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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que el consumo abusivo de alcohol y de drogas debe ser considerado como un problema de salud y, por consiguiente, tratarse, “sin discriminación alguna, como cualquier otro problema de salud en el trabajo”. Por eso, en 2016 el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que prohíbe el consumo y tenencia de drogas durante la jornada laboral, y obliga a las empresas privadas y a los organismos públicos a crear un protocolo que ayude a crear acciones de sensibilización y prevención.
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La Intendencia de Montevideo (IMM) no es ajena a esta realidad y de hecho, los problemas con el consumo de sustancias es una de las principales causas de largos períodos de ausentismo por parte de los trabajadores, así como de la disminución notoria de la productividad. Por eso, en línea con la recomendación de la OIT, la comuna prepara un protocolo de atención al consumo de sustancias psicoactivas, que busca formalizar las varias acciones que ya lleva adelante.
Según datos aportados a Búsqueda desde la División de Administración de Personal, durante 2018 se certificaron 104 funcionarios por razones vinculadas a consumos problemáticos de alcohol, tabaco y otras sustancias, por un total de 1.914 días —lo que correspondería al 1,2% del total de trabajadores (unos 8.400).
Durante 2018 se certificaron 104 funcionarios por razones vinculadas a consumos problemáticos de alcohol, tabaco y otras sustancias, por un total de 1.914 días —lo que correspondería al 1,2% del total de trabajadores (unos 8.400).
Ante esta situación, la directora del área, Rosana Paredes, explicó que actualmente el servicio de Salud y Seguridad Ocupacional es el encargado de atender este tipo de casos. No obstante, desde el año pasado varios funcionarios de ese mismo servicio crearon de forma voluntaria un equipo de trabajo o “grupo de autoayuda” integrado por referentes de distintas dependencias de la IMM, con el fin de detectar y brindar apoyo a aquellos compañeros que atraviesan una situación de adicción.
Paredes informó que la IMM capacitó a 67 integrantes de la red de referentes para la identificación y derivación de ese tipo de situaciones. Destacó además que funciona un grupo de apoyo a consumos y conductas problemáticas que se reúne semanalmente, al que el año pasado asistieron 51 personas.
Según la jerarca, la iniciativa de los trabajadores fue vista con buenos ojos y terminó de institucionalizarse en una reciente resolución. “Por lo general, está integrado por funcionarios que en algún momento de su vida tuvieron problemas con el consumo de sustancias y que hoy se encuentran en una situación de total sanación. Es una manera de que puedan transmitir su experiencia al resto de sus compañeros”, dijo Paredes.
Confianza
Agustina, quien prefirió usar un nombre ficticio, es una de las funcionarias que integran este grupo voluntario. Según describió a Búsqueda, “la idea es ser un mediador entre el trabajador y el servicio médico. Y en una primera instancia poder contener a la persona afectada y acompañarla durante el proceso cuando la situación sea derivada”.
Esto se debe, añadió, a que en ocasiones resulta más sencillo compartir los problemas con alguien con el que ya se tiene confianza, en vez de asistir directamente a la dependencia formal. “Se trata de determinar las causas de por qué los funcionarios faltan tanto o por qué a veces las licencias médicas son tan extendidas, con el fin de darle apoyo”, comentó.
Desde que se formalizó, el equipo comenzó a recibir capacitaciones para contar con más herramientas para atender a sus compañeros. En su mayoría se trató de cursos gratuitos, pero algunos de los que se ofrecían debían ser abonados por los voluntarios.
Dentro del grupo voluntario algunos trabajadores propusieron que también se traten casos de violencia de género o intrafamiliar. Sin embargo, por el momento la iniciativa no fue aceptada.
Para tratar el problema de las adicciones también funciona en la IMM una comisión bipartita de carácter permanente que se reúne todos los meses con el sindicato de trabajadores municipales, donde se administra un fondo extrapresupuestal para invertirlo en políticas de seguridad y salud ocupacional a la interna de la comuna.
Consultada sobre las consecuencias que puede tener para un funcionario reconocer su adicción y ser tratado por su prestador de salud, la directora dijo que cada resultado es diferente. “Ha habido casos que terminan en destitución a través de la Junta Departamental, cuando el ausentismo es muy prolongado y se han activado previamente otros mecanismos sin resultados exitosos”, detalló.
De todas maneras, hizo hincapié en que muchos de los casos que se detectan como irregulares no pueden ser encasillados específicamente como adicciones, ya que en ocasiones las consecuencias en la persona derivan en alteraciones psiquiátricas.
Violencia de género
Dentro del grupo voluntario algunos trabajadores propusieron que también se traten casos de violencia de género o intrafamiliar. Sin embargo, por el momento la iniciativa no fue aceptada. Según los datos obtenidos por Búsqueda, en 2018 llegaron al Departamento de Gestión Humana dos situaciones de violencia doméstica. Los casos fueron derivados a la Comuna Mujer otorgándoles licencias especiales a las funcionarias.
Además, el mismo año llegaron al conocimiento del departamento tres situaciones de acoso sexual laboral, que fueron abordados directamente por la Asesoría Jurídica y se dispuso el traslado de las denunciantes como medida de protección. En cuanto al acoso moral laboral, se informaron seis casos que se categorizaron como violencia de género y fueron derivados a Jurídica, mientras que se registraron además cinco situaciones de presunto acoso moral laboral que están actualmente en proceso, “donde se observaron aspectos relacionados con conflictos vinculares, estilos de liderazgo y trato inadecuado”.
Hoy la IMM trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para cerrar en breve un Convenio de Calidad con Equidad, que le otorga al organismo la certificación en calidad de género. El objetivo es reducir las brechas de género en el ámbito laboral a través de distintas acciones; en febrero se realizará la primera auditoría del Mides que evaluará los avances, de forma de obtener en marzo, el mes de la mujer, la primera certificación.
