Tras críticas de estudiantes, egresados y docentes, la Universidad de la República revisará si sigue aceptando becas de un banco privado

Antes de la firma del programa, denominado “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado”, la Universidad intentó establecer que sus estudiantes fueran de intercambio solamente a otras instituciones estatales, exigencia que fue negada por el Santander. Finalmente, ambas partes negociaron que los alumnos de la Udelar acudieran a universidades integrantes del programa pero con las cuales la estatal ya tuviera además convenios independientes.

“No vamos a aceptar esta donación por lo que implica una donación de una banca privada. Podemos ver fácilmente cuáles son los intereses que hay detrás, como el hecho de que las universidades a las que el estudiante puede ir en realidad son las que el grupo Santander tiene como disponibles. Por ejemplo, Bolivia no es parte del plan porque Santander se retiró de ahí en 2005, Cuba porque ahí no existe la banca privada, Ecuador porque Santander no tiene filiales, Venezuela tampoco porque fue nacionalizado. Y después hay otros como El Salvador, Nicaragua o Guatemala que al Santander no les debe interesar”, afirmó Valeria Sánchez, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

“Los intereses del programa lejos están de los valores que tenemos en la Universidad. Están vinculados con el mercado laboral y con nada de eso estamos de acuerdo”, añadió.

Esa postura fue acompañada por los egresados, quienes argumentaron que los criterios con que el Santander elige las universidades que forman parte del programa son “arbitrarios y no responden a nada académico sino a concepciones políticas o de rendimiento económico, pero no a criterios universitarios”.

La misma posición tuvo el orden de docentes, que cuestionó además que las becas se otorguen de acuerdo con normas del Ministerio de Economía para donaciones especiales. “Tenemos una posición negativa de este mecanismo. Del orden del 80% del dinero que es donado es deducido de impuestos, lo cual es una cifra significativa”, opinó Marcelo Cerminara.

Finalmente resolvieron aceptar la donación, pues al haber firmado el acuerdo la Universidad está obligada a respetarlo, pero elevaron el tema a la Cricri “para que revise cuidadosamente esta política a la luz de los elementos” aportados.

El propio rector Roberto Markarian dijo que aprobó la donación porque es parte de “un proceso imposible de volver atrás”, pero manifestó su “sorpresa de que el acuerdo haya avanzado tanto sin que se haya consultado” a los organismos centrales de la institución.

En esa línea, Calabria reclamó que en el futuro la Universidad fije claramente sus políticas para este tipo de acuerdos. “Con quién nos queremos vincular y para qué. Es un tema que tenemos que definir. En algún momento debemos tomar definiciones para que las facultades vean a dónde estamos orientando nuestras políticas. Porque que la ANII o el Latu pongan plata no quiere decir que debamos aceptarlo”, manifestó.

Calabria se refería por un lado a un convenio sobre estructuras y construcciones con madera que involucra al Latu, la Facultad de Ingeniería de la Udelar y la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT, que también fue discutido el martes por el CDC con reparos de la FEUU.

El otro acuerdo se dio en abril, cuando a pedido de la Universidad los Ministerios de Educación y Relaciones Exteriores renegociaron una cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad de Stanford, que no permitía la participación de residentes o ciudadanos de un país embargado por Estados Unidos.