Tributación agropecuaria

Uno de los temas abordados fue la tributación al sector. Allí se reconoció las buenas intenciones de la reforma de 2007 y el posterior apartamiento de sus principios básicos que la gran mayoría compartía, y que han quedado en el camino.

El pasaje de contribuyentes de Imeba a IRAE se pensó hacer aumentando las exigencias para el pasaje obligatorio (bajando el límite de ingresos y área explotada) y disponiendo que algunos contribuyentes por su forma jurídica, debían tributar IRAE obligatoriamente.

Todo lucía más o menos razonable, pero a poco de poner en vigencia la reforma, ya se empezó a borrar con el codo lo que se escribió con la mano.

En efecto, el Decreto 265/007 dispuso adecuar las tasas del Imeba para contribuyentes de dicho impuesto, debido a las modificaciones introducidas en materia de IVA por la ley de reforma tributaria, que permitía descontar IVA a los contribuyentes de IRAE y no a los de Imeba (pese a que tenían y tienen la opción de cambiarse a IRAE).

Dicho decreto bajó las tasas de Imeba de casi todos los rubros, entre los cuales la enajenación de productos agrícolas pasó del 2% vigente previo al decreto al 0,10%. ¿Alguien con un poco de sensatez puede aceptar que una baja de esa magnitud se dio para equiparar unos y otros o más bien para favorecer a unos en desmedro de otros?

Esa brutal baja de la alícuota de Imeba a los productos agrícolas fomentó grandemente la elusión fiscal, a través del fraccionamiento artificial de arrendamientos en varios contribuyentes, de forma de no pasarse por ingresos a IRAE preceptivo y pagar por todo concepto la ganga de 0,10%.

De ahí en adelante, cada vez que hubo algún problema de rentabilidad por alguna coyuntura de precios, sequía, etc., la receta que vino del PE siempre fue más o menos la misma: permitir temporariamente a los contribuyentes de Imeba, descontar el IVA de algunos insumos, ocasionando con ello otra perforación al sistema.

La coexistencia de contribuyentes de Imeba en una proporción aproximada al 90% significa un enorme agujero al sistema tributario del agro. Cualquiera con un poco de conocimiento y sentido común sabe que si no hay “oposición de intereses”, no hay incentivo a comprar “en blanco” y a “pedir la factura”. Por el contrario, el incentivo lógico es exactamente el inverso, con lo cual se crea una brutal inequidad entre los proveedores del sector que venden a contribuyentes de IRAE y a los de Imeba. De esa forma quien vende un flete, un asesoramiento o un repuesto a contribuyente de IRAE sufre la competencia desleal de quien vende a contribuyentes de Imeba.

Otro flanco de evasión se da en los arrendamientos rurales. Los contribuyentes de IRAE, para descontar ese importante gasto, precisan de contrato inscripto, y son agentes de retención del IRPF por dichos arrendamientos. A los contribuyentes de Imeba les da igual tener o no contrato porque no deducen gasto alguno y, además, al no ser agentes de retención del IRPF, dejan el pago del mismo a la voluntad o responsabilidad del dueño del campo.

Como se ve, aquellas buenas intenciones de equidad horizontal y de ir tendiendo a incluir más contribuyentes en el IRAE, se fue desvaneciendo desde el inicio por medidas coyunturales o permanentes que iban y siguen yendo a contrapelo de la teoría.

El resultado de tanta insensatez y contradicción en el diseño de ambos impuestos no podía terminar de otra forma como la que terminó. Los contribuyentes de Imeba siguieron siendo más o menos los mismos, con el agravante de la fuerte irrupción de los impuestos ciegos, que empezó con el ICIR, siguió con el Patrimonio y Primaria. Por eso estos impuestos que se pagan haya o no rentabilidad, pasaron de ser el 30% del total allá por 2007-2008 al 60% en la actualidad.

Ante esa situación, creo que la solución debería ir por el siguiente camino:

1) Subir a partir del 01/03/2020 las alícuotas de Imeba en aquellos casos en que esta escandalosamente baja (agricultura) y en otros que está a tasa cero, como los productos forestales de bosques implantados después de la reforma.

2) A partir del 01/07/2020, llevar las tasas de Imeba de los principales productos a los máximos legales. Esto posibilitaría que los contribuyentes de Imeba que entiendan que ello los perjudica, como el Imeba opera como pago a cuenta de IRAE, tengan la opción de pasarse a este a partir del ejercicio 2020/2021.

Téngase en cuenta el aumento de recaudación de Imeba que puede significar gravar las ventas de soja con una tasa marginal del 2,4% sobre la alícuota vigente (0,10%) en virtud de que la tasa máxima es del 2,5% y las ventas a frigorífico y exportación en pie, con una tasa marginal del 0,5%, ya que la vigente está en 2 y la máxima legal en 2,5.

3) Establecer para los contribuyentes chicos un sistema de impuesto mínimo, similar al que hoy opera para los contribuyentes de IRAE del sector industria y comercio, adaptado al agro.

4) Derogar en forma inmediata el Impuesto al Patrimonio agropecuario y el Impuesto a Primaria o, en su defecto, establecer exclusivamente para Primaria un calendario para llevarlo a cero en un máximo de dos años.

Las medidas propuestas van a ser un fuerte incentivo a pasarse de Imeba a IRAE y con ello, bajar el nivel de evasión (muchas veces forzada, pero evasión al fin) en los sectores que venden al agro o le arriendan sus tierras, ya que los contribuyentes de IRAE precisan documentar sus gastos.

Según datos de Opypa, durante 2018 se recaudaron US$ 41,9 millones de Patrimonio y US$ 17,6 millones de Primaria, totalizando ambos casi US$ 60 millones. Según nuestras estimaciones, la suba de alícuotas de Imeba y la baja significativa en la evasión permitirían financiar la pérdida de recaudación por la derogación de Patrimonio y Primaria, restableciendo de ese modo un equilibrio más justo en la tributación del sector y atendiendo un reclamo de larga data.

Paralelamente, como el Imeba es de recaudación inmediata, permitirá al fisco hacerse de caja rápidamente y no resentir las urgencias del Tesorería.

Cr. Ricardo Díaz