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    Transferencias a la seguridad social e intereses consumieron casi medio presupuesto del 2019; educación fue 5,8% del PBI

    El Estado hace gastos “que uno no se los imagina ni en su casa ni en su empresa”, cuestionó el subsecretario de Economía

    Ya casi completado el trámite de aprobación de la ley de urgente consideración —que tiene algunos artículos relacionados con el manejo fiscal— y entregada al Parlamento la Rendición de Cuentas, la atención de las autoridades económicas se enfocó en el próximo Presupuesto quinquenal que debe presentarse antes de setiembre. La crisis por el Covid-19, que produjo más gastos y afectó la recaudación de impuestos, reforzó la determinación del gobierno de que será un proyecto “muy restrictivo” y que buscará la “eficiencia” en el uso de los recursos. Eso supone cortar con la “rutina” de asignar dinero a cada inciso tomando como punto de partida lo que ya estaba dado e incrementarlo, y estipular compromisos de gestión que permitan medir con más claridad el cumplimiento de los objetivos, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.

    Los jerarcas del Ministerio de Economía (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que coordinan la elaboración presupuestal, iniciaron la semana pasada los primeros contactos con las distintas secretarías de Estado, y las reuniones siguieron en los últimos días. El mensaje es que cada repartición tendrá que “priorizar” las temáticas de interés, dada la restricción del gasto, indicó uno de los informantes.

    En el equipo económico tienen la convicción de que es posible lograr un uso más eficiente de los dineros públicos, a la luz de situaciones que van conociendo. Así lo reafirmó el subsecretario del MEF, Alejandro Irastorza, entrevistado el viernes 3 en Radio Carve. Describió la situación de las finanzas públicas como “insostenible” y recalcó la necesidad de bajar el gasto. Agregó: “Independientemente de que tuvimos una muy buena emisión (de bonos hace pocas semanas), es endeudamiento. Bienvenido (el dinero), porque es muy necesario, pero tenemos que pensar ahora en el presupuesto”, siendo “creativos y no dar por bueno lo que viene”. Irastorza ejemplificó cómo se llevará adelante esa lógica para asignar recursos con los términos que, dijo, usó para explicarle a un amigo: “Uno recibe la factura del cable; ahí uno tiene un pack de (canales de) deporte, un pack de salud, un pack de moda, un pack de informativos. De esos cuatro, nuestro programa (de gobierno) no va por este lado, lo recorto por ahí (…). Y esto sí, y capaz que te lo refuerzo”.

    Luego fue crítico con cómo se venía manejando el presupuesto. “Hemos tenido reuniones con muchas oficinas del ministerio y nos han informado que hay gastos que uno no se los imagina ni en su casa ni en su empresa. ¿Y por qué en el Estado sí? Compras que a veces se precisan 100 y se compran 1.000. Y después se reitera la otra compra por 1.000 más”. La intención es “apuntar al número chico, al mediano y al grande” para obtener mejoras en la eficiencia del gasto, subrayó el subsecretario de Economía.

    Desvío presupuestal.

    También en el informe económico que acompañó el proyecto de Rendición de Cuentas de 2019, presentada la semana pasada al Parlamento, el nuevo Poder Ejecutivo planteó cuestionamientos a la gestión fiscal del último gobierno del Frente Amplio. “A lo largo del período 2015-2019 no solo se encuentran diferencias puntuales, sino una trayectoria de signo opuesto a la prevista” al planificar el Presupuesto, objetó. Recordó que planeaba que habría una disminución del déficit al equivalente a 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2019 (desde 3,5% en 2014), cuando en los hechos aumentó a 4,7%, sin considerar los ingresos extraordinarios por la desafiliación de las AFAP de los llamados cincuentones. Y acotó que en las sucesivas rendiciones de cuentas “este problema fue siendo reconocido parcialmente, pero sin que lograra corregirse el importante deterioro fiscal”.

    El gasto presupuestal ascendió a $ 587.175 millones en 2019 (US$ 16.657 millones, calculados al tipo de cambio promedio del año), lo que significó un incremento de 1,7% por sobre la inflación (en términos reales). En relación al PBI, ese monto equivale a 30,6%. Algo más de la mitad (54%) de ese gasto se destinó a “funcionamiento”, mientras que 40% correspondió a costos del personal (remuneraciones y contribuciones sociales); el resto fueron inversiones.

    Rubros y objeto de gasto

    Según una agrupación del gasto por áreas realizada por Búsqueda, en 2019 —el último año completo de la segunda administración de Tabaré Vázquez— las transferencias a la seguridad social fueron el principal rubro, que absorbió el 23,4% del total. En relación al PBI, eso es más de 7%.

    La “Educación y cultura” —que incluye al ministerio, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, el Instituto del Niño y el Adolescente y el Instituto de Inclusión Social Adolescente— fue otra área relevante del gasto: 18,8% del total y 5,8% del Producto. El compromiso del gobierno del Frente Amplio era “tender” hacia un presupuesto educativo equivalente a 6% del PBI.

    Los intereses de la deuda pública consumieron casi 10% del presupuesto o 3% del Producto en 2019. Eso es más que lo gastado en “Seguridad y defensa” (8,4% del total y 2,6% del PBI).

    La propia Rendición de Cuentas discrimina el gasto —de funcionamiento e inversiones— ejecutado en 2019 según 18 “áreas programáticas”: “protección y seguridad social” representó 26,8%, “servicios públicos generales” 25,4%, “educación” 17,2% y “salud” 12,4%.

    La información es presentada también por “objeto” de gasto, una categorización más detallada por rubros. Por ejemplo, el año pasado se destinó el equivalente a casi US$ 64 millones en “servicios de vigilancia y custodia”, US$ 10 millones en prendas de vestir y unos US$ 50 millones en viáticos dentro del país. Pero los principales fueron “productos medicinales y farmacéuticos” (US$ 138 millones) y “alimentos para personas” (US$ 100 millones).

    El gobierno de Vázquez también incurrió en “gastos extraordinarios” por US$ 12,5 millones y US$ 6,3 millones computados como gastos por “acontecimientos graves o imprevistos”.

    El rubro “sentencias judiciales” (US$ 33,1 millones) consumió algo más de presupuesto que los pagos por los contratos de participación público-privada (US$ 29,5 millones).