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Pese a que llevan semanas discutiendo el proyecto de ley sobre fertilización asistida, a los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores les siguen apareciendo nuevos dilemas éticos y legales respecto al alcance que debe tener una norma que regule el tema. “Esto es un campo minado”, dijo a Búsqueda Alfredo Solari, médico y legislador colorado (Vamos Uruguay).
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Si el tema sobre el que se pretende regular es complejo, la aprobación el 11 de abril de la ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo abrió nuevos frentes en la discusión en el Senado, que ahora debe determinar si las parejas homosexuales pueden recurrir al sistema de fertilización asistida y así tener hijos.
Para el caso de las parejas heterosexuales, se pueden calcular los costos en función de la cantidad de parejas que se estima tiene problemas para lograr un embarazo, sin embargo, si se incluye a las parejas homosexuales la situación cambia por completo, explicaron participantes en la discusión.
Ahora los legisladores intentan resolver el problema de la manera más rápida posible. Algunos como Luis Gallo (Asamblea Uruguay) y Solari son quienes plantean trabajar en dos leyes distintas, una para la fertilización asistida de parejas heterosexuales —como la que se aprobó en diputados—, y otra que se tendrá que redactar, dirigida a parejas del mismo sexo. Constanza Moreira (Espacio 609) es quien ha sido más enfática en que una sola ley debería incluir a todos.
“Es preferible tener un proyecto de ley que regule y normatice cómo es la fertilización humana asistida en Uruguay aunque sea solo para parejas heterosexuales, en vez de que no haya nada. Si no, nos va a pasar lo mismo que a las cinco legislaturas anteriores, que no pudieron aprobar ningún proyecto. Si bien es una tecnología que está disponible en el país, hay gente que no tiene dinero para acceder a una solución —un tratamiento de fertilización de alta complejidad que asciende a varios miles de dólares—. No podemos seguir demorando”, opinó Solari, presidente de la Comisión de Salud.
Vientre prestado.
En el caso de las parejas homosexuales masculinas, contar con un vientre prestado —subrogado— para gestar el niño es fundamental, pero en las heterosexuales también puede ser necesario, porque hay mujeres que no pueden gestar.
Surgió entonces otra discusión en la comisión por restringir el uso del útero subrogante de una mujer que tenga hasta segundo grado de consanguinidad con el padre o la madre genética del niño. Es decir, que no pueda gestarlo algún familiar como la madre, la tía, hermana o hija de los padres genéticos.
Quien proporciona el útero “funciona de apoyo para que se produzca el desarrollo intrauterino, pero no hay una interacción genética entre el feto y la mujer, pero plantea problemas de filiación. La madre del padre termina siendo la mamá del que nace. Es grave y difícil de resolver”, informó Solari.
La discusión sobre este punto está lejos de ser saldada. Moreira no está de acuerdo con el uso de un útero de otra mujer “como envase, ni gratis, ni pago”, señaló durante la discusión.
Otro tema aún no saldado es si se debe establecer una edad máxima para realizar un tratamiento de fertilización asistida y si es correcto evitar que una mujer de 80 años pueda ser madre.
Embriones.
Si una mujer tras pasar por un proceso de fertilización queda embarazada en un primer intento exitoso, suelen quedar congelados sin uso aproximadamente otros cinco embriones más. Hoy estos embriones sobrantes no se descartan y se utilizan para parejas que no logran obtener un embrión propio, previo consentimiento.
“Este es un tema discutible”, señaló Solari. El proyecto establece que los embriones no utilizados por una pareja, obligatoriamente deben pasar a un pull para ser donados.
Moreira cuestionó la donación obligatoria de los embriones. “No me parece bien que la ley me obligue a donarlos, prefiero descartarlos porque fueron creados para que yo tuviera un hijo, o guardarlos por la eventualidad de que quisiera otro hijo”, ejemplificó durante la discusión parlamentaria.
“Hay un sentimiento de pertenencia de un ser humano. Es una posición paternalista. Hay un sentido de propiedad del embrión que va contra el propio interés del embrión, porque esta célula huevo ya fecundada es un ser distinto a sus dos padres y por lo tanto tiene vida propia. Ya no pertenece a su padre o madre. El interés superior es que se preserve y se utilice, no que se descarte”, opinó Solari.
Renuncia.
Existe una disposición en el proyecto por la cual la mujer puede renunciar a una técnica de fertilización humana asistida hasta que el ovocito sea fecundado por un espermatozoide. No puede renunciar después.
“Por otro lado se dice que la mujer hasta la duodécima semana del embarazo puede abortar. Entonces no puede renunciar pero sí abortar, hay una contradicción jurídica muy importante”, destacó Solari.
