Dos cables y un discman.
Un grupo de adolescentes de entre 15 y 20 años de La Teja, algunos de los cuales editaban un periódico barrial, decidieron probar un nuevo medio y crearon en 1994 la radio El Puente. Uno que sabía de electrónica averiguó, con ayuda de revistas, cómo armar un transmisor. Empezaron a emitir desde un local abandonado y llegaban a 100 metros a la redonda. Con el tiempo se sumaron jóvenes del barrio, de los liceos, y se formó un grupo de unas 50 personas, recuerda hoy Lauro Ayestarán, uno de sus fundadores. Hoy El Puente es una de las más antiguas y reconocidas radios comunitarias de Montevideo y funciona en el mismo lugar de la primera vez, que ahora es el centro social El Tejano.
En la década de los 90 las radios comunitarias empezaron a proliferar y la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) —que reúne a las radios y televisoras privadas— protestó por lo que consideraba una competencia desleal. Si alguien denunciaba a una radio, la Dirección Nacional de Comunicaciones (precursora de la Ursec), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, la podía allanar y decomisar los equipos. Incluso algunos políticos presentaron proyectos de ley que proponían penas de prisión y de penitenciaría.
En la época de mayor persecución, El Puente emitía de noche porque a esa hora no podían allanarlos. La radio salía de viernes a domingos, cuando sus integrantes no estudiaban ni trabajaban. No tenían un local fijo; emitían desde algún club o casas de vecinos. Llegaban a las siete de la tarde, armaban la radio, hacían tres o cuatro programas, y la desarmaban hasta el día siguiente, cuenta Ayestarán.
El equipo consistía en una consola pequeña conectada a un walkman y un discman. Habían armado una caja en la que lo transportaban. La antena se hacía con un plastiducto y dos cables de cobre. Como el barrio está ubicado en la altura, llegaban hasta Paso de la Arena, Paso Molino y el Cerro. Según sus cálculos cubrían a unas 60.000 personas.
Los allanaron dos veces. En 1999 les sacaron todos los equipos. Organizaron rifas y colectas, y con ayuda de los vecinos pudieron conseguir una nueva consola, que era lo más caro.
“Estábamos convencidos de que había un derecho, que no éramos delincuentes, que en todos los países del mundo había radios comunitarias”, dice Ayestarán. Empezaron a luchar por la legalización de las radios comunitarias; se especializaron en normativas de otros países y se dedicaron al lobby político para la regulación, un proceso que llevó una década.
En el 2008, ya con el gobierno del Frente Amplio, se aprobó la ley de Radiodifusión Comunitaria, que les dio marco legal con la finalidad de promover, entre otros valores, “el desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones”. La ley les prohíbe hacer proselitismo político-partidario o religioso y “promover la discriminación”. También establece, junto con la regulación aprobada en 2010, una serie de condiciones que deben cumplir.
Desde el punto de vista económico, “la diferencia con las radios comerciales es que la plata que entra no va a ningún dueño, se invierte en la radio”, resumió Ayestarán.
En el sector hay consenso en reconocer que muchas radios que no califican como comunitarias lograron camuflarse como si lo fueran, como radios de iglesias.
A Fernández le “llovieron las denuncias” al respecto. “Radios de un núcleo familiar, o de un par de compañeros sin participación de la comunidad, eso está lleno, sobre todo en el interior. Disfrazaron sus proyectos y fueron regularizadas. Después van mostrando la hilacha”.
Ayestarán considera que las radios comunitarias deben formar parte de las políticas de inclusión social. “A veces es gente que está en la casa sola. Conozco gente que se ha acercado, ha hecho radio y le ha cambiado la vida. Eso genera integración social. Es como invertir en educación, la ganancia es social”.
“Locos de contentos”.
Pastizales crecidos asoman hacia la calle a través de las rejas del hospital psiquiátrico Vilardebó, un edificio que parece congelado en el tiempo. Al cruzar un patio y hacer un rodeo por la policlínica se llega al salón donde funciona la radio Vilardevoz, operada por pacientes y profesionales. Es quizá uno de los mejores ejemplos de los efectos sociales de la radio.
Todo empezó en 1997. “Se creó con una grabadora”, cuenta con una enorme sonrisa Gustavo Bautista, que participa desde el 2004 en varias tareas. Durante una época, mientras el sector no estaba regulado, hicieron “radio sin antena”. Lo que grababan se emitía después en otras radios. “No íbamos a hacer radio ilegal desde el Vilardebó. Estamos locos pero no tanto”, bromea la psicóloga Belén Itza, integrante de la emisora y representante de Amarc en Uruguay.
Aunque la ley requiere que las radios emitan a diario, Vilardevoz sale al aire solo los sábados. Durante la semana hacen actividades complementarias: talleres literarios, de producción, de digitalización, cuentan Bautista y Olga Azikian, que tiene un programa sobre violencia doméstica, un problema que vivió en carne propia. También hacen “desembarcos” en otros sitios, campañas como “Rompiendo silencio” —sobre el anteproyecto de ley de salud mental— e incluso una película. Recientemente viajaron para participar de un encuentro en México.
Se financian con los recursos que pueden obtener. Azikian se encarga de un stand donde vende objetos como pines y tazas. A veces en la Facultad de Psicología, otras veces en eventos. También tienen un club de socios; cada uno aporta la casi simbólica suma de 50 pesos. En la radio trabaja un equipo técnico de 10 psicólogos, todos honorarios. El próximo objetivo es comprar un compresor para poder levantar la antena.
