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    Tratado de patentes beneficiará a investigadores y pequeñas empresas; el temor de laboratorios nacionales “no tiene validez”

    Uruguay está entrando “por la ventana”, dijo Sandra Varela, encargada del Área Patentes y Tecnología de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNPI) del Ministerio de Industria.

    La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República se tuvo que asociar con una empresa uruguaya con sede en Estados Unidos, mientras un investigador uruguayo tuvo que usar su segunda nacionalidad, la española, para poder ingresar una solicitud de patentes mediante un sistema internacional del que Uruguay aún no es parte y ambos lo hicieron con la “ayuda” del la DNPI, contó Varela. Los uruguayos han tenido que “ceder o compartir” la titularidad con un extranjero o con una empresa con domicilio en un país miembro.

    Uruguay no es parte del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) que rige ya en 152 países del mundo. Ese es un sistema de presentación de solicitudes de patentes de invención administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) que entró en vigor en 1978. Si Uruguay formara parte, podría acceder al descuento del 90% del pago del trámite ante la OMPI que lo administra y beneficia a países en desarrollo. En cambio, los uruguayos debieron pagar por la solicitud en Estados Unidos US$ 3.600, mientras que por algo similar en Brasil se pagan US$ 600.

    El Poder Ejecutivo envió en marzo al Parlamento el proyecto de ley para la adhesión de Uruguay al PCT, pero las aguas están divididas. La Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) está en contra y entiende que pone en riesgo a los locales ante la injerencia de las multinacionales. Integrantes del Frente Amplio, como la senadora Constanza Moreira y el exencargado de patentes José Antonio Villamil, se oponen a que Uruguay sea parte. El PCT es uno de los puntos sobre la mesa en las negociaciones del tratado de libre comercio (TLC) con Chile y requisito también de la Unión Europea.

    Importante.

    Una patente de invención es un título que otorga el Estado que concede derechos exclusivos por una duración limitada en un territorio. El sistema busca un “equilibrio entre la divulgación y la protección”, dijo Varela. Funciona como “un incentivo para crear conocimiento”.

    La cuenta regresiva comienza el día en que se presenta una solicitud de patente ante una oficina nacional de un país. Se fija la “fecha de prioridad”. El Convenio de París (que Uruguay ha ratificado) establece que una vez fijada la fecha, hay plazo de hasta 12 meses para ir al resto de las oficinas del mundo para solicitar patentar invocando esa fecha de prioridad. Luego, cada país analiza lo suyo a la interna.

    Pero existe “otra alternativa que es muy utilizada, el PCT, que es muy importante. Cancillería y el Ministerio de Industria lo han resaltado ya”, destacó Varela.

    Una persona física o jurídica puede presentar mediante PCT una única solicitud internacional. En vez de ir a los 152 países miembros, tiene en total 30 meses para iniciar la fase nacional para patentar en otros países, un plazo mayor que es beneficioso para inventores y empresarios que buscan fondos y delinear la estrategia para poder seguir adelante. En cualquiera de los casos, las fases nacionales son totalmente independientes.

    “Los que conceden los derechos son los estados, el PCT no modifica la parte sustantiva de cómo se examina una solicitud, la nacional va a seguir siendo regulada por la ley nacional”, destacó Varela.

    “Andan circulando errores y mala información relativa a la injerencia del tratado en la legislación nacional. Hay que despejar una duda muy grande. No hay injerencia en lo realmente sustantivo” ya que PCT aplica solo para la etapa de presentación de la patente, dijo Sofía Ruete, encargada de la División Planificación Estratégica de la DNPI. El trabajo de Uruguay para conceder una patente es “exigente” y eso permanecerá igual.

    En la región los únicos países que no son parte son Paraguay, Argentina, Bolivia y Venezuela. Brasil es miembro fundador. “Cada vez somos menos los que no ingresamos al sistema PCT”, dijo Varela. Opinó que el tratado agiliza la tramitación de una patente a nivel internacional al establecer un procedimiento único de solicitudes internacionales y alarga el plazo para tomar decisiones estratégicas, como negociar acuerdos o atraer inversiones, entre otros puntos a favor.

    No les cambia.

    Para Atilio Deana, responsable de la Unidad de Valorización y Transferencia Tecnológica del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, los argumentos que esgrime ALN para oponerse al PCT no son válidos.

    “Piensan que van a perder competitividad frente a la invasión de productos extranjeros, porque vienen multinacionales y patentan, pero eso ya está pasando y no sería un problema”, dijo Deana.

    Además, temen por la entrada con rapidez de productos comerciales extranjeros, pero quienes solicitan las patentes están en etapas iniciales del desarrollo de un medicamento, que tal vez salga al mercado 10 años después y además suele ocurrir que muchas no continúan y nunca se comercializan.

    Si Uruguay ingresa al PCT, “un laboratorio en vez de venir a los 12 meses como ahora y pagar la solicitud que sale $ 8.000, tendrá hasta 30 meses para venir”, indicó Varela. Además, cuando hoy la abandonan a escala internacional también lo hacen en Uruguay. El 80% de las solicitudes de farmacéuticas son de laboratorios multinacionales y el “grado de abandono” es alto.

    “Para ellos no es una barrera que no estemos en PCT, ya vienen exactamente igual por Convenio de París. El gran beneficio de acceder a PCT es para los inventores chicos y pequeñas empresas que necesitan poder acceder a ese beneficio para tener una expectativa de vidriera y tener una solicitud en distintos países. A los laboratorios multinacionales no les cambia”, dijo Varela al ser consultada por Búsqueda durante el taller.

    “Las farmacéuticas nacionales son el sector que tiene menos innovación en cuanto a la generación de productos nuevos. Quien sí se podría beneficiar con el PCT es todo el sistema académico y las pequeñas y medianas empresas innovadoras o de base tecnológica que están generando productos de alta competitividad a escala internacional como las de software, de biotecnología y nanotecnología e incluso el sector agro”, resumió Deana.

    Sin razón.

    “Las razones de oponerse son cada vez menos”, dijo Deana. El grupo de los opositores también se achica. La Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos que antes se oponía al PCT ahora lo apoya.

    Hay opositores que han “llegado a la locura de decir que no adherir al PCT nos da una moneda de cambio para poder negociar luego un tratado de libre comercio. No tiene ninguna validez incluso desde el punto de vista regional. Cuando Mercosur negocia el TLC con la Unión Europea, tiene a Brasil que es uno de los fundadores del PCT y va a exigir eso”.

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