UPM II

La obra se puede cuestionar al menos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista ambiental, una obra gigantesca sobre un río que no tiene caudal y que aparece casi seco varios meses por año. Con una aprobación a medias del tema ambiental por el MVOTMA y más a instancia y directivas del Poder Ejecutivo que de los técnicos responsables, no da garantías. No es un tema menor, y es preocupante. Por otra parte, están los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, algunos explícitos y otros escondidos o disimulados, que sumarán la friolera de más de 4.000 millones de dólares, al día de hoy no se sabe con exactitud cuánto. Todo para una empresa que prevé ganar unos 700 millones de dólares anuales en esa planta, sin pagar impuestos y con un canon a pagar que es ridículo. A saber: para empezar, un viaducto en el puerto que originalmente iba a costar 90 millones y parecería serán 200 o más, una subestación en Pueblo Centenario de otros más de 100 millones según UTE, otra conexión de alta tensión con Brasil para evitar posibles inconvenientes por falta de energía local cuyo costo sumaría otros 100 millones o más, el aumento de la cota del embalse a construir, un día afirmado por el MIEM y otro día desmentido pero que finalmente se tendrá que hacer por falta de agua, costos de expropiaciones y otros respecto al turismo en la zona que aún se desconocen, el régimen de agua del río lo va a manejar UPM II (única vez que se conoce que se haya privatizado un río en el país, ¿inconstitucional?) y, al manejar el régimen del río y tener dos represas aguas abajo (Rincón del Bonete y Baygorria), el costo en pérdida de generación serían del orden de entre 50 y 100 millones anuales. A todo esto, el Estado se compromete a comprarle a UPM II energía que no necesita, a un precio que es más del doble del precio del mercado spot actual y cuyos precios están bajando constantemente debido a las mejoras tecnológicas de los equipos (hoy el costo para producir energía eólica es la mitad que hace solo 8 años, por ejemplo). Tampoco se detalla el costo en materia de infraestructura (caminos y carreteras y puentes) por el traslado de más de 3 millones de toneladas de madera anuales vía camiones hasta la planta, unos 200 viajes de camión diarios. Y aparece el tren famoso, cuyo costo rondaría los 1.000 millones en régimen de PPP y se terminarán pagando por lo menos 2.100 millones a lo largo de los años. Un tren que el ministro Rossi nos decía que se podía compartir con otras “cargas productivas” de la región aledaña, cosa que es completamente imposible y delirante, ya que las vías serán de uso exclusivo y gestión de la empresa. En estos días, un empresario responsable de la construcción del tren, de apellido Ruibal, tratando de minimizar el impacto, sale a los medios a afirmar que “la carga del tren no es tanta, es menos de lo que transportaba AFE en épocas normales”. Según cifras oficiales de AFE, al comienzo de la década de los 50, con todos los ramales ferroviarios del país funcionando a la perfección, el récord de transporte de cargas de AFE fueron 1,8 millones de toneladas por año. Hoy transporta menos de 500 mil. Y el transporte de UPM II serán unos 3 millones de toneladas anuales, o sea, más de seis veces todo lo que transporta AFE en todo el país hoy y casi el doble del récord histórico, pero en un solo ramal. O sea, se sale a afirmar cualquier cosa. Se desinforma todo el tiempo y, mientras la población sigue anestesiada entre la playa y el Carnaval, sin saber muy bien cuánto va a costar, sigue a paso firme este gran emprendimiento de dudosa conveniencia tanto en lo económico como en lo ambiental. También se declara que, si las firmas respecto al cambiado del trazado detienen o modifican lo planificado por las empresas adjudicatarias, otra vez el Estado se deberá hacer cargo de los costos (demoras y nuevas expropiaciones) que no se sabe cuánto sumarán. ¿Que harán los jueces? ¿Se animarán a fallar contra un negocio de alto impacto ya concretado y que le signifique la pérdida de otros millones más al Estado?