Sociedades anónimas y dueños registrados superan los 50.000

El ritmo de inscripción se fue acelerando, según las cifras que proporcionó a Búsqueda el BCU. Este año, al cierre de cada mes la progresión fue la siguiente: 31.710 a enero, 31.853 a febrero, 32.155 a marzo, 32.850 a abril, 34.743 a mayo y 50.948 a junio. De hecho, en los últimos 10 días del mes pasado fueron 11.863 las inscriptas.

Además, alegó una fuente, hubo propietarios extranjeros de sociedades anónimas que se enteraron muy cerca de la fecha de que tenían que hacer esos trámites y requirieron los servicios de escribanos uruguayos. Al menos un estudio importante decidió no aceptar más clientes porque estaba al tope de su capacidad.

El registro de sociedades y los individuos que son sus dueños fue creado como parte de las acciones a favor de la transparencia y colaboración en el combate internacional a la evasión tributaria, al que se plegó Uruguay en los últimos años. La Ley 19.484 define al beneficiario final a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o de los derechos de voto en una entidad residente o no residente en el país, en ese caso siempre que se cumplan determinadas condiciones.

A fines de junio, el Parlamento votó una prórroga del plazo para la comunicación de los beneficiarios finales en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y fideicomisos (hasta el 30 de setiembre de 2018), así como fondos de inversión y otras entidades (30 de noviembre).

El incumplimiento de la inscripción en el registro genera multas de hasta $ 766.000, además de la suspensión del certificado único emitido por la Dirección General Impositiva (DGI).

La información tiene carácter “secreto”, según la ley, y solo pueden acceder la DGI, la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos, la Justicia (en casos en que estuviera en juego una obligación alimentaria) y la Junta de Transparencia y Ética Pública.