Seguridad pública, respuesta inadecuada (I)

Falta de presencia policial, marginalidad, pobreza, ignorancia, legislación antigua etc., etc. Se puede hacer una lista interminable y cierta de causas, que por su extensión y complejidad hace imposible removerlas todas, por lo que no conduce a ninguna parte discutirlo.

Sin frenos morales, sociales o penales, volvemos a la ley de la selva. Todo lo demás es retórica para no hacer nada. En tanto no se acepte que lo afirmado es lo que es, una verdad inobjetable, será imposible reducir el delito y la violencia que genera, a dimensiones compatibles con una sociedad medianamente organizada. La utopía de eliminar el delito como la de eliminar la pobreza son discursos demagógicos de cumplimiento imposible. Forman parte de la naturaleza humana que no puede ser recreada. El transgredir y sacar ventaja por encima de la norma, como el esforzarse para mejorar su situación económica o dejarse estar. Es la causa del delito y la desigualdad económica, que son las consecuencias de esas claras tendencias naturales.

Enterremos de una vez el mito del hombre bueno y la avalancha de males que desencadenó en nuestro mundo. Sin pretender reemplazarlo por el “hombre nuevo” que modernos iluminados construyen.

De la mano de los campeones de los derechos y el proteccionismo, se ha perdido todo respeto por los derechos ajenos, vida, integridad y propiedad, por el trastrocamiento de los valores, el abolicionismo penal, la impunidad y las teorías de los psicópatas sociales, que justifican todo a partir de la pobreza, la exclusión y falta de educación.

Paradójicamente, la indisciplina y el libertinaje de ejercer derechos gratuitos sin obligaciones fomentado en las escuelas, ha implantado el delito y la violencia entre los que “se educan” en las mismas, que están resultando peores que los “no educados”.

La respuesta de una dirigencia estéril, preanuncia males mayores que los que pretenden resolver. Una cárcel de pocas plazas, dirigida a “resocializar” delincuentes, no alcanza para alojar los detenidos de una semana. Luego comenzará el cuento conocido de la superpoblación y las libertades condicionales, con o sin pulseritas satelitales.

Ocúpense de no permitir el ingreso de drogas y armas en las cárceles o que desde ellas se hable con móviles con más comodidad que desde la propia casa. Si la seguridad ciudadana está en crisis, la primera medida urgente es reprimir y aislar a los delincuentes y violentos. La “resocialización” es cuestión posterior, de muy largo plazo y resultados inciertos, desde las experiencias en los sótanos de la KGB en Lubyanka o los campos de Siberia.

Con ese argumento se justifican hoy reducciones de penas, libertades por buena conducta y salidas para trabajar. Si la sanción es la pérdida de la libertad y los derechos civiles, suspenderla condicionalmente con cualquier excusa es el principio de la impunidad.

Se ha instalado el sofisma de que las cárceles no son para castigo de los condenados y es cierto, no corresponde el maltrato, las cárceles son para hacer posible la sanción penal de la pérdida de la libertad.

Quizás una sutileza semántica o bizantinismo puro, entre pena, sanción y castigo, que nadie confunde, pero se interpreta siempre como no corresponde, en beneficio del culpable. Partiendo de principios errados será difícil alcanzar la meta propuesta.

El gobierno y su entorno son los responsables intelectuales del delito desmadrado, del tráfico y consumo de drogas, de los muertos y heridos de cada día.

En fin, de todos aquellos que sin haber hecho nada condenable no pueden vivir, trabajar, educar a sus hijos u ocuparse de sus familias.

¿Cuando les llegue la hora de rendir cuentas apelarán a la derogada obediencia debida o seguirán escupiendo al cielo?

Jorge Azar Gómez

Ex representante de Uruguay ante ONU