El martes 8 al mediodía algunas personas participaban de un taller literario mientras en la cabina transcribían un texto a braille. “Estamos locos de contentos”, dijo alguien. Los divierte el humor autorreferencial. “No estamos locos, nos falta una materia para recibirnos”, repetía Azikian.
“Si bien la ley ahora nos da garantías, como que puedas tener un espacio en el espectro, ha generado más obligaciones que derechos”, dice Itza. La representante de Amarc sostiene que “la ley es buena” y las medidas que anuncia ahora el gobierno “son necesarias, pero llegan tarde”.
Itza reconoce que la legalización trajo ventajas, como que no haya más allanamientos y que se hayan producido cambios institucionales. Por otro lado, hay problemas: los llamados a nuevas radios no se realizan con frecuencia, por lo cual las organizaciones que quieren emitir muchas veces terminan disgregándose antes de que se les autorice o empiezan sin permiso a riesgo de perder los equipos.
Dar voz.
Por la chimenea de la fábrica de Funsa sale humo. En la calle salpican las gotas de una lluvia de mediodía. Enfrente, cruzando Camino Corrales, está el centro social El Galpón de Corrales, donde funciona la radio comunitaria Barriada FM. Adentro hay dos mesas largas con bancos, baldes en el suelo para contener las goteras, varias carteleras, banderas de sindicatos y organizaciones sociales, en el fondo una cocina. Un equipo de música tiene el dial clavado en el 96.7 de Barriada FM. Suena un discurso del acto del 1º de Mayo.
El centro social se fundó en 1999 y ese mismo año surgió la radio “como una necesidad del barrio”, explica Fernández. Allí funcionan un comedor popular y una biblioteca popular, se reúnen sindicatos de clasificadores de residuos, de metalúrgicos y del mercado modelo y cooperativas de vivienda. La radio es “una herramienta de sustento de ese proyecto más amplio”. Se sostiene con actividades autogestionadas, espectáculos, socios colaboradores, canjes de comercios, y el bolsillo propio. Alcanza a Villa Española y su entorno y emite las 24 horas, aunque los programas en vivo generalmente son de tarde. Regularmente pasa grabaciones de actos sindicales.
“Las radios comunitarias son para eso, para darles voz a las organizaciones sociales, a los sectores que no tienen voz en otros medios, permitir el acceso del vecino, del trabajador”, dice Fernández.
El relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, lo enfoca desde la importancia de lo local.
“En el microcosmos también hay un derecho de expresión —dijo a Búsqueda—. No todo tiene que ser la gran noticia nacional. Antes, como no había un procedimiento de autorización de frecuencias, la gente sacaba su antena y se ponía a transmitir. Eran frecuencias no autorizadas y en muchos países se los perseguía penalmente. Lo importante era darles reconocimiento”.
Sobrevivir.
Una vez regulado el sector, muchos proyectos tuvieron problemas para cumplir con los requisitos. La mayoría no pudo hacerlo. Se planteó el problema de cómo sostener la actividad dentro de la legalidad.
“Evaluamos que tampoco estamos preparados para asumir la legalidad sin recursos”, dice Ayestarán. “Desde el 2007 las radios comunitarias quedaron en la quietud. Estamos buscándole la vuelta. Ahora ninguna radio está con buenos equipos, con transmisión las 24 horas o con la programación que quisiera”.
Cuando intentaron vender publicidad a empresas grandes les dijeron que no pautarían en radios que no entren en los estudios de audiencia y que no trabajen con agencias de medios.
El jueves 3 de julio la Dirección Nacional de Telecomunicaciones anunció medidas de apoyo al sector: llamados para fondos concursables, talleres y cursos de capacitación, una mesa de asesoramiento y cooperación interinstitucional. El director Sergio De Cola planteó la posibilidad de pautar publicidad oficial en las radios comunitarias y, para lograrlo, deben generar una asociación que cumpla el papel de agencia de medios. Explicó que a las empresas públicas, “contratar con 100 o con 150 asociaciones civiles les genera una complicación”.
“La idea es armar una figura a nivel comunitario que sea el que recibe la pauta de UTE, Antel, el Banco de Seguros o quien sea, y la distribuya”, propuso.
Ahora Amarc y Ecos están discutiendo la conformación de una asociación civil única para gestionar la pauta publicitaria de todo el sector.
Gabriel Silva, secretario del Consejo Directivo de Andebu, dijo a Búsqueda que el del sector comunitario “fue un problema no del todo bien resuelto, que tiende a desmejorar por la presencia permanente de ese tipo de radios, que invaden los espacios reservados a las radios convencionales”. Además eso “se intercala en un escenario que ya estaba muy comprometido por la cantidad de medios que existen”.
“Un medio de comunicación no es la voluntad exclusiva de alguien o de un grupo de amigos, porque en definitiva no tiene futuro, rápidamente se requieren necesidades económicas para sobrevivir. Si todavía el Estado pretende echarle una mano, es subvencionar lo que no es viable. Por aquellos principios básicos de la evolución prevalecerán los que puedan sobrevivir”, opinó.
En cambio, Fernández apunta en la dirección opuesta: sostiene que todavía no se cumple la reserva de un tercio del espectro para las radios comunitarias, lo que requiere que varias radios comerciales tengan que abandonar sus frecuencias.
Pese a la regulación, la tensión entre las radios comerciales y las comunitarias se mantiene, pero algunos ven que en el futuro la tecnología puede dar por saldado el debate.
“Siempre algunos van a quedar afuera —dice Ayestarán—. Igual dentro de diez años, con los saltos tecnológicos no sé si va a existir la radio con transmisores analógicos o si no va a haber más radio y vamos a estar todos emitiendo por Internet”.
