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Los fiscales Ricardo Lackner y Diego Pérez pretenden llegar hasta el hueso. Así debe ser en beneficio de la transparencia. Deberán establecer cómo y con qué objetivo funcionarios traidores del Ministerio Público le filtraron información reservada a otro traidor que trabajó como mano derecha de Nicolás Cendoya, el abogado exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) y exasesor de Daniel Martínez en la campaña electoral.
Ese traidor es también abogado y fue compañero universitario de estudios de Cendoya. Revista desde 2008 como administrativo del Poder Judicial y en 2015 pasó en comisión a la Ursec. Cuando cambió el gobierno y asumieron las nuevas autoridades regresó al Poder Judicial, al Departamento de Asistencia Social.
Este es un caso sin precedentes por el desarrollo de los hechos, las traiciones de empleados del Estado y los vínculos de todos con intereses políticos. Los fiscales tienen la convicción de que se pretendieron ocultar maniobras irregulares que pueden involucrar a Cendoya, militante técnico del MPP, sector que tras cesar en la Ursec lo impulsa como director de Antel. La puerta giratoria para que el compañero no se quede sin trabajo.
Luego de la sustracción de los documentos Cendoya se reunió con el funcionario en horas de la noche dentro de un auto, lejos de grabadores y celulares.
La nueva presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, fue quien corrió la manta de la conspiración. Denunció que a ese funcionario se lo ve en dos videos del 1º de junio. En uno ingresa como Perico por su casa al organismo del que sin autorización retiró documentación oficial que trituró en una máquina. Luego fue a la oficina de su pareja, secretaria de Cendoya, donde permaneció reunido con ambos por varios minutos.
Aramendía sostuvo en El Observador que en la Ursec se abrió una Caja de Pandora “cada vez más oscura”. Explicó que cada día que pasa descubre nuevas irregularidades y arbitrariedades de la anterior administración que se relacionan con empresas que operan en forma irregular.
En una nota publicada el 10 de junio fuentes de El País revelaron que Cendoya favoreció a distintos permisarios de ondas de radio y que perjudicó a otros.
El abogado de la Ursec, Jorge Barrera, le entregó esta semana al fiscal Pérez varios expedientes no digitalizados para demostrar que Cendoya mintió cuando el 6 de junio declaró en la diaria que todos los documentos estaban digitalizados. Los que aportó Barrera refieren a la designación de derechos de frecuencias radioeléctricas.
Lackner y Pérez suponen que con el material incautado en allanamientos y la revisión policial de celulares y computadoras podrán reunir pruebas que podrían confirmar el concierto delictivo que partió desde varias tatuceras. Quedó demostrado por la revisión de su celular que Cendoya fue el destinatario final de los documentos sustraídos de la Fiscalía General.
Lackner pretende establecer por qué, para qué y a pedido de quién se filtró la información. A uno ya le imputó el delito de abuso de funciones, lo mandó en prisión preventiva y le trabó un embargo en sus bienes, acciones y derechos por $ 1,5 millones. Otro funcionario de la fiscalía, también abogado, al darse cuenta de que el tsunami destruiría su vida laboral y profesional amenazó con suicidarse cuando fueron a detenerlo.
La filtración abrió la puerta al abuso de funciones. Sanciona a quien con abuso de su cargo comete un acto arbitrario contra la administración o los particulares. No se descarta que haya incurrido en el delito de revelación de secretos, que castiga la revelación de un secreto por un funcionario que lo haya conocido por sus funciones para un uso indebido.
En forma paralela el fiscal penal Diego Pérez avanza en la investigación sobre la sustracción y destrucción de los documentos de la Ursec.
Cendoya es indagado por su vínculo y encuentros con el funcionario que destruyó la documentación y como receptor de las filtraciones de la Fiscalía. Todo funcionario (artículo 177 del Código Penal) tiene la obligación de denunciar delitos de los que tuviera conocimiento. Cuando Cendoya recibió los documentos sustraídos tuvo claro su origen ilícito y debió denunciarlo.
Al margen del Código todo indica que los involucrados participaron en una conspiración para delinquir. Una asociación con objetivos políticos: eliminar pruebas.
¿Acaso los funcionarios infieles de la Fiscalía General actuaron por decisión personal? ¿Si así fuera, cómo se explica la participación en la maniobra del funcionario en comisión en la Ursec y de su novia? En ninguno de los hechos surgen indicios de retribuciones económicas, entonces, ¿qué otra cosa que objetivos e intereses políticos pudieron motivarlas? Se creyeron impunes.
Al igual que Cendoya, el funcionario del Poder Judicial que estuvo en comisión y su pareja también son adherentes al MPP. Diversas fuentes administrativas de la Fiscalía General me dicen que los dos funcionarios (el imputado y el que amenazó con suicidarse) son militantes frenteamplistas “cercanos” al MPP.
Los fiscales deberán separar la paja del trigo para determinar si existió esa asociación para delinquir en la que los verdaderos responsables tiran la piedra y esconden la mano. Mientras tanto la gilada militante les hace el trabajo sucio.
