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Mientras la Justicia avanza en las indagatorias sobre las pérdidas millonarias registradas en la administración de Ancap entre 2010 y 2015, la situación política del vicepresidente Raúl Sendic se torna cada vez más complicada y crecen las expectativas sobre su comparecencia en el Juzgado de Crimen Organizado.
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La citación de Sendic, que presidió el ente durante buena parte del período investigado por la Justicia, es inminente. Desde el inicio de las indagatorias el fiscal Luis Pacheco informó que comenzaría interrogando a los gerentes y funcionarios del ente, y que luego citaría a todos los integrantes del directorio que tomaron decisiones en los hechos investigados. Días atrás, ya cerca de concluir la primera ronda de interrogatorios, Pacheco dijo a VTV que la citación de los principales jerarcas será posiblemente en setiembre.
Consultado el lunes 7 sobre su inminente citación, Sendic dijo en una rueda de prensa en el Senado que cuando se concrete formalmente el llamado, analizará si concurrir al Juzgado o declarar por escrito. “No he tomado la decisión”, afirmó.
El vicepresidente considera que puede optar por responder al interrogatorio con un informe debido al cargo que ocupa, ya que el Código del Proceso Penal (CPP) establece que las altas autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder judicial, los legisladores, entre otros, “no tienen el deber de comparecer personalmente y pueden prestar su declaración por escrito”.
Sin embargo, si es citado como indagado, Sendic no tendrá ese beneficio.
Consultado por Búsqueda sobre el tema, el fiscal Pacheco explicó que de acuerdo al CPP, la “prerrogativa de declarar por escrito está establecida en favor de los testigos y no de los que deban comparecer como indagados”.
El fiscal aún no citó a Sendic, por lo que aclaró que no se trata de una posición sobre el caso concreto, sino de una lectura textual de lo que indica el código.
“La cuestión (de Sendic) aún no se planteó en el expediente, con lo cual deberemos estudiarlo y resolverlo en su momento”, dijo a Búsqueda la jueza del caso, Beatriz Larrieu.
Añadió, sin embargo, que coincide en que “de acuerdo al artículo 223 del CPP, la declaración por informe está prevista para los testigos”.
Todo indica que Sendic no podrá hacer uso del mecanismo previsto por el artículo 223, ya que de acuerdo a una resolución de la jueza Larrieu firmada en febrero, a poco de comenzar con los interrogatorios, todos los que puedan tener una eventual responsabilidad en los hechos investigados serán citados en calidad de indagados.
Según informó en ese momento la magistrada a Búsqueda, la decisión no supone “prejuzgar” sobre los hechos, sino que busca dar “mayores garantías” a las personas que puedan “eventualmente ser imputadas de un delito”. Eso es así porque los indagados tienen derecho a acceder a las actuaciones de la Justicia y a no declarar en su contra, mientras a los testigos les rige la obligación de decir la verdad (Búsqueda Nº 1.905).
Siguiendo ese criterio, casi todos los funcionarios, gerentes y empresarios que han concurrido a declarar en estos meses lo hicieron como indagados. Sin embargo, hubo algunas excepciones, como el caso del senador Leonardo de León, que fue citado como testigo. Por esa razón, el legislador pudo ampararse en el beneficio previsto por el código y responder el interrogatorio de la Justicia por escrito.