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Suprema Corte de Justicia suprimió su unidad de género
También eliminó una comisión asesora en el tema y se retiró de un programa internacional que financiaría la creación de un observatorio sobre violencia doméstica
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió la semana pasada disolver el Grupo de Trabajo en Políticas de Género del Poder Judicial. Según establece la resolución 181/2018, firmada el 28 de febrero y a la que accedió Búsqueda, la Corte también resolvió suprimir la Comisión Asesora y de Articulación Intrainstitucional en materia de derechos humanos y género, y retirar al Poder Judicial del programa Eurosocial, una iniciativa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea que financiaría la creación de un observatorio sobre violencia de género en el país.
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La decisión sorprendió a las funcionarias que integran la unidad, que, de acuerdo con la resolución, serán reasignadas a otras oficinas. Consultada por Búsqueda, la coordinadora del equipo y licenciada en Ciencia Política Carolina Patrón, dijo que fueron notificadas de la decisión hace unos días y que no tienen “más información que esa”. “Estamos tan sorprendidas como todo el mundo, a la espera de una reunión”, afirmó. En la unidad también trabajaban una psicóloga y una socióloga, que hasta el momento no saben a qué área serán destinadas.
Según dice la resolución, la Corte —presidida por Elena Martínez e integrada por Jorge Chediak, Bernadette Minvielle, Eduardo Turell y Felipe Hounie— entiende que algunos cometidos del grupo de trabajo ya “se cumplieron y otros quedaron sin objeto” a raíz de la aprobación, en diciembre, de una nueva ley contra la violencia de género que da competencias a otros organismos para monitorear el tema.
Fuentes en conocimiento de la decisión dijeron a Búsqueda que los ministros entienden que no debe haber en el ámbito de la Corte “grupos de trabajo o comisiones sobre temas específicos”. Además, la corporación considera que el diseño institucional de la unidad “no era el adecuado”, en particular por la autonomía que tenía para el relacionamiento con otras instituciones, precisaron las fuentes.
“Señal”.
En 2011 se creó por primera vez una oficina para tratar temas de género en el Poder Judicial. Fue en el marco del Programa Integral de Lucha Contra la Violencia de Género, integrado también por los ministerios de Salud Pública, Interior y Desarrollo Social. Como hasta ese momento no había una dependencia que centralizara las políticas vinculadas al tema, se creó una Unidad Ejecutora para desarrollar el programa. Además, se creó una Comisión Asesora, con ministros de apelaciones y jueces de las áreas Familia y Penal, detalla la resolución.
Cuando en febrero de 2016 culminó el trabajo de la unidad, la SCJ, bajo la presidencia de Ricardo Pérez Manrique (quién dejó la Corte en mayo de 2017), decidió mantenerla “con el objetivo de darle sostenibilidad a los resultados alcanzados”. También mantuvo a la Comisión Asesora.
La ambición de la Corte en ese momento era conseguir presupuesto para crear un Departamento de Derechos Humanos, Género e Infancia —y así lo incluyó en el proyecto de Presupuesto de 2015 y en la Rendición de Cuentas de 2016. Pero ante la decisión del Poder Ejecutivo y del Legislativo de no otorgar fondos para eso, la Corte resolvió mantener la unidad, que pasó a denominarse Grupo de Trabajo en Políticas de Género.
Se le asignaron como cometidos el diseño de políticas institucionales de sensibilización y capacitación de operadores judiciales y se dispuso que continuara impartiendo talleres de “perspectiva de género, trata de personas y explotación sexual”. También se le encomendó poner en funcionamiento un observatorio para evaluar la implementación de las políticas de género, y monitorear la protección de los derechos humanos en los casos de violencia doméstica. A su vez, el grupo quedó a cargo de la coordinación con otras oficinas del Estado, con la sociedad civil y organizaciones internacionales.
A mediados de 2017 la Corte quitó del proyecto de Rendición de Cuentas la creación del departamento para los temas de derechos humanos y género, algo que fue interpretado como una primera “señal” por quienes trabajan en el área.
“Sin objeto”.
En la resolución, los ministros señalan que tras la aprobación de la Ley contra la Violencia Basada en Género, se creó en el ámbito de la Corte una comisión para trabajar en la implementación de la norma. Por otro lado, la mencionada ley creó un Observatorio sobre la Violencia Basada en Género, destinado al monitoreo y a la recolección de información sobre el tema. El observatorio estará a cargo de una comisión presidida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, e integrada por el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Mujeres y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
La Corte entiende que las tareas de diseño e implementación de políticas de género, así como el monitoreo de los procesos de violencia doméstica, serán desempeñadas por dicho observatorio, en el cual “el legislador no previó la participación directa del Poder Judicial”. La corporación aclara, no obstante, que el Poder Judicial “intervendrá en todas las instancias de diálogo, debate e intercambio de información que se promuevan desde el observatorio”.
Asimismo, la Corte evaluó que por las mismas razones quedó “sin objeto la participación del Poder Judicial en el Programa Eurosocial relacionado con la creación de un observatorio en materia de violencia doméstica”, y decidió retirarse de la iniciativa, a la que se había sumado en mayo de 2017. Según explicaron a Búsqueda fuentes judiciales, el proyecto implicaba que Eurosocial financiaría la creación del observatorio, que sería llevado adelante por el Poder Judicial y la Fiscalía. Ambos organismos habían aprobado los lineamientos del proyecto en diciembre de 2017, y se esperaba que este año comenzara a ejecutarse.
La Corte resolvió, por otra parte, que las tareas desensibilización y capacitación de operadores judiciales queden en manos “de las dos instancias de capacitación que existen en el presente”, el Centro de Estudios Judiciales, que capacita a jueces y defensores, y el Sector Capacitación, para funcionarios, técnicos y actuarios.
“En la misma línea de razonamiento, la corporación entiende que las tareas que, hasta el momento, ha cumplido la Comisión Asesora (…) le podrán ser encomendadas o bien a la Comisión para la implantación de la nueva Ley de Violencia Basada en Género, o bien a otra comisión cuya conformación disponga especialmente a tales efectos”, dice la resolución.
