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El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Heber Galli, espera que en los próximos años deje de ser noticia que hay hogares a los que se les suspende la asignación familiar debido a que no cumplieron los requisitos básicos para acceder a la prestación, como concurrir a los centros de educación. Es que las familias han ido “naturalizando” que el Estado controla el cumplimiento de las contraprestaciones, opinó Galli, y por eso cada vez son más las que buscan acatarlo.
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El BPS tiene a su cargo el control de la asistencias a los centros de estudio de los beneficiarios de las asignaciones familiares. Esta semana, el organismo divulgó los datos sobre la cantidad de beneficiarios que reciben la asignación familiar pero que no están registrados en ningún centro de enseñanza (público o privado, formal o informal). La cifra es de 9.732 casos, que representan el 3% del total de beneficiarios (335.400 personas).
Esta es la cifra más baja desde 2013, cuando se comenzó con el control de la inscripción a clases. El jerarca espera que el número de casos denunciados siga bajando.
En 2013, el BPS detectó que 31.749 personas no se habían inscripto. Al año siguiente, los casos bajaron a 15.167. En 2015 tuvo un aumento, hasta llegar a 22.492, en 2017 volvió a bajar (14.235) y en 2018 fueron 9.924 personas.
Entre los incumplidores que podrían ver suspendida la ayuda económica a partir de setiembre, el 25% tiene edad para ir a la educación primaria y el resto para concurrir a la enseñanza media.
“Más de la mitad del total de los posibles suspendidos se concentra en las edades de 15 a 17 años”, dice el BPS en su informe. Los 9.732 beneficiarios integran 8.950 hogares. En el 38% de los casos, si no se regulariza la situación, ese hogar dejará de percibir totalmente el beneficio. En el 62% de los hogares restantes seguiría ingresando dinero por la asignación familiar, ya que hay otros beneficiarios que están en situación regular.
El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, anunció que convocará al Directorio del BPS para que explique la situación.
El régimen de asignaciones familiares para los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica se estableció a partir de 2008. La ley prevé una prestación mínima por niño o adolescente, y luego se aplica una fórmula matemática que fija un incremento cuando hay más de una persona en edad de ir a la escuela o a la enseñanza media. A enero de 2019, la prestación es de $ 1.615 por el primer beneficiario (en gestación o menor en edad escolar); $ 692 por el primer beneficiario cursando nivel intermedio; $ 2.307 si es una persona con discapacidad, y $ 1.615 si está internado a tiempo completo en el INAU o en una institución con convenio con ese organismo.
Los requisitos para acceder a esta asignación son, primero, los ingresos, la composición del hogar, y si está en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Luego, la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada por el sistema público o privado.
Si bien el gobierno cumple con lo establecido en la ley, aprobada durante el primer mandato de Tabaré Vázquez, en el Frente Amplio hay voces contrarias a realizar estos controles. En el Ministerio de Desarrollo Social es donde reside la mayor resistencia, pese a que entienden que la discusión está saldada.
En julio del año pasado, la ministra Marina Arismendi habló durante una actividad organizada por el Partido Comunista y se preguntó por qué se pedían contrapartidas. “Porque si le estoy dando $ 1.000 si tiene un hijo y más o menos $ 5.000 si tiene cuatro hijos, ¡se van a volver ricos con eso!”, ironizó la ministra, según informó entonces el diario El País. “Lo que tendríamos que pedir es perdón por las décadas y décadas que este país generó la exclusión social y porque todavía no tenemos la velocidad, ni la capacidad, ni los dineros como para ir más rápido. ¡Otra que contrapartida! ¿De qué estamos hablando?”, cuestionó.
La diputada frenteamplista Cristina Lustemberg, que impulsa una ley de primera infancia en el Parlamento, planteó el año pasado la necesidad de revisar la política de transferencias monetarias. “Ha venido cambiando la realidad de la población asociada a las transferencia y de la población en general, y esto no se ha ido acompañando con una revisión sustantiva de la política asociada a las transferencias que acompase el desarrollo social que se ha venido gestando, complementándolo, impulsando y adaptándose de manera más ajustada a la nueva realidad”, dijo. Sobre exigir una contrapartida afirmó: “Hay que buscar un abordaje diferente, trabajando con las familias para que ese niño o adolescente no deje el sistema educativo y se haga los controles de salud”. Agregó que quitarles las transferencias solo “culpabiliza” a los jóvenes y niños (Búsqueda Nº 1.995).
