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    Suprema Corte respaldó la competencia de los tribunales arbitrales de la AUF para resolver conflictos laborales en el fútbol

    La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), siguiendo la política de la FIFA y de varias otras federaciones alrededor del globo, prohíbe que los jugadores, dirigentes y técnicos recurran a la Justicia para resolver controversias. Las asociaciones crean sus propios tribunales arbitrales para resolver los conflictos, que funcionan como una alternativa al Poder Judicial, y obligan a sus miembros a dirimirlos allí.

    No obstante, no hay consenso en cuanto a la validez de que esos tribunales puedan impedir a los involucrados recurrir a la justicia del Estado. El tema fue analizado en un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia —que se pronunció sobre una demanda laboral contra el Club Nacional de Football presentada por el ex coordinador de las divisiones juveniles, Roberto Roo— y generó discrepancias entre los ministros, que votaron divididos y reconocieron la “alta opinabilidad” del asunto que debían resolver.

    Para la mayoría, que respaldó los argumentos de Nacional, si el técnico firmó un contrato en el que accedió a resolver los conflictos en los tribunales de la AUF, no puede luego recurrir a la Justicia ordinaria para reclamar. Para los ministros discordes, el derecho al acceso a la justicia es “irrenunciable” y está protegido por la Constitución.

    El caso se inició en 2015, cuando tras ser despedido Roo presentó una demanda laboral en la Justicia reclamando el pago de horas extras, licencia, salario vacacional, y otros rubros que ascendían a más de U$S 600.000.

    Aunque en un Juzgado de primera instancia Roo consiguió una sentencia favorable, un Tribunal de Apelaciones la revocó, porque entendió que la Justicia no tenía competencia en el asunto. El 8 de mayo la Suprema Corte confirmó la sentencia de segunda instancia y liberó a Nacional de pagar los montos reclamados, informó el 18 de mayo el suplemento “Ovación” de “El País”.

    Proceso arbitral.

    Según describe el fallo, en los sucesivos contratos que Roo firmó con Nacional se acordó que regiría el Estatuto del Entrenador de Fútbol, el cual consagra una “cláusula compromisoria” según la cual es competencia del Tribunal Arbitral del Fútbol Profesional —“en forma excluyente a cualquier otra vía”— “entender y fallar en todos los conflictos contractuales individuales entre el club y el entrenador de fútbol de primera o segunda división”.

    No obstante, en su demanda contra Nacional Roo argumentó que el derecho a recurrir a los juzgados especializados en materia laboral es “irrenunciable”, por cuanto está protegido por la Constitución. Además, la cláusula compromisoria fue impuesta al trabajador por la parte dominante en la relación contractual, alegó la demanda.

    La Corte, por una mayoría integrada con los votos de Elena Martínez, Felipe Hounie y Jorge Chediak, no le dio la razón.

    Los ministros argumentaron que según el Código General del Proceso (CGP), “toda contienda individual o colectiva podrá ser sometida por las partes a resolución de un tribunal arbitral”.

    “La amplitud que caracteriza al ámbito objetivo de aplicación del proceso arbitral regulado por el CGP, sin duda constituye un fundamento de peso para sostener que el mecanismo resulta plenamente aplicable a la resolución de los ‘conflictos individuales de trabajo’”, sostuvieron.

    Para los ministros, contrario a lo que alega el recurrente, no puede inferirse que la ley 18.572 (de abreviación de juicios laborales), que establece que “los tribunales de la jurisdicción laboral entenderán en los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo”, “impide a la partes someter sus conflictos a un tribunal arbitral”.

    “Postular lo contrario implicaría desconocer la naturaleza misma del instituto, pues, el acuerdo de partes supone justamente ‘la renuncia a hacer valer ante la jurisdicción ordinaria las pretensiones comprendidas en dicha cláusula”, razonaron los ministros.

    “Es así que, en último grado de análisis, la tesis defendida en la recurrencia conduciría a soluciones absurdas, dejando al proceso arbitral virtualmente sin aplicación”.

    Derechos fundamentales.

    La ministra Rosina Rossi (que integró la Corte por sorteo debido a la vacante que dejó el ministro Jorge Larrieux) y el ministro Ricardo Pérez Manrique no estuvieron de acuerdo con sus colegas y votaron en forma discorde.

    Si bien reconocieron que en los contratos entre Nacional y Roo se pactó la competencia del Tribunal Arbitral del Fútbol Profesional, opinaron que la situación “debe ser analizada a partir del bloque de constitucionalidad de los derechos humanos laborales”.

    La Constitución “garantiza al trabajador la tutela efectiva de sus derechos por parte del Poder Judicial”, sostuvieron. Asimismo, de acuerdo a la ley 18.572 “el derecho a recurrir a los juzgados especializados en la materia, resulta un derecho irrenunciable, integrante del bloque de constitucionalidad”.

    “El problema a resolver”, plantearon, “consiste en determinar la validez de una cláusula contractual pactada por el prestador del trabajo y el Club Nacional de Football a través de la que expresamente se atribuiría jurisdicción a un tribunal arbitral para resolver eventuales conflictos derivados del trabajo, e implícitamente, la marginación de la jurisdicción del Estado, o de la ‘justicia oficial’”.

    Para dilucidar el asunto, dijeron, debe tenerse presente que según la Constitución “el trabajo del hombre y su garantía de tutela constituye un derecho fundamental con independencia de la forma contractual que haya asumido su prestación”.

    “Ello por cuanto se trata de la tutela al ‘trabajo’. Sin adjetivos. Al trabajo y punto”, añadieron.

    A su vez, “la garantía intrínseca de los derechos fundamentales, constituye en sí misma un derecho fundamental que se expresa en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”, un derecho que “opera como garantía de la efectiva realización de otros derechos”, explicaron.

    En ese sentido, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso de todas las personas a la justicia, y en especial de aquellos que estén en situación de vulnerabilidad. Y Roo estaba en una situación vulnerable, sostuvieron, en tanto “al tiempo de signar los contratos, estaba comprometiendo su trabajo personal para el Club Nacional de Football a cambio de una retribución”.

    “Aún mas, considerando los contratos pactados, se observa un ostensible desequilibrio de poder negocial y económico que refuerza la idea de vulnerabilidad social de Roberto Roo al comprometer su trabajo”, añadieron.

    Los ministros discordes concluyeron que “el Poder Judicial como integrante del Estado cumple la función de garantizar los derechos fundamentales de las personas, por lo que la suya es la jurisdicción natural para atenderlos”.

    “Esta función de garantía última del Poder Judicial resulta exacerbada en casos como el presente en los que se visualiza desde el inicio desigualdad de poder entre los sujetos que se vinculan y entre quienes se suscita el conflicto”, sostuvieron. “Porque la desigualdad de poder en la relación sustantiva invade y deslegitima la decisión de aceptar la marginación de la justicia del Estado, de lo contrario, la función de tutela de este, sería meramente ilusoria”.

    Información Nacional
    2017-06-01T00:00:00