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Que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “usa y abusa” de la modalidad de participación público-privada (PPP) para financiar centros de enseñanza. Que las instituciones públicas de gestión privada cuentan con una “fuerte presencia de empresas nacionales y multinacionales” que “seleccionan” a los estudiantes para demostrar que la “fórmula” funciona. Que la tercerización de servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento y alimentación en liceos de tiempo completo “rebaja” las condiciones laborales de los subcontratados y de la plantilla estatal. Que varios “programas” educativos auspiciados por empresas privadas mediante “fundaciones” son aplicados en escuelas y liceos públicos. Que la administración “afrenta” la “libertad de cátedra” al promover la “compra directa” de manuales a una editorial “multinacional” para dictar clases de inglés en el ciclo básico.
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Todas esas son “formas más o menos encubiertas y más o menos explícitas para dirigir recursos desde la educación pública hacia el sector privado”, informó la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) a la Internacional de la Educación (IE) —organización que reúne a los principales sindicatos de enseñanza del mundo—, en un documento que se presentará el 22 y 23 de marzo en Montevideo y a cuyo avance accedió Búsqueda.
El informe se enmarca en una “campaña mundial” de la IE contra “el comercio educativo y la privatización de la enseñanza” lanzada en 2015 en Canadá. Según la organización internacional de sindicatos de la educación, América Latina es la región donde la “ola privatizadora” de la enseñanza golpea más fuerte, especialmente en países como Colombia, Chile, Brasil y Argentina. Así lo constató un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), liderado por Antoni Verger, investigador y experto en temas educativos.
Del informe preliminar se desprende que en Uruguay “existen datos específicos que muestran el proceso de desarrollo de la privatización y el comercio educativo”. Eso sugiere una “privatización latente”, según el estudio internacional. A partir de esas conclusiones, la UAB y la Universidad de la República investigarán conjuntamente el “caso uruguayo” y elaborarán un informe en materia de “privatización y comercio educativo” en el país.
“Hecho el negocio”.
El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Wilson Netto, negó a Búsqueda que exista una “privatización” de la educación pública: “Puede haber opiniones distintas por parte de algunos actores, incluidos los sindicatos, y eso es válido. Ahora, lo que no es cierto es que se esté privatizando o mercantilizando la educación pública. Los servicios, los edificios y la obra educativa están en manos del Estado”.
La ANEP proyecta construir de aquí a 2020 más de un centenar de centros de enseñanza a través de la modalidad PPP. “De las 439 obras proyectadas para este período, 150 se harán por PPP a través de tres llamados públicos”, indicó Netto. Ya se hizo el primer llamado a empresas privadas para construir 44 jardines de infantes. En marzo se hará otro llamado para levantar más de 20 escuelas públicas —varias de tiempo completo—, y entre julio y agosto se hará un tercer llamado para construir obras de Secundaria y nueve polos tecnológicos de UTU.
Netto explicó que “hay una ley que garantiza el valor por dinero; o sea que todas esas propuestas van a ser aceptadas si tienen un menor costo con relación a cómo se desarrollan habitualmente”.
Para la Fenapes, “desde el Poder Ejecutivo y desde la Administración de la Educación, en particular la ANEP, se plantea esta modalidad (por las PPP) como la única solución posible a las demandas que hoy tiene el sistema educativo y que el Presupuesto asignado no puede resolver”. De concretarse estos proyectos, advierte el documento presentado a la Internacional de la Educación, se estará “privatizando escuelas y liceos”, porque “las PPP, en su versión extrema, consisten en adjudicar la construcción y gestión posterior a una empresa privada en un centro educativo público estatal”.
“La PPP es una de las grandes herramientas para fomentar el mercado educativo y generar el lucro en la enseñanza pública”, dijo a Búsqueda el secretario general de la Fenapes, José Olivera.
En su informe, la Fenapes señala que “empresas, organizaciones y organismos —multinacionales, sobre todo— logran aumentar sus ganancias a costa de los escasos recursos que los gobiernos destinan a los sistemas públicos de enseñanza”.
La Federación destaca que en Uruguay se trata de un “nicho de mercado” que mueve un presupuesto bruto de unos U$S 2.500 millones. “Se llega a situaciones que rondan lo insólito, como que una empresa sea contratada para evaluar las escuelas, y luego le venda al Estado ‘recetas’, libros, cursos de perfeccionamiento y demás materiales para que ‘su’ evaluación futura sea mejor”, apunta.
La Fenapes “impidió” en 2016 que Secundaria usara un libro de la editorial internacional Pearson Education para el dictado de clases de inglés en la enseñanza media. “Constituye un elemento claro de mercantilización educativa y a la vez una afrenta a la libertad de cátedra y el derecho a la educación”, afirmó Olivera.
El sindicato cuestionó además la creación de “figuras jurídicas” como las “llamadas fundaciones”. “Empresas y organizaciones civiles han constituido fundaciones, sobre todo para evitar impuestos y conseguir flexibilidades jurídicas de contratación de servicios y compra de bienes. Si a esto sumamos que puedan exonerar parte de su carga impositiva si ‘donan’ dinero a alguna institución educativa, está hecho el negocio”.
“Progresista”.
El sindicato docente también se opone a contratar privados para cumplir tareas en los centros de enseñanza pública. Señala que “es muy común tercerizar el servicio de limpieza, de alimentación, mantenimiento y seguridad de las instituciones educativas” y que esto provoca una “rebaja de condiciones de trabajo y salario” para los subcontratados y los empleados.
“Hoy les damos la seguridad de nuestras escuelas públicas a empresas privadas. Eso lo permite un gobierno progresista, que en la oposición decía otra cosa, porque era oposición y tenía que llegar al gobierno. Hoy somos gobierno, estamos en esta dinámica, tenemos estas limitaciones, del contexto y propias, y nos abrazamos al que quiere hacer negocio”, criticó Olivera.
La creación de liceos público-privados —como el Jubilar, el Impulso o el Providencia, ubicados en barrios de contexto crítico— también es cuestionada por la Fenapes. “Siete instituciones educativas nuevas en los últimos 10 años tienen financiamiento empresarial, son gratuitas y las gestionan fundaciones privadas que, además, seleccionan a sus estudiantes para que les den bien los resultados”, afirmó el sindicalista.