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Es algo muy distinto a lo que se ve y se vive en otros países. Ni que hablar de nuestro continente. Para encontrar algo parecido hay que ir a Francia (que fue de donde nos vino originalmente el fenómeno), pero ni siquiera ahí es tan xenófobo.
En el Uruguay la laicidad (la que conocemos, la que se vive) nace como resultado de un combate. No de un razonamiento o una negociación. La imponen los ganadores, aquellos que triunfaron en la batalla anticlerical. Por eso no es, ni ha sido nunca, neutra.
Filosóficamente, la laicidad es una manifestación concreta del principio de libertad, de la libertad de creencia. Como tal, es un derecho, no una imposición. La obligación que es contracara de ese derecho no es propiamente activa, sino pasiva: abstenerse de invadir o de imponer convicciones personales sobre los demás. No de manifestarlas. Solo de imponerlas. Algo radicalmente distinto.
Pero esa no ha sido la concepción aplicada en nuestro país por la mayoría de los gobiernos, desde comienzos del siglo XX. Lo que se aplica –a la fuerza– es impedir que la libertad de creencia se manifieste públicamente, salvo espacios acotados y predefinidos. No se aplica el viejo principio de que todo está permitido salvo prohibiciones expresas y fundadas. La concepción que rige es exactamente la opuesta: solo está permitido lo que expresamente se autoriza. Todo lo demás: niet.
Eso no es laicidad. Es opresión.
Pero, además, en el Uruguay ni siquiera ha habido equilibrio en la opresión. No todas las creencias son tratadas igual y esto no se limita solo a prohibir que se ponga una imagen de la Virgen sobre la misma calle en la que se yerguen estatuas de Iemanja y Confucio. Va mucho más allá.
Tomemos el binomio comunismo y catolicismo, o el otro: ateísmo y catolicismo. Es notorio que las autoridades no dan el mismo trato a los dos elementos. Las manifestaciones públicas católicas son vistas con una aprehensión (por lo menos) que no se manifiestan frente a las equivalentes comunistas y, mucho menos, las ateas.
Analicemos otro ejemplo: ¿acaso es la misma la actitud de las autoridades frente a manifestaciones por la llamada “agenda de derechos” que por las católicas? Claramente no. Sin embargo, aquella, más allá de si estamos o no de acuerdo con las mismas, distan mucho de ser laicas en la concepción uruguaya del término.
Pues bien, esta filosofía (ideología, por lo menos) lleva ya muchos años de trote en nuestro Uruguay. Más que suficiente como para que uno pueda analizar qué consecuencias ha tenido sobre la sociedad, qué resultados.
Hace muchos años, Real de Azúa ya señalaba que, pasado su primer momento de entusiasmo reaccionario, el pensamiento batllista no había conseguido sustituir la ética y la moral cristiana por un sistema alternativo de contenido positivo (“El Impulso y su Freno”). Tampoco lo consiguieron plenamente quienes buscaron un fundamento sistemático en el artiguismo con qué sustituir los valores cristianos.
Frente a la realidad de hoy, muchos –no solo cristianos– lamentan la pérdida de valores que evidencia nuestra sociedad y sus consecuencias, desde la anomia hasta la violencia, que ese vacío trae.
Ha quedado también en evidencia que el Estado uruguayo, independiente de a quien le toque gobernarlo, carece de las fuerzas y contenidos necesarios como para incidir positivamente en las convicciones y conductas de los integrantes de la sociedad. El importante fracaso en materia educativa y el mayor aún en políticas sociales son testimonios de ello.
Nadie va a sostener la vuelta a un estado confesional, pero no estará ya pasado el tiempo de que nos preguntemos si no hay alguna vinculación entre la laicidad yorugua y la realidad que vivimos (y que nos espanta)
