Suprema Corte invitó a los candidatos a reunirse para tratar el “relacionamiento institucional” y deuda por “enganche” salarial

De acuerdo con los informantes, hasta ayer miércoles la Corte recibió la confirmación de la visita del candidato a vicepresidente del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, del candidato colorado, Pedro Bordaberry y del candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres. El candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, aún no confirmó su asistencia.

“Bola de nieve”.

El ministro Ricardo Pérez Manrique advirtió que es necesario que se encuentre una salida negociada a este diferendo, porque esa cifra se incrementa día a día y no puede dejar de cumplirse una sentencia judicial en un “Estado de derecho”. El experimentado magistrado, que fue entrevistado en el programa “Claves políticas” de Nuevo Siglo TV el lunes 18, definió la situación como una verdadera “bola de nieve”.

Según supo Búsqueda, la fórmula que maneja la Corte es que el Poder Ejecutivo le dé los fondos para pagar a todos los jueces 21,6% de aumento, de modo de no seguir incrementando la deuda. “De esa forma al menos se corta el chorro”, resumió un magistrado.

El diferendo entre los jueces y el gobierno se arrastra desde el comienzo de la administración Mujica, cuando se incluyó una disposición en el presupuesto 2011-2015 en la que se equiparó el salario de los ministros de Estado al de los legisladores. En esa oportunidad el Poder Ejecutivo no advirtió que el artículo 85 de la Ley Orgánica de los Tribunales establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no ganarán menos que los ministros de Estado, y establece una escala salarial para todos los magistrados del país en función de ese tope.

La Corte solicitó un informe a sus servicios jurídicos que indicó que corresponde el pago. El gasto fue ratificado por el Tribunal de Cuentas, por lo que la corporación comenzó a liquidar los sueldos con el incremento. Esa situación siguió por unos meses, hasta que el Parlamento aprobó con los votos oficialistas una norma que interpreta que el aumento salarial es solo para los cargos mencionados en la ley de presupuesto y que, por lo tanto, se excluye a los jueces.

Esa norma fue impugnada por más de 400 jueces nucleados en la Asociación de Magistrados del Uruguay. Una Corte integrada determinó que es inconstitucional porque no se trata de una ley interpretativa. Pérez Manrique definió esa norma en el programa “Claves Políticas” como una verdadera “fe de erratas” por parte del oficialismo.

Luego de eso, el oficialismo realizó un segundo intento de corregir la situación y en una ley de Rendición de Cuentas derogó ambas disposiciones. Esa norma fue nuevamente impugnada y declarada inconstitucional por una Corte integrada. De ese modo, se volvió a la situación original.

“Queda vigente solamente la ley de presupuesto con un aumento salarial que es promedialmente del 21,6%. Ese incremento salarial, a ojo de buen cubero, son unos $ 750 millones anuales”, expresó Pérez Manrique, quien advirtió que esa cifra refiere exclusivamente al Poder Judicial, pero que se incrementa notablemente si se le suman otros funcionarios que también están “enganchados”, como los fiscales y los registros, entre otros.

“La Corte tiene que cumplir una sentencia con fondos que le va a proporcionar el Poder Ejecutivo (...), esto es una suerte de bola de nieve”, opinó. “Entendemos que en algún momento tiene que haber una respuesta que permita al Estado honrar sus compromisos y al erario solventarlo”.

El magistrado señaló que los jueces son “siempre proactivos y favorables a los acuerdos” porque conocen las consecuencias de las sentencias. “El Poder Ejecutivo está al tanto de la situación. No tengo claro cómo se va a arreglar, lo que sí tengo claro es que hay que sentarse a conversar —continuó Pérez Manrique—. Estamos hablando de cumplimiento de sentencias, todos los ciudadanos de la República tenemos que respetar eso, especialmente quienes ocupamos cargos públicos”.