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Mientras organizaciones feministas y sectores políticos del oficialismo festejan la aprobación de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ve la norma con “preocupación” porque acarrea “enormes” dificultades de implementación para el Poder Judicial.
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Consultado por Búsqueda, el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, dijo que técnicos de la corporación “están estudiando los requerimientos presupuestales, humanos y materiales que serán necesarios para la implementación, así como el tiempo que insumirá, no deleznable dada su complejidad”.
“No es menor el problema de estar aún procesando la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que ha exigido al límite nuestros recursos”, añadió.
Otras fuentes consultadas precisaron que uno de los principales aspectos que preocupa a los ministros es que la ley, votada el miércoles 13 por todos los partidos políticos, crea Juzgados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual. Estas sedes deberán intervenir en los procesos de protección a las víctimas de violencia, en los procesos relativos a divorcios, pensiones alimenticias, tenencias y visitas, y en las causas penales derivadas de la violencia de género.
De esta manera, la ley crea juzgados que deben estar especializados en varias materias, algo que los ministros de la Corte consideran “imposible” de llevar a la práctica a corto plazo. Es que hoy el Poder Judicial no cuenta con ese tipo de jueces y capacitarlos “requiere de tiempo y recursos”, señaló una de las fuentes. Por otra parte, los integrantes de la corporación discrepan con la solución de ir hacia juzgados que se ocupen de varias materias, cuando el Poder Judicial ha apostado a la especialización.
Además, los ministros consideran que se trata de una reforma compleja que llega en momentos en que la Justicia todavía se está adaptando a una reforma penal de gran magnitud. “Es un despropósito que en este momento el Poder Legislativo tire esto sobre el Poder Judicial. Sin recursos y sin tiempo”, manifestó una fuente. “Aún estamos en procesos de ajustes y correcciones, de cambios de mentalidad”, añadió.
De acuerdo a las fuentes, en la SCJ entienden que el Poder Judicial no fue lo suficientemente consultado sobre el tema por los legisladores.
La Corte planea realizar una conferencia de prensa para pronunciarse sobre el tema e informar de las dificultades que deberán enfrentar para implementar la norma.
Cambios.
La ley, de 98 artículos, fue duramente discutida, sobre todo en la Cámara de Diputados y especialmente respecto al tratamiento penal de los delitos. Su aprobación era reivindicada por organizaciones feministas que piden un abordaje más firme del Estado frente a las desigualdades de género.
La norma incrementa las penas para varios delitos e incorpora otros. Establece, por ejemplo, que quien por medio de la intimidación, presión psicológica, amenaza o fuerza realice un acto de naturaleza sexual contra una persona será castigado con una pena que va de ocho meses a seis años de cárcel.
También incorpora el concepto de abuso sexual especialmente agravado, con una pena de dos a 12 años de penitenciaría. A su vez, castiga con seis meses a tres años de prisión el delito de abuso sexual sin contacto corporal, con menores de 18 años de edad.
Además, aumenta la pena de un tercio a la mitad cuando, en casos de violación o atentado violento al pudor, esté involucrado un familiar o un menor de edad, si la víctima sufre un daño a la salud física o mental, si el autor sabe que es portador de una enfermedad de transmisión sexual o si el hecho se comete con la participación de dos o más personas.
La ley prevé prisión para quien divulgue imágenes o grabaciones con contenido íntimo y contra aquel que, utilizando tecnologías de la comunicación, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.
Por otra parte, la norma abarca aspectos vinculados a la educación para la detección precoz de la violencia de género y temas relacionados con la atención en salud y en el trabajo. Crea la Red de Servicios de Atención a Mujeres en situación de Violencia Basada en Género que brindará atención psicosocial y otorgará asesoría jurídica. Prevé que el Ministerio de Vivienda tenga soluciones habitacionales urgentes para aquellas mujeres en momentos de crisis o en riesgo de muerte y establece que cuando la víctima conviva con el agresor, se podrá ordenar el retiro de este del hogar.
Además, crea el Consejo Nacional Consultivo de Lucha por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres, que deberá asesorar al Poder Ejecutivo en el tema.
