino que hay que bajarlo a tierra. Y esa es la preocupación que tiene la Corte. Me parece que a veces le cuesta un poco a nuestro sistema político entender que la implementación suele ser más complicada que el dictado de una ley, entonces es fundamental que cuando uno está diseñando una norma jurídica, vaya previendo qué se va a necesitar para implementarla. Porque en un tema tan importante y tan sensible, el peor fracaso es tener una ley que no pueda implementarse.

    La ley busca evitar que una mujer víctima de violencia deba transitar por varias oficinas, y para eso unifica en una sede todos los conflictos que se desatan a raíz de una agresión, como es la protección de la víctima, la tenencia de los hijos, la investigación penal. Pero eso genera el desafío de que un mismo juez debe saber de todas esas materias, que es uno de los aspectos que cuestiona la Corte…

    —Esta ley plantea varios desafíos. El primero es cómo funcionarán esos nuevos juzgados. En Uruguay tenemos la tradición de que los juzgados se van especializando por tema. Y estos serían juzgados que, si bien tendrían como foco general la protección, la prevención y el combate a la violencia de género, por otro lado tendrían competencia en temas de familia, penales, de menores… entonces van a tener que tener conocimiento de una cantidad de temas, lo que va un poco en contra de la política de especialización.

    —¿Cómo lo han resuelto otros países?

    —En otro países lo que existe es cada vez más una tendencia a los sistemas que le llaman “multipuertas”, o “casas de Justicia”, que apuntan a esta idea de que voy a un lugar y ahí me dan en principio las soluciones. Para que la gente no tenga que hacer un peregrinaje por distintas oficinas judiciales, de Defensoría Pública, de Fiscalía, de Policía, etc. O sea que sí hay una tendencia a centralizar, pero hay dos posibles caminos. O un juez que reúna competencias, o un sistema donde en un lugar físico funcionan distintas oficinas. Esta última opción, que es más cercana a la gente y defiende la especialización, seguramente sea más cara.

    —¿Cree que faltó coordinación del Legislativo con el Poder Judicial para diseñar esta solución?

    —Creo que faltó un ámbito mayor de consulta y de ver experiencias. Se trabajó más en la parte de crear una red de contención social, de atención, pero se pensó bastante poco en la organización judicial. Me parece que hacer interactuar los distintos operadores hubiera sido mucho mejor. 

    La Corte dice que implementar la ley no es solo reasignar tareas, sino que se trata de una reforma grande, que requiere tiempo de capacitación, recursos… ¿Cree que es de tal envergadura?

    —Es una reforma que, si bien no es comparable en complejidad a la del proceso penal, sí tiene una gran diferencia: en el CPP venimos trabajando hace cuatro años al menos. Lo que tiene de problemático esta situación es que la ley está dictada, hay que empezar a aplicarla y no hubo ninguna previsión de implementación y no parece que se haya escuchado mucho a los distintos operadores en cuanto a las complejidades que tendría. En ese marco me parece que lo más razonable sería poder asignar un tiempo a la implementación y hacerla de manera gradual.

    ?? ¿Una vivienda para niños en la calle o un medicamento para alargar meses de vida?