“Se le habían sacado varias tarjetas amarillas. Era una cuestión de tiempo”, dijo a Búsqueda un ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al explicar el traslado —dispuesto por la unanimidad de la corporación— de la jueza Mariana Mota de una sede penal a una civil.
De esa forma, el alto magistrado hizo referencia a las múltiples polémicas en las que Mota se vio envuelta en el ejercicio de su función desde que llegó a Montevideo. En particular la jueza se destacó por su actuación en las causas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura (1973-1985). De hecho, según un relevamiento de estas causas realizado por la Fiscalía de Corte, era la jueza que más presumarios y sumarios de este tipo tenía en sus manos, con 32.
Mota anunció que recurrirá la decisión de la SCJ ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En declaraciones a Televisión Nacional, la jueza se mostró sorprendida por la decisión de la SCJ: “No estoy para hacer conclusiones en este momento. Puedo pensar muchas cosas pero me parece que no sería correcto decirlo. (...) Había muchas causas que estaban para resolver y que están paralizadas por recursos. Algunos por inconstitucionalidad y después en otros se sigue trabajando. Tengo casi 50 casos”, declaró.
En la resolución judicial, la magistrada expresó que los imputados por este tipo de delitos no deben “simplemente negar los hechos” dejando la carga de la prueba en los hombros del Ministerio Público. Citando jurisprudencia en su respaldo, afirmó que el principio de que nadie está obligado a probar en su contra es “obsoleto y profundamente injusto” (Búsqueda Nº 1.601).
Esa tesis mereció el rechazo del Colegio de Abogados del Uruguay, que emitió un comunicado cuestionando la falta de garantías que suponía tal innovación.
“Casualidad”.
Luego, la magistrada participó en la “Marcha del silencio” del 20 de mayo de 2011 por la Avenida 18 de Julio, que todos los años organiza la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Búsqueda Nº 1.612).
Eso provocó que algunos de los abogados de militares retirados imputados de violaciones de derechos humanos recusaran a la magistrada. Ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de tercer turno la jueza expresó que concurrió al Centro de Montevideo ese día y que se cruzó de “casualidad” con la marcha. Los ministros dieron por buena esa explicación y no hicieron lugar a la recusación.
En esa oportunidad la SCJ no sancionó a la jueza, aunque emitió una declaración en la que dejó en claro que la magistrada “se apartó de su deber ético” en la “obvia medida en que su conducta puso en tela de juicio su imparcialidad”.
Lejos de quedarse callada luego de ese episodio, la jueza echó más leña al fuego y en un reportaje realizado en Argentina cuestionó la política de derechos humanos que aplica el gobierno del presidente José Mujica y, en contraste, elogió la que lleva adelante la administración de Cristina Fernández en Argentina.
En una entrevista con el diario porteño “Página 12”, Mota dijo que en Uruguay “no hay una promoción de los derechos humanos” para poder esclarecer los casos que están pendientes de resolución. “Es bien diferente al gobierno argentino en esta materia”, resaltó y atribuyó ese hecho a que tanto el presidente José Mujica como el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, “no pueden ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas” (Búsqueda Nº 1.655).
Esos comentarios llamaron la atención del primer mandatario, que a las dos semanas dijo que estaba sorprendido porque la Corte no hubiese hecho algo al respecto.
“Me llamó la atención que no he visto manifestaciones de ningún tipo, ni de la Suprema Corte de Justicia ni de nada parecido”, sostuvo Mujica. “Creo suponer que el episodio de los enfermeros tapó todos los hechos”, agregó, en referencia al procesamiento de dos enfermeros que confesaron haber matado a más de una decena de pacientes en el CTI de un hospital público y de una mutualista (Búsqueda Nº 1.657).
A raíz de los dichos de Mota, la Corte abrió una nueva investigación que meses más tarde archivó porque consideró que sus manifestaciones no fueron de carácter político.
