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    Trabajo obligatorio en las cárceles

    Sr. Director:

    Días atrás, una senadora del Partido Nacional (la señora Verónica Alonso) y un diputado de ese mismo partido (el señor Pablo Iturralde) se han reunido con el ministro del Interior para informarle de que promoverán una ley de trabajo obligatorio en las cárceles uruguayas. Ese trabajo, según informaron los medios de comunicación, se realizaría en empresas, parques industriales, etc., cercanos a las cárceles, y según declaraciones a los medios por parte de la senadora Alonso, las empresas que utilicen trabajo de los presos “tendrían beneficios fiscales”.

    Se menciona, además, en las declaraciones públicas de los proponentes de la nueva ley que el trabajo obligatorio de los presos ya existe en EEUU, Guatemala, Brasil, México y Finlandia. Si bien no tengo constancia de que en Finlandia y en EEUU (quizás en algunos estados) sea obligatorio el trabajo en las cárceles o de que lo obligatorio sea que el Estado ofrezca a los presos los medios para que quienes lo deseen puedan trabajar (algo totalmente distinto), poner como ejemplo a seguir los sistemas carcelarios de Brasil, Guatemala o México parece una broma, por decir lo menos. En todo caso, no hay que olvidar que también era obligatorio el trabajo de los presos destinados a ser remeros forzados en las galeras durante los siglos XVII y XVIII, o el trabajo en los campos de concentración nazi, o en los gulag soviéticos de la época de Stalin, o en los campos de “reeducación” de Laos-Camboya hace algunas décadas o como es ahora en Corea del Norte y como fue hasta hace pocos años en las cárceles de El Salvador hasta que el sistema salvadoreño fue cuestionado fuertemente por la OIT y la OEA, ¿también son esos ejemplos a seguir?

    Desconozco si los parlamentarios han desarrollado ya los aspectos específicos de su propuesta y, en caso de que lo hayan hecho, si la misma considera cuestiones tan concretas como las siguientes: ¿Quiénes estarían obligados a trabajar, todos los presos, incluidos aquellos que aún no han sido condenados? ¿Solo los presos que tienen condena firme? Si fuesen todos los presos los que estuviesen obligados a trabajar, entonces habría que preguntarse ¿por qué obligar a trabajar a quien está acusado de un delito, pero no está sentenciado? ¿Y si al final del proceso es declarado inocente? Además, ¿las empresas pagarán un salario? ¿Quién recibirá ese salario, el preso, el sistema penitenciario pero no el trabajador preso? ¿Si fuera esto último, no estaríamos ante una forma de trabajo esclavo? ¿Qué ocurriría con los presos a los que, a diferencia de los demás, no se les ofrece un trabajo? ¿Reclamarían un salario compensatorio al sistema penitenciario? ¿Por qué ellos no y otros sí?

    De todas maneras, sea cual sea el contenido específico de la propuesta, es evidente que el simple hecho de que se trate de trabajo obligatorio hace que la propuesta sea contraria al ordenamiento jurídico internacional, con independencia de cuál sea el origen de la pena impuesta al reo o el momento procesal en el que el mismo se encuentre.

    Así, la propuesta Alonso-Iturralde choca con el artículo 1º del Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso del año 1930, que establece que “todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas”.

    Si bien el artículo 2 de dicho Convenio Nº 29 establece que el término “trabajo forzoso” no comprende “(…) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial(…)”, también se aclara en el mismo artículo que procede la prestación de ese servicio o la realización de ese trabajo “a condición de que este (…) se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado”.

    Es evidente que la propuesta de Alonso-Iturralde de que los presos trabajen en empresas privadas y de que estas reciban a cambio beneficios fiscales, colisiona frontalmente contra lo establecido en este artículo del Convenio Nº 29 de la OIT.

    Pero la propuesta no solo colisiona con las normas de la OIT sobre derechos fundamentales en el trabajo, sino que también desconoce lo que está establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo”), así como en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966 (“Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”).

    Sorprende que en un país defensor de las libertades como es, sin duda, Uruguay miembros de un partido político (el de los proponentes de la ley) que utiliza como uno de sus lemas el ser “defensores de las leyes”, quieran establecer un régimen de trabajo forzoso en las cárceles; régimen que claramente viola derechos humanos de las personas privadas de libertad (no se sabe si incluso de las que no están condenadas), y promover formas de trabajo más propias de las épocas de la esclavitud que del Uruguay de hoy.

    Es cierto que la opinión pública reclama soluciones al problema de la seguridad ciudadana y que, en el caso de las cárceles, muchas personas consideran que hay una enorme ociosidad por parte de los presos que acaba fomentando el espíritu delictivo de los mismos, motivo por el cual debiera promoverse que los presos trabajen y se eduquen. Sin embargo, es responsabilidad de los políticos buscar soluciones que no tiendan —como en este caso— a generar problemas ulteriores, como es convertir un deber (el de trabajar) que tiene que ser asumido voluntariamente en una obligación que el preso tendría que asumir forzosamente. Tratándose del trabajo, la libre elección del mismo es la línea que separa el trabajo digno y libre del trabajo esclavo. Es por ello que los ciudadanos deben estar atentos —a pesar de sus legítimas reclamaciones de soluciones a problemas reales— a que las iniciativas que les proponen los representantes políticos sean constructivas y viables y no generadoras de mayores problemas y, en última instancia, lesivas para los intereses de los propios ciudadanos que reclamaron abordar el problema en cuestión. De no ser así, por querer solucionar un problema (que nadie duda que existe) se puede acabar convirtiendo las cárceles uruguayas en verdaderos campos de concentración, lo que en la práctica equivaldría a denunciar la ratificación por parte de Uruguay del Convenio 29 de la OIT y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales.

    Daniel Martínez Cué

    Ex Director Regional de la OIT para América

    Latina y el Caribe

    Cartas al director
    2017-06-15T00:00:00