La Ley Integral Contra la Violencia Basada en Género, aprobada a fines del año pasado, establece un ambicioso sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, sus primeros pasos han sido tímidos: el desconocimiento de la normativa, la falta de recursos para crear juzgados especializados o para proveer los servicios que mandata la ley y la confusión entre los jueces sobre quiénes deben aplicarla hacen que, a seis meses de su entrada en vigencia, el impacto sea escaso.
Como la norma prevé la creación de juzgados especiales que se ocupen de todos los conflictos derivados de la violencia de género —desde las sanciones penales al establecimiento de un régimen de visitas—, y estos no se han instalado, hay magistrados que entienden que la ley no está vigente.
Fueron tantas las consultas que recibió la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que semanas atrás publicó una acordada buscando aclarar el tema —aunque para muchos el mensaje fue “ambiguo”— y el Centro de Estudios Judiciales (CEJU) organizó un curso para que los magistrados comprendan las novedades de la ley.
Mientras tanto, las organizaciones feministas acusan al Poder Judicial de estar “omiso” en su obligación de implementar la norma.
En medio de esta incertidumbre, un Tribunal de Apelaciones de Familia emitió un fallo que asegura que la ley está vigente y es de “aplicación inmediata”. La sentencia, redactada por el ministro Eduardo Cavalli y firmada el 6 de junio —a la que accedió Búsqueda— dice que al tratarse de una norma que contiene aspectos procesales, sus disposiciones alcanzan incluso a los casos “en trámite”.
El tribunal de segundo turno —que se pronunció en el marco de un caso de violencia doméstica— sostuvo además que es un criterio “firme” en materia de derechos humanos el principio pro homine, según el cual debe prevalecer la legislación que “mejor tutele” el derecho de la persona.
Eso “justifica plenamente la aplicación de criterios de actuación judicial establecidos por la Ley 19.580, más allá de que no se han creado los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual”, concluye la sentencia.
Ambiguo.
Para disipar las dudas sobre la vigencia de la ley, en mayo la SCJ informó a los jueces que estaba “trabajando en la implementación” de la norma y que “por lo tanto, hasta que no se comunique lo contrario, se recuerda que las reglas de competencia actuales se mantienen”.
Aunque algunos magistrados consultados por Búsqueda interpretaron que la Corte quiso trasmitir que la ley está vigente, otros entendieron que el mensaje fue demasiado “ambiguo”.
Consultada sobre el tema, la presidenta de la SCJ, Elena Martínez, dijo a Búsqueda que en estos días se reiteró la misma acordada “aclarando que toda la normativa de fondo está vigente”.
“Lo que no está vigente son las nuevas competencias, hasta que se creen los nuevos juzgados”, señaló. “Eso es lo único que impide aplicar toda la ley”.
Desconcierto.
“En cualquier área del derecho, cuando hay una normativa nueva, los operadores la interpretamos. Y hay interpretaciones disímiles. Eso es lo que ha pasado con esta ley”, dijo a Búsqueda la directora del CEJU y ministra de apelaciones en lo laboral, Rosina Rossi.
“He escuchado que hay colegas que entienden que la ley no está vigente”, añadió. “Se trata de una ley compleja, que tiene una cantidad de innovaciones, y los operadores la hemos empezado a estudiar”.
Para apoyar a los jueces en ese proceso y contribuir a aclarar un panorama confuso, el CEJU organizó en el primer semestre del año un curso sobre la ley. Asistieron 133 jueces de todo el país.
Entre los profesores estuvieron el ministro Cavalli, la exministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Alicia Castro, el ministro de apelaciones en lo penal, Alberto Reyes, y la jueza de Familia Virginia Ginares. Debido al interés de los asistentes, se está organizando un segundo curso sobre el tema para el próximo semestre.
Según contó Rossi, todos los docentes del curso coincidieron en que la norma “está vigente”.
“Los que dicen que no está vigente no leyeron la ley”, dijo a Búsqueda la exministra Castro, docente e integrante del grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho estatal. “Que no existan los juzgados especializados no significa que lo demás no esté vigente. Diría que el 90% de la ley lo está. Claro, no hay un solo juez competente, sino que sigue todo desagregado. Pero desagregado no es suspendido”, afirmó. “Lo ignora el que lo quiere ignorar”, insistió.
Lo atribuyó en parte a la actitud “resistente” de algunos jueces frente a los cambios.
Durante el curso, la sensación generalizada entre los asistentes era de un “gran desconcierto”, contó. “Nadie se había enterado mucho que esto tenía que marchar”. En ese sentido, opinó que la acordada de la Corte “podría haber sido un poco más clara”. “Dio un mensaje un poco ambiguo”, opinó, que “puede dar a pensar que la ley se para hasta que se creen los juzgados”.
Resistencias.
La abogada Marina Morelli, de la organización Mujer Ahora, cuestionó que la vigencia de la ley esté en duda. “Las vigencias de las normas no las define el sistema de Justicia. Una vez que entran en vigencia, no es posible desconocerlas”, afirmó. “La Suprema Corte tendrá que utilizar su potestad disciplinaria contra los jueces que digan lo contrario”.
Según la abogada, que defiende a mujeres víctimas de violencia, el incumplimiento de la norma “es generalizado”. “Salvo contadas excepciones, los jueces no la están aplicando”, aseguró. “Son muchos los que dicen que no está vigente, y las excepciones se dan cuando se interponen recursos, porque la defensa de la víctima conoce la ley”, agregó.
Morelli criticó la acordada de la Corte porque “no está clara” y dio pie a que algunos magistrados dejaran de citar la ley.
“El Estado uruguayo está omiso en la aplicación de esta norma”, afirmó, y anunció que las organizaciones feministas están analizando recurrir a organismos internacionales para denunciarlo.
La abogada también cuestionó que el Poder Judicial argumente que no tiene suficiente dinero para crear los juzgados especializados. “Dan la idea equivocada a la gente de que hay que construir edificios, contratar jueces, actuarios, pero no es así”, afirmó. “Basta con transformar sedes” existentes, aseguró.
