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El 2021 terminó sin un avance claro en las negociaciones políticas para la integración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El posible acuerdo, a la espera de una respuesta de Cabildo Abierto, ya era muy improbable, y el usual parate de verano del sistema político hizo el resto. El humo blanco no apareció.
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En medio de las negociaciones frustradas, Cabildo Abierto aceptó la propuesta ya aprobada por blancos, colorados y frenteamplistas de llevar a Rosina Rossi a la SCJ, y a Ángel Cal y Beatriz Venturini al TCA, pero con una salvedad: que la coalición tuviera la potestad de elegir el fiscal adjunto mientras permanece en el cargo interinamente Juan Gómez, aseguró a Búsqueda el senador cabildante Raúl Lozano. El planteo cabildante no contaba con el aval del Frente Amplio, por lo que la negociación cayó. “Ni siquiera nos llegó esa propuesta”, dijo a Búsqueda la senadora Lucía Topolansky, que subrayó que la ley indica que el adjunto debe ser designado por el fiscal de Corte.
El miércoles 26 se cumplieron los 90 días de plazo que fija la Constitución para que, de no haber designación, asuma en la SCJ el ministro de apelaciones más antiguo. De esa manera, Doris Morales, exministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1er turno, asumió formalmente como nueva integrante de la corporación, aunque aún resta que preste juramento ante la Asamblea General.
El criterio de Cabildo Abierto se basaba en que Rossi era un nombre de agrado para el Frente Amplio y que ya había sido propuesta por la coalición de izquierda en otras ocasiones, por lo que la oposición hubiera salido ganando en el acuerdo, explicó Lozano. A su vez, consideró que Morales “estaba en su derecho a acceder al cargo” que quedaba vacante tras la jubilación del ministro Luis Tosi. Rossi, por su parte, ingresará por antigüedad al TCA.
Varios legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional ven con buenos ojos el ascenso de Morales, de quien destacan su “solidez técnica”. Topolansky celebró que acceda a la SCJ una jueza “laboralista” y en filas nacionalistas recordaron que Morales se pronunció a favor de la constitucionalidad del delito de asonada cuando integró la SCJ por sorteo, durante la polémica en 2013 por los incidentes en la ceremonia del pasaje de la exjueza Mariana Mota a la órbita civil. En esa oportunidad, la jueza quedó en posición discorde frente a la mayoría de los magistrados que consideraron inconstitucional ese delito.
La confirmación de que finalmente ingresaría Morales también fue bien recibida en la Suprema Corte. Fuentes de la corporación la describieron como una persona “muy trabajadora”, con “gran rigurosidad técnica” y un bajo perfil, por lo que no esperan que asuma un rol público activo en el máximo tribunal. Otras fuentes destacaron que no tiene una personalidad confrontativa y que por lo tanto contribuirá a atenuar la tensión en la interna de la Corte.
Como contracara, el fracaso del acuerdo en el Parlamento dejó sensaciones de preocupación en el Partido Nacional y fue visto como un “sacudón en contra”. El senador Sergio Botana dijo a Búsqueda que este “trancazo” habla de una “falta de inteligencia del sistema político”, de “incapacidad de resolver” y “falta de liderazgo”. A su juicio, “se está optando por no construir antes de que el otro tenga algo” y cree que eso refleja que el sistema político está “enfermo”.
En tanto, en el Frente Amplio, Topolansky responsabilizó al oficialismo por la falta de acuerdo. Se preguntó si será posible construir alguna política de Estado en esta Legislatura, y apuntó que el cortocircuito sucede en medio de críticas al Poder Judicial por parte de algunos actores de la coalición.
Alternativas
El Parlamento todavía tiene pendiente una eventual designación del nuevo fiscal de Corte, y la renovación de cargos en el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Este último organismo es de particular interés para Cabildo Abierto, que ha insistido en que se apruebe la venia de la abogada Sandra Chá como futura ministra. Pero la negociación allí no está cerrada, porque aún no hay acuerdo entre oficialismo y oposición sobre a quién le corresponde la suplencia del presidente de la Corte, José Arocena.
Respecto a la Fiscalía, la actual gestión interina genera apoyos en todo el sistema político, pero en la coalición hay quienes creen que es una buena oportunidad para designar un nuevo fiscal de Corte, teniendo en cuenta que Gómez se jubilará en 2025.
Cuando comenzó a complicarse la discusión por la posible sucesión de Jorge Díaz en la Fiscalía, en la interna de la coalición comenzó a revivir un proyecto presentado por varios legisladores colorados en 2020, e impulsado principalmente por el diputado y exfiscal Gustavo Zubía. El proyecto busca convertir la conducción de la Fiscalía General de la Nación en un organismo colegiado, conducido por un directorio de tres miembros. Ese directorio, dice el proyecto de ley, será presidido por el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, pero además habrá allí otros dos fiscales letrados que serán elegidos por el Poder Ejecutivo, y requerirán una venia de la Cámara de Senadores, con el voto de tres quintos de sus componentes o de mayoría absoluta en un segundo intento, 60 días después.
El proyecto se basa, según su exposición de motivos, en que el nuevo Código del Proceso Penal “deja únicamente en manos del Fiscal la persecución penal”, y “centraliza en su competencia una capacidad de dirección muchísimo mayor que los Fiscales de Corte de la época en que la Fiscalía era una unidad ejecutora del Poder Ejecutivo”.
Durante 2020, tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado se manifestaron a favor del proyecto, y a pesar de la renuncia de Díaz el año pasado, ambos partidos siguen pidiendo que se trate la iniciativa. “Nos parece más democrática esta postura, que podría reflotarse”, dijo a Búsqueda Lozano.
En una misma línea, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se expidió a favor del proyecto en agosto de 2020. El diputado colorado Ope Pasquet dijo a Búsqueda que en un primer momento, cuando comenzó la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, “se requería una acción administrativa enérgica”, que era preferible ser ejecutada bajo una fiscalía “unipersonal”, pero es posible pasar a una nueva fase, con formato colegiado, lo que cree que “suma a las garantías del sistema”.
El Frente Amplio está en contra de la propuesta. “No existe en el mundo eso. Es politizar el sistema de justicia. Es un disparate”, dijo el senador Charles Carrera.
El proyecto comienza ser estudiado por algunos legisladores de la bancada nacionalista, bajo el entendido que ante la hasta ahora “falta de acuerdos”, un mayor número de designaciones podría ayudar a descomprimir las negociaciones. Si bien un apoyo del Partido Nacional a la iniciativa puede ser definitorio, las aguas están divididas en filas blancas.
Mientras que la senadora Graciela Bianchi dijo que ven con “interés” la propuesta, su par Sergio Botana admitió que no le gustan los colegiados “por un tema de principios”, aunque aclaró que tampoco tiene una resistencia “gravísima” al proyecto. Incluso, reconoce que la “carga” que actualmente tiene el fiscal de corte “puede ser excesiva” pero se preguntó si “tres fiscales resuelven más que uno”, y consideró que la tarea “tiene una parte ejecutiva importante”. En el partido todavía no hubo reuniones de análisis formales pero sí “conversaciones” bilaterales.
El proyecto tiene su escollo más grande en la Torre Ejecutiva. El presidente Luis Lacalle Pou declaró en agosto de 2020 que no estaba a favor de una Fiscalía colegiada, y según dijeron integrantes de la bancada nacionalista, “a priori” sigue sin respaldar la propuesta. Sin embargo, dadas las actuales circunstancias, admiten que eso no implica que el proyecto quede descartado, y menos teniendo en cuenta el apoyo que tiene del resto de la coalición.
