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En 1983, la periodista Mercedes Sayagués publicó en Búsqueda una investigación sobre el aborto en Uruguay, que se presentó a través de una serie de artículos durante cinco números consecutivos del semanario. La investigación incluía datos y entrevistas y hasta la crónica del traslado de la periodista hasta una clínica clandestina de frontera. Sayagués evidenciaba, con argumentos contundentes, la necesidad urgente de despenalizar una práctica que estaba muy extendida en nuestro país. En aquel entonces, las estimaciones inciertas (debido a la propia clandestinidad) arrojaban para Uruguay una cantidad de abortos al año de entre 50.000 y 150.000. Sayagués resaltaba la hipocresía de darle la espalda a una historia “de siglos” y a una práctica que las leyes antiaborto nunca habían logrado erradicar —tan solo consiguiendo aumentar los riesgos de vida de miles y miles de mujeres—. “Aborta la adolescente liceal, la casada treintañera, la mujer que creyó estar en menopausia. Aborta la estudiante, la empleada, el ama de casa, la profesional, la mujer rica y la mujer pobre. Abortan ateas, católicas que se persignan antes de la anestesia, abortan judías y protestantes. Abortan más de cien mil mujeres al año”, afirmaba la periodista en la página 17 de Búsqueda, del 20 de julio de 1983. Pasaron desde esa fecha 29 años antes de que el aborto, finalmente, fuera despenalizado en Uruguay.
Desde el retorno a la democracia, fueron presentados al Parlamento varios proyectos de ley para descriminalizar el aborto (durante la dictadura militar hubo también una propuesta de despenalización basada en argumentos higienistas y de reducción de la pobreza, que no contó con apoyo suficiente). En 1985, algunos representantes del Partido Colorado presentaron el primer proyecto; el segundo fue presentado en 1993 por un diputado del Frente Amplio. Ninguno alcanzó la aprobación necesaria. Con el nuevo milenio y la crisis económica, la cantidad de mujeres muertas por aborto en condiciones de riesgo empezó a ser un dato que se hacía urgente atender. Fue entonces que un grupo de profesionales de la salud inició un movimiento con el objetivo de disminuir las muertes maternas, brindando asesoramiento pre y posaborto. Un tercer proyecto de despenalización fue presentado en 2002 por legisladoras de diversos partidos, pero fue derrotado en el Senado por cuatro votos. Según las encuestas de opinión, las despenalización contaba en ese momento con el apoyo de 63% de la población, y eran cada vez más las organizaciones sociales que reclamaban la modificación de la ley: a los grupos feministas se habían unido la Universidad de la República, el sector médico y el movimiento sindical. Los argumentos dejaron de estar únicamente basados en un “problema de salud” y empezaron a enmarcarse también en el reconocimiento del “derecho a decidir”.
En noviembre de 2008, durante el primer gobierno de izquierda de la historia del país, el cuarto proyecto logró finalmente obtener la mayoría parlamentaria, pero se enfrentó con otro obstáculo: el Presidente Tabaré Vázquez. Ignorando el trabajo de años de su propio partido, y haciendo prevalecer sus convicciones religiosas en un país laico, Vázquez vetó la sección de la ley que hacía referencia al aborto. Aunque la aprobación parlamentaria marcaba un enorme paso en la lucha por la despenalización, el veto fue doloroso para una gran parte de la población. El expresidente Julio María Sanguinetti compartió un acertado discurso en contra del veto presidencial, al tiempo que el Partido Socialista (el partido de Vázquez) repudió formalmente la decisión. Paradójicamente, Vázquez fue solamente apoyado por la oposición —el Partido Nacional y algunos sectores del Partido Colorado—.
Finalmente, bajo la presidencia de José Mujica y tras largas negociaciones, el Parlamento uruguayo aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en octubre de 2012. A pesar de no ser la ley de avanzada que los movimientos sociales habían buscado, constituyó un gran logro, no solo para Uruguay sino, simbólicamente, también para toda América Latina. Pocos meses después, sectores contrarios a la ley promovieron un prereferéndum para derogarla, pero fue un fracaso rotundo (solo se presentó a votar 9% del padrón). Quedó así saldada una discusión de décadas, con la ciudadanía alineada a la decisión parlamentaria —aunque no así a los dirigentes políticos, quienes, excepto Mujica y Sanguinetti, habían convocado a votar en contra de la ley—.
La Ley IVE (N° 18.987) admite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas por sola voluntad de la mujer, quien debe previamente someterse a una consulta con un equipo interdisciplinario y “reflexionar” por un plazo de al menos cinco días, antes de hacer efectiva la interrupción. Quienes no cumplan con las condiciones establecidas por la ley pueden ser perseguidas por delito de aborto. Entre 2013 y 2016 se realizaron en Uruguay 34.589 abortos legales (según datos del Ministerio de Salud Pública) y solo entre 6% y 8% de las mujeres que iniciaron la consulta decidieron no abortar luego de las etapas de reflexión que impone la ley. Mientras que antes de la despenalización se estimaban entre 16.000 y 33.000 abortos anuales, cifras oficiales de 2016 afirman que los abortos legales son actualmente menos de 10.000 al año. Esta brecha, por un lado confirma que los abortos no aumentan a causa de la despenalización, y por otro podría estar reflejando una persistencia de la práctica clandestina. Según el Observatorio Nacional de Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) estas “fugas” del sistema pueden deberse a la falta de información, al elevado número de profesionales objetores de conciencia, al temor al estigma, a la falta de recursos humanos capacitados y a la insuficiencia de equipos de aborto.
Si bien (luego del fracaso del prereferéndum) Tabaré Vázquez se comprometió a respetar la ley de IVE durante su segundo período presidencial, la insuficiente difusión y la falta de mejoras de los servicios de aborto hacen que lo alcanzado se debilite. Desde que fue aprobada la IVE, se han registrado muertes maternas por abortos clandestinos, y han sido procesadas varias personas (mujeres y hombres) por el delito de aborto. Como siempre, la desinformación y las dificultades de acceso perjudican a aquellas mujeres en situaciones más vulnerables, dejándolas muchas veces por fuera de los procedimientos legales: situaciones como estas obligan a seguir pensando en mejorar la ley y su implementación. El camino hacia la despenalización del aborto en Uruguay ha sido largo y sinuoso, y, así las cosas, no hay dudas de que todavía queda mucho más por recorrer.
