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Finalmente, y luego de varios meses de arduas negociaciones, esta semana el gobierno argentino anunció que llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos emitidos en el exterior para efectuar un canje de deuda, evitando caer nuevamente en default.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó que el canje implica que por cada US$ 100 de valor nominal se terminará pagando US$ 54,8 en términos de valor actual (en lugar de los US$ 39 que se ofreció al comienzo de las negociaciones), extendiendo los plazos de amortización y, sobre todo, bajando de manera importante los cupones de intereses sobre la nueva deuda. Según los cálculos oficiales, significará un alivio de US$ 37.700 millones en el monto de la deuda, pasándose a pagar un cupón promedio de intereses de 3,07% anual, frente al 7% actual.
Una vez cerrado definitivamente el arreglo con los bonistas, que se estima será alrededor del 24 de agosto, Argentina deberá encarar una negociación que a priori luce también bastante complicada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), su principal acreedor. Qué tanta “flexibilidad” mostrará el organismo en este momento de crisis sanitaria global es una incógnita, pero al menos hay que esperar que el gobierno argentino finalmente presente un programa macroeconómico medianamente consistente, cosa que en la actualidad no tiene, lo cual ya sería un avance muy significativo.
Guzmán adelantó que en la negociación con el FMI va a buscar un programa “sobre premisas más sensatas, diagramando la política monetaria y fiscal en función de un momento de recesión”; va a ser muy interesante ver cómo se desarrollan las negociaciones con el organismo en las próximas semanas.
El panorama de alto y creciente déficit fiscal financiado con emisión, de inflación reprimida, de estricto control del mercado de divisas con multiplicidad de tipos de cambios y restricciones al comercio exterior, además de un desplome del nivel de actividad y de empleo con inversión pulverizada, no podrá sostenerse mucho tiempo más, más allá de la buena noticia del cierre del canje de deuda. Para colmo de males, y más allá de la aplicación de la “cuarentena más larga del mundo”, la evolución de la pandemia del Covid-19 está complicando muchísimo a Argentina en el muy corto plazo.
Es prácticamente imposible pensar en que su actual esquema económico podrá sostenerse mucho tiempo más. Pensar en que el FMI u otros organismos internacionales prestarán dinero para financiar un déficit primario que orilla el 10% del Producto Bruto Interno es una utopía. Las presiones inflacionarias, en este contexto, solo pueden continuar aumentando si no se logra contener el crecimiento del déficit fiscal, algo a lo cual aparentemente se niega por ahora el gobierno argentino. Apostar al superávit comercial como única fuente de dólares para mantener junto con la multiplicidad de controles vigentes en el inestable equilibrio en el mercado de cambios, implica mantener un sesgo recesivo fuerte para la actividad, ya que salvo una mejora importante de los precios de exportación, la única manera de sostener el superávit comercial es con caída de las importaciones.
Más allá de evitar el default, la situación económica y financiera argentina seguirá siendo altamente inestable e insostenible durante mucho tiempo más. Salvo que “llueva maná del cielo” (un nuevo “boom” de precios de las materias primas como el que se vivió durante la mayor parte del período 2003-2013) —algo que es virtualmente imposible—, la dura realidad terminará imponiéndose, y requerirá ajustes que no serán nada fáciles ni agradables, con pandemia o sin ella.
Aunque resultó difícil, la negociación con los bonistas fue la parte “fácil” de un largo y complicado camino que deberá recorrer Argentina. La próxima negociación con el FMI le brindará al gobierno del presidente Alberto Fernández la oportunidad de generar un cambio drástico en el sentido de una mayor sensatez y coherencia en el esquema de política económica que viene aplicando. Resta por ver si la aprovechará.
