Si las tarjetas de Ancap fueron usadas para “fines personales” hubo un delito y deberá ser investigado por la Justicia penal

El lunes, la Jutep envió una carta a Ancap solicitando información sobre el uso de las tarjetas corporativas para conocer cómo fueron utilizadas. Gil Iribarne dijo que si al analizar la información surgen “elementos” sobre la posible “comisión de algún delito”, pasarán el asunto a la Justicia.

—El País informó el domingo que la Jutep iba a pedir información a Ancap sobre el uso de las tarjetas corporativas. ¿Cuál es el objetivo de la solicitud?

—Cuando toma estado público lo de las tarjetas corporativas, nosotros entendemos que es un hecho sobre el cual conviene acceder a información directa de Ancap. Es un tema de transparencia. Cuando se generan dudas —y en este caso se generan— sobre el manejo que hacen funcionarios públicos, lo que hay que hacer es tratar de aclarar qué fue lo que pasó. La decisión fue preguntarle a Ancap cuál es el manejo que se hace de las tarjetas corporativas, en el sentido de si está previsto que se use para gastos institucionales y si está previsto que se use para gastos personales. Y en esa eventualidad de que se use para gastos personales, conocer si hay un control y un pedido de reintegro al funcionario involucrado. No lo planteamos acerca de ninguna persona en particular, sino en términos generales, porque si era una práctica irregular no depende del monto. La idea no es tipificar delitos o definir si hubo delitos de tal o cual persona, porque eso no está dentro de los cometidos de la Jutep. Es un tema de transparencia y de necesidad de que los organismos como este actúen cuando pasan este tipo de cosas, para que la ciudadanía se quede tranquila. Sería una omisión para nosotros no hacerlo. Un pedido de información de estas características es lo natural en un organismo que la ley define como el organismo superior de control. Esto nos avala para pedir información sin juzgar, con objetividad.

—¿Qué harán después de analizar la información?

—Queremos saber qué pasó. ¿Qué puede pasar? Que venga una explicación satisfactoria, por ejemplo, que diga que no hubo usos para fines personales. Si el directorio de Ancap nos contesta eso, nos tenemos que dar por satisfechos. Pueden surgir dudas y en ese caso se pedirá más información. O pueden surgir elementos que efectivamente hablen de la eventualidad de la comisión de algún delito, y ahí inmediatamente lo pasamos a la Justicia. Si hay algún viso de ilegalidad, lo que vamos a hacer es pasárselo a la Justicia.

—¿El uso de las tarjetas para gastos personales es un delito si se comprueba que no hubo devolución del gasto?

—Nosotros no tipificamos delitos, es la Justicia la que lo hace. La eventualidad de que un funcionario público use en beneficio personal fondos del Estado, claramente es irregular y ameritaría el pasaje a la Justicia. Eso sin duda. Y además adelanto que eso no es abuso de funciones, es otro delito. Si surgen elementos que muestren que se usaron fondos del Estado para fines personales, hay una irregularidad y habría que informarle a la Justicia.

—En los últimos días hubo denuncia de abusos en el uso de viáticos por parte de los legisladores. ¿Es comparable al uso de tarjetas de crédito con fines personales?

—No es comparable. Alguna vez, en esta y otras funciones públicas, reintegré viáticos, pero en realidad es algo que no es obligatorio. Si queremos ajustar eso, lo que hay que cambiar es la normativa, pero no me parece que hoy se viole ninguna norma. ¿Me parecerá bien o mal?¿En un momento de austeridad es un buen mensaje? Puede ser, pero creo que ahí no hay que confundir.

—En momentos en que en la región hay diversos casos de corrupción, ¿este tipo de casos y de denuncias cruzadas por abuso en los gastos no son una mala señal para la opinión pública?

—Lo que plantea usted encaja en el esfuerzo que nosotros estamos haciendo de decir: Señores, más allá de que Uruguay está bien visto en temas de corrupción y tenemos fortalezas, también tenemos problemas. Tenemos que dar un mensaje a la ciudadanía mucho más claro, mucho más transparente, mucho más sólido. Y percibo que no todo el espectro político uruguayo comparte esa visión. Algunos piensan que estamos bien y otros piensan que estos temas les sirven si pueden sacarle provecho político. Creo que acá nadie puede sacar un provecho político, sino que todo el sistema se debilita y toda la imagen del sistema político se complica frente a una ciudadanía que está legítimamente preocupada por este tipo de cosas. Lo que hay que hacer es mejorar el sistema anticorrupción.

—Usted cuestionó la idea de derogar el delito de abuso de funciones. ¿Cree que iba en sentido contrario a lo que plantea?

—Claro. Y más allá de la opinión técnica sobre el abuso de funciones, también dijimos que no ubicábamos esta propuesta de derogarlo en el contexto adecuado. No se estaba dando en el marco de un fortalecimiento del sistema, sino que aparecía como un hecho aislado que debilitaba al sistema porque se estaba sacando un delito. Para la gente, sacar un delito es debilitar al sistema. No estamos de acuerdo con derogarlo, porque pensamos que hay que cambiarlo. Además, sería distinto discutirlo en el marco del fortalecimiento del sistema que como un hecho aislado. Y sí, creo que el mensaje a la ciudadanía debería ser muy fuerte y no está siéndolo. Por eso en la Jutep queremos mostrar un comportamiento serio e imparcial y, por ejemplo, quedar afuera del tiroteo político. Queremos decirle a la gente —y por eso esta consulta de las tarjetas corporativas—: Hasta donde podemos, nos preocupamos para poder aclarar las cosas. Si no damos respuesta a esas cosas, la gente legítimamente va a perder más confianza y todo el sistema se va a debilitar. Esto ya lo he visto en otros países y realmente me preocupa mucho que en Uruguay se pueda repetir.

—¿Este caso de Ancap es un primer paso y una señal de que la Jutep va a aumentar sus tareas en el área anticorrupción?

—Lo que nosotros queremos es posicionar a la Jutep para que, en ese sistema anticorrupción que Uruguay debe fortalecer, tengamos un rol. En la Junta estamos intentando tener un sistema para recibir denuncias del público, que nos parece fundamental. ¿Qué haríamos en esos casos? ¿Tipificar delitos? No. Las denuncias que no tienen valor van a ser descartadas, las que puedan tener un viso delictivo las pasaremos a la Justicia, y las que entren en la zona intermedia de que no son para archivar ni son para denuncia penal, lo evaluaremos con el organismo correspondiente. Lo que no podemos generar es la sensación de impunidad, de que cualquiera hace cualquier cosa y no pasa nada.