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    Tarda pero llega

    N° 1971 - 31 de Mayo al 06 de Junio de 2018

    La información internacional se ha reducido en Uruguay a un nivel preocupante. Solo se destaca cuando hay imágenes que impactan o un hecho que se relaciona con el país. La globalización informativa es un cuento. Un serio problema, porque los ciudadanos incorporan a su cada vez más reducido acervo solo resúmenes o titulares sin contexto.

    Aunque no es el objetivo de esta columna, cada tanto es conveniente abordar hechos internacionales cuando pueden tener relación con situaciones locales; es bueno mirarse en el mayor número posible de espejos, aunque solo sea para abrir el paraguas.

    La semana pasada terminantes decisiones judiciales convirtieron a España en un símbolo del combate contra la corrupción política. Se trata de la conocida Trama Gürtel, la mayor y más profunda de la democracia española. Se desarrolló al amparo del Partido Popular (PP), hoy en el poder, pero comenzó durante las gestiones del mismo partido cuando fue presidente durante dos períodos José María Aznar (1996-2004). Con ese amparo los criminales establecieron un nido corrupto entre 1995 y 2015.

    La investigación comenzó con la denuncia de un dirigente de segundo orden del propio PP y la activa intervención de la Fiscalía anticorrupción. Se sumaron grabaciones, documentos, testimonios de arrepentidos y cuentas bancarias locales e internacionales.

    Empresarios y gobernantes armaron un conglomerado de negocios nutriéndose de fondos de entidades públicas de diverso tamaño en Valencia, Madrid y Galicia. Fuentes periodísticas coinciden en señalar que el monto de la corrupción en esta causa se estima en casi mil millones de euros.

    Los empresarios se enriquecieron sobornando a funcionarios de todo el país, quienes al mismo tiempo aumentaron su patrimonio sin poderlo justificar. La investigación demostró que el PP se benefició económicamente para financiar sus actividades, para lo cual utilizó una “caja B”. Con ese dinero el PP financió su espectacular sede central en la calle Génova de Madrid.

    El fallo de la Justicia convirtió al PP en el primer partido político acusado como persona jurídica. La sentencia le atribuye daños informáticos y encubrimiento de la destrucción de los discos duros de la computadora de su sede partidaria en los que estaba registrada la información sobre la “caja B”.

    A lo largo de 1.687 fojas de una sentencia —farragosa, pero minuciosa, reveladora y contundente— la Audiencia Nacional condenó a 29 de los 37 acusados a penas que totalizan 351 años de cárcel. La mayor es para el empresario Francisco Correa a 51 años de cárcel, seguido con 33 años por el extesorero del PP Luis Bárcenas, conocido en algunos documentos como Luis el Cabrón. Entre los acusados hay empresarios, exalcaldes y exministros.

    Esos años de condena son para las candilejas. La ley establece que nadie podrá superar los 20 años y que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido.

    Aún se pueden plantear recursos ante el Tribunal Supremo, pero a la responsabilidad política no hay quien la mueva. El fallo sepulta política y moralmente al actual gobierno de Mariano Rajoy y siembra de responsabilidad a los anteriores de Aznar. Durante esos gobiernos, Rajoy fue ministro en diversas carteras además de vicepresidente. Para coronar la torta, el fallo también le atribuye a Rajoy haber mentido cuando declaró como testigo.

    La Audiencia decidió la prisión preventiva de varios de los condenados y ordenó retirarles el pasaporte a otros y presentarse periódicamente mientras continúa el proceso.

    Para la Audiencia está probado que entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el PP se tejió “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación” de organismos del Estado y locales mediante. Para ello se produjo una “continua relación con influyentes militantes de dicho partido” que tenían “posibilidades de influir” en las tomas de decisión.

    El fallo, que surge casi una década después de las primeras acciones judiciales, demuestra que el apuro —una compulsión de los políticos de cualquier país por obtener rápidas sentencias para usarlas electoralmente contra tus rivales—, no es lo que importa. Lo central es llegar a la médula con garantías para todos. Tarda pero llega.

    Durante todo el proceso tanto Rajoy como los dirigentes del PP, arrogantes, desafiaron a probar los delitos, reivindicaron la inocencia de sus dirigentes y sostuvieron que la investigación era una conspiración socialista contra su partido amparada por algunos jueces y la Fiscalía General. Ahora, pese a la contundente sentencia, se empeñan en no admitir que padecen una metástasis.

    Como si lo de Gürtel no fuera suficiente, esa misma semana, por otra causa, fue detenido en Valencia el expresidente de la Generalitat de Valencia entre 1995 y 2002, Eduardo Zaplana. Luego de su presidencia, fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Aznar. En el momento de ser detenido —como varios políticos españoles de primera línea recibió el refugio de la empresa privada— ocupaba el cargo de adjunto al secretario general de Telefónica.

    Fue enviado a la cárcel sin fianza imputado de varios delitos, entre ellos sobornos por 10,5 millones de euros que blanqueó luego de tenerlos ocultos en Panamá mediante la intervención de empresas que sus testaferros gestionaron en Uruguay. En 2000 Zaplana sostenía que en el PP a “quien mete la mano en la caja (en los países desarrollados no hay lata) se la cortamos”.

    Ni Rajoy ni otros dirigentes del PP han admitido que gobernantes del partido hayan integrado la trama corrupta. ¡Cómo podrían en una sociedad en la que los delitos de los políticos se convirtieron en algo normal! En todo caso, algún dirigente responsabilizó “al pasado” y se ha justificado en que los hechos “ocurrieron hace mucho tiempo”. Eligen huir hacia adelante intentando desviar la atención sobre los hechos centrales.

    En el terreno político esto recién empieza. Antes de las sentencias, según diversas encuestas, el PP perdió entre cinco y siete puntos respecto de las elecciones de 2016, mientras que el primer lugar se lo disputa Ciudadanos, un partido de centroderecha fundado en 2006 conducido por el carismático Albert Rivera. Creció 10 puntos respecto a las anteriores elecciones y los socialistas bajaron dos puntos.

    Sin darle tiempo al gobierno de recuperarse de los estertores que le provocó el fallo judicial, el Partido Socialista (PSOE) presentó una moción de censura contra Rajoy. Pretende que se convoque a elecciones anticipadas y que su secretario general, Pedro Sánchez, ocupe la presidencia. Obtener la mayoría de votos para la censura es una tarea casi imposible. Sin embargo, la sentencia judicial, el acoso político de socialistas, de Ciudadanos y del izquierdista Podemos, sumado al desánimo y descreimiento de muchos dirigentes, dejan pocas dudas sobre el futuro del PP. Rajoy camina sobre un campo minado por el mismo.