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El tema portuario sigue produciendo malas noticias para quienes defendemos la libre competencia como una de las armas para mejorar la calidad de los servicios que ofrece Uruguay internamente y hacia el exterior. El contrato con Katoen Natie-Terminal Cuenca del Plata (TCP) está cerrado, más allá del intento de la oposición para anularlo desde el Parlamento. Luis Alberto Heber, el ministro interpelado —que ocupaba la cartera de Transporte cuando se concretó la firma— aseguró que siguió los pasos del gobierno anterior del Frente Amplio para llegar a un arreglo al que calificó como “excelente”, “beneficioso” y en concordancia con la Ley de Puertos.
“Su filosofía era para transformar el puerto en uno regional, para ser competitivos con los de la región”, aseguró Heber. Pero a los empresarios conocedores del tema les llama la atención que para lograr esto se recurra a la creación de un monopolio privado por una extensión de tiempo que puede ser incontrolable. El tema amenaza con ser una mancha importante en la gestión del actual gobierno, que defiende el acuerdo, pero a la vez deja escapar el mensaje de que no tuvo alternativas.
A su vez, en tiempos de enfermedades y pandemias, donde la definición de secuela se ha manejado mucho, la palabra también cabe perfectamente para referirse a las concesiones que dio el Partido Nacional a sus socios de la coalición luego de haber firmado el acuerdo. La situación en el puerto no era la ideal, pero no mejoró después de la interpelación. Ya eran varios los renunciamientos que ha tenido el gobierno en su intento por llevar adelante principios liberales que sus socios más conservadores no están dispuestos a tolerar, y este es uno más.
En plena interpelación, Cabildo Abierto —a través de su senador Guillermo Domenech— esgrimió cuestionamientos atendibles al acuerdo, como el hecho de que el dragado esté a cargo del Estado uruguayo (“con lo que la inversión de 455 millones de dólares se reduce sensiblemente”). A su vez, preocupa a las agencias del sector —según el senador cabildante— que se prohíban nuevas concesiones a terminales especializadas de contenedores hasta que los movimientos de esos contendedores no superen el 85% de la capacidad de la terminal por dos años consecutivos. “Esto deja en manos de la empresa la posibilidad de mantener un monopolio a su voluntad”, dijo Domenech.
Con Cabildo Abierto finalmente su llegó a un acuerdo: la inclusión de la necesidad de la autorización previa del Estado uruguayo ante eventuales enajenaciones de las acciones de Katoen Natie en TCP, un cambio en las reglas de juego que va contra cualquier principio de libre comercio, pero que la empresa belga aceptó.
Más complicado es el pedido del Partido Colorado para la creación de una Unidad Reguladora de Servicios Portuarios. El proyecto ya fue elevado para la creación de la Ursep, un confuso ente regulador que en realidad es solo asesor. El tema cayó muy mal en la comunidad portuaria e incluso en los propietarios de TCP. Consideran que la iniciativa “perfora la Ley de Puertos” y que se dan atribuciones a la Ursep para favorecer monopolios. El documento prevé que el Poder Ejecutivo “podrá establecer regímenes específicos de funcionamiento de las terminales portuarias otorgadas bajo el régimen de concesión, con la finalidad de incentivar la actividad de dichas terminales” y “determinar restricciones o limitaciones a la actividad de aquellos operadores que no se encuentren habilitados por un contrato de concesión, a los efectos de que los concesionarios alcancen la escala necesaria para maximizar su eficiencia”. Las concesionarias son solo tres, con lo cual la mayoría de las agencias que operan hoy son las afectadas.
El verdadero alcance de este organismo —más allá de que implica gastos y contratos para el Estado— no parece claro, ya que sus funciones están superpuestas con las de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el asesoramiento del Instituto Nacional de Logística (Inalog).
A este gobierno le gusta la teoría de los entes reguladores, a pesar de algunas muy malas experiencias, pero en las administraciones más liberales del mundo estos son creados para sustituir y ahorrarse la intervención estatal y hasta incentivar la participación privada. Contrariamente, formados encima de nuestra gigantesca presencia estatal, son solo la promesa de más confusión y gastos. En este caso el texto revela una fuerte vocación por más intervencionismo de los gobiernos de turno. ¡Cuidado a quien le toque!
