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La Fiscalía de Delitos Económicos resolvió archivar la denuncia de la bancada del Frente Amplio contra jerarcas del Gobierno Nacional por “eventuales delitos” en la concesión de la Terminal Portuaria Especializada a TCP y el acuerdo celebrado con la firma belga Katon Natie, socia del Estado en TCP. Según el dictamen fiscal, “las conductas que se pretenden imputar carecen de relevancia jurídico-penal, no encontrando elementos para la configuración objetiva y subjetiva del tipo penal”.
En buen romance, el Frente Amplio presentó una denuncia penal sin fundamentos jurídicos ni fácticos que la Fiscalía luego de investigar declaró carente de mérito y de derecho.
El episodio pone punto final al infame relato elaborado por dicha fuerza política como venganza a la fallida interpelación que intentaron contra el exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber a mediados del año 2021, el cual fue respaldado por la mayoría de la Cámara de Senadores en su legítimo proceder, al igual que en la política seguida por el Poder Ejecutivo en materia portuaria.
La denuncia elaborada por la minoría opositora se trató a nuestro entender de una maniobra comprendida en lo que hoy se conoce como “judicialización de la política” —práctica invertebrada importada del país vecino—, que en forma lamentable se ha convertido en costumbre nacional para algunos sectores políticos que utilizan la mala fe o “mala leche” como argumento a falta de ideas y de razones de derecho.
La finalidad de esta manganeta o “chicana” (en la jerga del derecho) consiste en instalar “un relato” y una campaña de desprestigio y enchastre contra altos cargos del gobierno nacional, la cual una vez lanzada a la opinión pública se mantiene en cartel, agregando condimentos con el paso del tiempo (conocido como ampliación de denuncia), en forma totalmente irresponsable. Apuntalan esa campaña con reportajes y fotos en los medios de algunos personajes, que se asemejan a modernos Torquemadas criollos en una cruzada inquisitoria, amenazando con su dedito levantado en tono acusador (en este caso nos referimos a su figura visible, el senador Charles Carrera). Son culpables, dice, de fraude, falsificación, corrupción etc…”, salvo que demuestren su inocencia”. Claro está, no faltaba más.
Los ciudadanos de buena fe tuvimos que asistir por casi un año y medio a la catarata de agravios de esos conspicuos personajes todólogos, la bancada de senadores del Frente Amplio, del presidente de la coalición, Sr. Pereira, de miembros del PIT-CNT, de autoproclamados candidatos como el canario Orsi, de notorios publicistas que responden a esa fuerza. Escuchar en radio y TV, en la prensa compañera, rasgarse las vestiduras aclamando que: “Se vendió el Puerto de Montevideo. Se entregó la soberanía nacional. Se mintió. Se incumplió la Constitución. Se infringieron las leyes portuarias. Se incurrió en falsedades. Que no era necesario transar ningún juicio internacional. Se favoreció a empresa extranjera. Se violó la libre competencia, etc.”, al más clásico estilo goebbeliano.
Todo este fárrago de embustes, medias verdades tergiversadas, interpretaciones subjetivas, calificativos canallescos, sirvieron para crear un clima propenso a inducir a la ciudadanía en error e intentar presionar no solo a la opinión pública sino indirectamente a las autoridades de los poderes independientes, como es el caso del Poder Judicial, llamado a dirimir en el plano jurídico diferencias y reclamos de partes con legitimación activa, y por supuesto a los funcionarios con independencia técnica encargados de la faz acusatoria ante la presencia de evidencia de actos ilícitos —lo que no fue el caso que nos ocupa.
No le alcanzó al Frente Amplio con la opinión del Poder Ejecutivo, del Consejo de Ministros, de los legisladores de la coalición de gobierno en el Senado, con el dictamen de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República, con la opinión de la Jutep, con la posición dominante de la más célebre doctrina nacional de derecho administrativo, constitucional y comercial. No, había que mantener la fantochada en cartel, agrandar “la grieta en términos porteños”. Que no es grieta sino política barata antinacional.
Y ahora, como si fuera poco, criticar al Sr. Fiscal actuante anunciando recursos y expresión de agravios absolutamente inconducentes y también ajenos a derecho, como lo ha hecho en la prensa el senador Bergara, vocero de aquellos.
Nunca buscaron un debate de ideas y posiciones jurídicas por lo alto, no, siempre con mala leche, juego sucio, cancha embarrada, jugando con el honor de las personas, de nuestros gobernantes. Cobardía demostrada además al intentar atacar al presidente de la República con tiros por elevación contra sus ministros y prosecretario del órgano presidencial, olvidando que fuera el propio presidente quien se responsabilizó en forma pública de todo lo actuado. ¿Acaso no hubiera sido menester plantear un juicio político como marca la Carta Magna si tamaños infundios hubieran tenido asidero?
Esperemos entonces que, confirmado el hecho, los aludidos personajes tengan la honorabilidad y dignidad de pedir disculpas, de retractarse, de reconocer ante los funcionarios agraviados de palabra y de hecho la existencia del equívoco, de una denuncia redactada vaya a saber por qué sabios asesores, y así reivindicar sus nombres. Eso sería un gesto noble y digno de política honesta… pero no lo vemos por la tormenta, como decía un ciego.
Este triste episodio de demagogia política, utilizando los Poderes del Estado para dirimir venganzas políticas, ese juego de judicializar en sede penal todo aquellos actos de gobierno y administración respaldados por las mayorías constitucionales, fundadas en razones jurídicas y de conveniencia nacional, termina por horadar las instituciones republicanas, instalando prácticas políticas reñidas con nuestras más preciadas tradiciones republicanas, siendo más afines a las prácticas de los regímenes totalitarios de cuño marxista-leninista que no queremos para nuestra Nación.
