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Entre las 74 empresas del sector de servicio de entrega de comida a domicilio que a fines del año pasado fiscalizó la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, 11 solo se encargaban de suministrar personal de reparto. Además, seis no tenían repartidores y 25 estaban integradas a la negociación colectiva pero bajo el grupo de cafetería (con costos menores); otras 39 integraban el grupo de restaurantes, cafés, bares, pubs y rotiserías.
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Más de la mitad de las firmas de delivery fiscalizadas carecían de cobertura del Banco de Seguros del Estado y 36% no habían registrado a su personal en el Banco de Previsión Social. La inspección también constató que para el 60% de los trabajadores esa actividad constituye su único ingreso y que casi la totalidad es dueño de su moto, asumiendo los costos de combustible y mantenimiento.
El gobierno pretende cambiar esa realidad, que también preocupa a algunos sectores empresariales. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social instalará en febrero un grupo de trabajo que, entre otros puntos, buscará igualar condiciones entre bares y restaurantes con repartidores en sus planillas, y las firmas que solo se encargan de proveer motonetistas a través de aplicaciones de Internet.
“Tenés reglas de salarios y condiciones que son más caras para los prestadores del servicio de delivery que en aquellos donde el cliente llama a una aplicación que se encarga de levantar el pedido de una pizzería. Son empresas grandes y con costos menores que compiten con la pizzería del barrio”, explicó a Búsqueda el titular de la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social, Gerardo Rey.
El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu) propuso discutir modificaciones a los Consejos de Salarios, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicio. La propuesta que se acuerde será elevada a la Dirección Nacional de Trabajo.
“Es un planteo de Cambadu que comparto plenamente. Esto tiene que ver con el compromiso de trabajo decente que firmaron el PIT-CNT y las cámaras (empresariales). Es para que no se compita en condiciones ventajosas a favor de las aplicaciones que, por la vía de los hechos, terminan imponiendo políticas comerciales no decididas por las empresas”, agregó el jerarca.
El grupo tripartito que se reunirá en febrero creará también un plan de capacitación con la Unidad Nacional de Seguridad Vial que, además, habilitará a los trabajadores a acceder a financiamiento del Fondo para el Desarrollo (Fondes) para la compra de los contenedores isotérmicos en donde se trasladan los alimentos. “En la fiscalización encontramos cualquier cosa”, señaló Rey.
“Necesitamos un gancho, no podemos ir solo por la vía de la fiscalización sino que tenemos que ir hacia un trabajo de promoción de la formalización. La idea es elaborar un registro de quienes recibieron esa capacitación, porque tal vez podamos evolucionar para que sea una condición para la contratación”, añadió.
Según la Encuesta Continua de Hogares de 2014 existen 1.400 conductores de motos de reparto, casi la mitad en Montevideo. De las inspecciones surgió que la mayoría de los trabajadores se desempeñaban sin elementos de protección personal o en mal estado, y algunos tampoco exhibieron libreta de conducir. La mesa tripartita espera discutir también quién asume el costo de una multa de tránsito (Cambadu planteó que lo hiciera el trabajador).
Sumando las realizadas al sector de delivery, en 2015 la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social efectuó 17.002 fiscalizaciones, 15% menos que el año anterior. La baja se debió a la jubilación de varios inspectores, explicó el titular de esa repartición.
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