N° 1964 - 12 al 18 de Abril de 2018
“Yo creo que no hay corrupción de izquierda. Si es corrupto no es de izquierda, si no eres demócrata no eres de izquierda, si se ponen por encima los intereses particulares no eres de izquierda”. Tajante pronunciamiento del entonces vicepresidente de la República Raúl Sendic en enero de 2016 durante una presentación en el II Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática en México. Para entonces, todo el mundo tenía claro que lo dicho era una tontería.
Sin asumir la afirmación de Sendic, aunque admitiéndolo implícitamente, el Frente Amplio (por unanimidad, posibilitada por Asamblea Uruguay, que se retiró antes de la votación) y el PIT-CNT (que realizó un acto público) se solidarizaron con el expresidente brasileño, el “compañero” Lula da Silva, alojado desde el sábado en una cárcel de Curitiba y condenado a doce años de prisión por el tríplex del balneario Guarujá con que la constructora OAS retribuyó contratos que le fueran adjudicados por el Estado, lo que investiga la Justicia como parte de la trama corrupta Lava Jato.
Para la izquierda, Lula, el “gran favorito” para ganar en octubre su tercer mandato presidencial, es víctima de una conspiración de “los poderes fácticos” —“grandes intereses económicos”, jueces ambiciosos de protagonismo y poder y medios de comunicación que responden a los intereses de la “derecha”— para impedir su regreso al Planalto. Desde siempre su defensa alega que no existe una sola prueba en su contra y que el juicio es un invento del juez Sergio Moro, movido por el odio a su persona.
Sentenciado en primera instancia, Lula y sus asesores llevaron a cabo una intensa campaña de marketing, con recorridas por varias ciudades del norte y sur de Brasil (en esta etapa se subieron los ex Correa y Mujica), a fin de movilizar a sus partidarios y ejercer presión sobre los magistrados del Tribunal Federal que debía resolver sobre la apelación. Ni hablar del tinglado montado en la sede del Sindicato Metalúrgico y del show para demorar la entrega a las autoridades.
Creer lo que sostienen Lula y sus defensores es claramente una cuestión de fe, de simpatía, o de interés político. Supone, al mismo tiempo, negar la independencia del Poder Judicial de Brasil y alentar teorías conspirativas, asumir un planteo maniqueísta que alude a pérfidos intereses y honestos defensores del pueblo.
Implica asumir los términos de la afirmación de Sendic en México. Si es de izquierda no es corrupto. Y se acabó.
En realidad, no se acabó nada porque Lula afronta otras seis causas judiciales por corrupción en las que ya han prestado testimonio de la trama corrupta Antonio Palocci, su ministro de Economía y el de Dilma Rousseff, y Emilio Odebrecht, el patriarca de la constructora, que ha reconocido la existencia de una cuenta de US$ 100 millones al servicio del PT a cambio de facilitar negocios con gobernantes latinoamericanos y africanos. Gestiones que Lula y su cohorte petista facilitaron desde el Estado brasileño. O, cuando tras dejar la presidencia y actuando como lobista de esas empresas, el expresidente aprovechó su influencia y sus contactos políticos para facilitarles jugosos contratos en la región y en naciones africanas.
La trama corrupta del PT viene de lejos. Lula asumió la presidencia en 2003 y dos años después el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, José Dirceu, debió renunciar al cargo implicado en la compra de votos de legisladores para aprobar leyes del Ejecutivo. En el mensalão también estuvieron implicados otros “históricos” del PT, como su presidente José Genoino, o el encargado de finanzas, Delubio Soares, expulsados del partido por la Dirección Nacional en 2005.
¿Compraban voluntades en el Congreso para aprobar leyes del gobierno y el presidente no sabía nada? ¿Era ajeno a esos manejos? ¡Por favor!
Dirceu fue reelecto como congresista en 2015 y un año después fue sentenciado a 23 años y 3 meses de prisión por su implicación en el Lava Jato, operación gestada para, como ha señalado el expresidente Fernando Henrique Cardoso, “construir hegemonía de poder” y retener el gobierno.
La trama de corrupción mediante pago de sobornos a gobernantes que tomaban decisiones sobre obras públicas se extendió rápidamente por la región. Acusados de haber recibido “comisiones” de Odebrecht en Perú está preso el expresidente Ollanta Humala y requerido su antecesor Alejandro Toledo. Acaba de renunciar Pedro Pablo Kuczynski.
En Ecuador, el dos veces vicepresidente Jorge Glas (de Rafael Correa, 2012-2016, y de Lenín Moreno, 2017) fue relevado de todas sus funciones a poco de asumir el año pasado por el actual mandatario tras conocerse que recibió coimas de Odebrecht por más de un millón de dólares por autorización de obras durante el gobierno de Correa. A fines del año pasado fue declarado culpable de “asociación ilícita” y sentenciado a seis años de reclusión. Se le investiga, además, por otros delitos: peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Odebrecht ganó también importantes contratos de obra pública en Venezuela (un par de represas y puentes) y en Cuba (puerto de Mariel). Estos “logros” se le atribuyen a la influencia de Lula, cuyo gobierno y el de Dilma mantuvieron una actitud complaciente en foros internacionales con el régimen chavista y con la dictadura comunista del Caribe. Afinidad ideológica consolidada en los encuentros del Foro de San Pablo.
Solo un tonto, un ignorante, o un embustero puede afirmar que si se es de izquierda no se es corrupto. Como si no existieran incontables ejemplos en la región y en el mundo que demostraran la falsedad de tal afirmación.
La corrupción existe desde siempre y no hay grupo humano que pueda considerarse inmune a este tipo de acciones.
El diccionario de la Real Academia Española define la corrupción como la “acción y objeto de corromper”. En “las organizaciones, especialmente en las públicas, (es la) práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores”.
Históricamente, la corrupción ha estado asociada al propósito de enriquecimiento personal del o los funcionarios que aceptan —o que exigen— determinadas retribuciones para resolver ciertos asuntos públicos que benefician a empresas o particulares.
Pero dado que el ejercicio de la política requiere a las personas y a los partidos políticos, el financiamiento de actividades permanentes y de campañas cada vez más costosas, que no logran sostener los aportes personales y tampoco cubren con los aportes del Estado (en Uruguay pago por voto obtenido), los políticos procuran otras fuentes de finanzas. Y, como en Brasil, pero no solo en Brasil, han ingeniado nuevas y sofisticadas formas de corrupción.
El kirchnerismo en Argentina, el petismo en Brasil, la Venezuela previa al chavismo son ejemplos claros de corrupción política, de pagos de sobreprecios en la obra pública, de cobro de “comisiones” establecidas en porcentajes. En España se construyeron aeropuertos en los que nunca aterrizó ni despegó un solo avión. La investigación judicial de la mani pulite en Italia llevó al derrumbe del sistema político que rigió en ese país tras la II Guerra Mundial.
Tarde o temprano, la opinión pública pasa factura a la tolerancia, el silencio, la complicidad o la defensa de conductas políticas corruptas. No importa si son de derecha, de centro o de izquierda. En Brasil, como en tantos otros países, ya está pasando.
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