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    Sobre la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay

    Sr. Director:

    El pasado mes de agosto, un e-mail firmado por Martín Imer, integrante de la Directiva de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, informaba la resolución adoptada por ese cuerpo respecto a “cesar momentáneamente la página web de la ACCU.

    No es necesaria la capacidad deductiva de Sherlock Holmes para comprender que la tranistoriedad de la resolución es una elegante forma dada a un cese sin término motivado por la molestia generada en esa directiva por algunos artículos publicados.

    Los fundamentos esgrimidos por autoridades de la ACCU son empero irrebatibles: la página es confusa, escasamente consultada y en consecuencia inútil. Pero la inutilidad de la página web no está en su existencia, sino en la escasa publicidad que le dieran socios y directivos de la ACCU (incluidos aquellos que aportaran material). Muy poco se necesitaba para hacer de ella una herramienta útil para la interna de la ACCU y el público en general.

    La proclamada valoración de la crítica cinematográfica uruguaya a escala nacional e internacional hace ya tiempo que se convirtió en un mérito del pasado, al que buena parte de las nuevas generaciones de críticos tomó a modo de bien hereditario. Sin embargo, de entre una pléyade de gacetilleros, irrumpen nuevas y eruditas plumas. Varios de ellos desafiando su fugaz pasaje por ciertos medios, con la opción que brindara la página web de la ACCU.

    Un párrafo del comunicado firmado por Imer —cuando lo correcto hubiese sido la transcripción completa de la resolución de la directiva o, mejor aún, la convocatoria a asamblea dada las implicancias del asunto— expresa: “En este momento, la ACCU dispone de dinero muy contado y lo necesitamos para responder a requerimientos burocráticos estatales para funcionar de manera mínimamente regular, y además tenemos que ir pensando en la entrega de premios de fin de año”.

    Surgen así las inevitables interrogantes: ¿cuánto es dinero muy contado?, ¿cuáles son y cuánto implica los requerimientos estatales? En cuanto a la “fiesta de fin de año”, premiando films y personas, existen —pandemia mediante— múltiples razones para “suspender” eso que no es sino pequeña fantochada.

    Y la panacea de las soluciones es, para los integrantes de la directiva de la ACCU, trabajar en acuerdo con el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU). ¿Qué tiene en común un organismo estatal de promoción y difusión del cine uruguayo —independientemente de su calidad— con la entidad de carácter privado e independiente que es la ACCU? ¿O acaso se pensará en un asesor rentado de la ACCU actuando ante el ICAU? ¿O alguna otra forma rentada de colaboración público-privada?

    También hay que abonar la alta cuota de la Fipresci (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica) para que así los críticos (sorteados) puedan integrar los jurados de esa entidad a lo largo y alto del planisferio. De paso alentando maliciosas y seguramente infundadas dosis de nepotismo.

    Acaso corresponda el pago a Fipresci por parte de los “críticos viajeros”.

    Seguramente, se procurará desvalorizar estas líneas con dos argumentos que ya supe sortear:

    Que deseo convertirme en el justiciero enmascarado a través de esta y denuncias pasadas (ofrezco pruebas, incluida demanda judicial estrepitosamente fracasada).

    Que busco notoriedad (a quien lo desee remitiré “currículum vitae” forjado a lo largo de casi 80 años de vida y 60 en el área de la cultura cinematográfica nacional e internacional).

    Alvaro Sanjurjo Toucon

    CI 910.423-9