Meses más tarde la magistrada se vio envuelta en una nueva polémica al negar una excepción de inconstitucionalidad que presentó la defensa del general retirado Pedro Barneix, acusado del homicidio del comerciante Aldo Perrini en una unidad militar en Colonia en 1974.
La jueza entendió que el objetivo de la defensa era interponer una “chicana” en el juicio, ya que ella no iba a utilizar la ley que extendió los plazos de la prescripción de los crímenes de la dictadura en su argumentación. No obstante, la Corte hizo lugar a un recurso de “denegación de justicia” y pidió el expediente del caso a la jueza, que aún permanece a estudio de la corporación (Búsqueda Nº 1.666).
Semanas después la jueza intimó al Ministerio de Defensa a que la dejara entrar a una unidad militar para realizar una inspección ocular del predio, lo que le fue negado por un oficial.
Recientemente, Mota estuvo involucrada en un nuevo contrapunto con el ministro de Defensa a raíz de la desaparición de un avión de la compañía Air Class en el Río de la Plata.
La jueza entendió que el Ministerio de Defensa no estaba actuando de forma idónea en la búsqueda de los restos del avión por lo que debía contratarse al buzo Héctor Bado. Esa actitud de la magistrada no cayó bien en el entorno del ministro Fernández Huidobro, dijeron las fuentes. “¿Desde cuándo una jueza puede disponer que se contrate a un particular? ¿Quién va a pagar sus honorarios?”, preguntaron los informantes.
En paralelo, varios abogados en casos en los que participó vinculados a crímenes en dictadura denunciaron a Mota en los últimos meses ante la Corte, con el argumento de que la jueza llamaba varias veces a sus representados en calidad de testigos, y que en determinado momento los volvía a convocar pero en calidad de indagados con el automático resultado de su procesamiento, indicaron a Búsqueda fuentes del ámbito judicial.
“Triunfo de la impunidad”.
El traslado de Mota generó inmediatas repercusiones en diversos ámbitos. En la SCJ, un ministro comentó que es frecuente el traspaso horizontal de jueces penales a civiles sin que ello suponga una degradación. De hecho, mencionó que los ministros de la corporación Jorge Ruibal y Julio Chalar en un momento de sus carreras fueron objeto de un traslado de ese tipo.
Sin perjuicio de ello, en organizaciones sociales vinculadas con los casos de violaciones de derechos humanos se observó este movimiento como una persecución.
El diputado del PVP Luis Puig escribió en su cuenta de Twitter: “El traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil es un triunfo de la impunidad que están festejando asesinos y torturadores”.
Por su parte, la ex fiscal Mirtha Guianze —quien como representante del Ministerio Público pidió el procesamiento de varios militares retirados— escribió en la red social Facebook: “Pensemos un poco ¿qué significado le podemos asignar a este inexplicable traslado? ¿Por qué ahora, con tantos asuntos a resolver? ¿Es que no llevaba bien los juicios? ¿Cuándo podremos conocer las motivaciones reales? ¿Qué podemos hacer, cada uno en su lugar, todos juntos?”.
En este clima, la organización que nuclea a ex presos políticos, Crysol, presentará el martes 19 un recurso ante la Corte para que revea su decisión.
La propia jueza Mota habló con algunos medios al respecto: “Desgraciadamente me trasladan (...) este no es un buen momento para mí”, declaró a Montevideo Portal. La magistrada indicó al portal de noticias que su vocación es la materia penal y no la civil y recordó que tiene varias causas de derechos humanos por resolver.
Mientras, el senador nacionalista y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, afirmó en su cuenta de Twitter que va a pedir explicaciones a la Corte sobre este punto.
“¿Cuales son las causas por las que se traslada a la jueza Mariana Mota? ¿Qué motiva esta decisión de la Suprema Corte de Justicia?” , preguntó. “Vamos a pedir explicaciones preservando el principio de separación de poderes”, agregó.
