Una denuncia saludable

Es lo que el ciudadano presume que siempre debe ocurrir.

Esa ley, votada en el segundo período del ex presidente Julio María Sanguinetti, precisa y amplía normas del Código Penal para ponerse a tono de lo que marcó la Convención Interamericana contra la Corrupción celebrada en Caracas en 1996, ratificada en Uruguay por la ley 17.008 de 1998.

Pero aún sin una norma que obligue a denunciar, el sentido común, la responsabilidad, elementales principios éticos y morales, y la protección de los ciudadanos lo determinan.

¿Por qué destacarlo en este caso? Por la dimensión de los hechos atribuidos a Schiavo: a) Haber mantenido relaciones amorosas con una funcionaria subalterna —que ingresó a través suyo— y acosarla cuando esta rompió esa relación, lo que le denunció a Bustillo; b) Por haber otorgado un número indeterminados de visas irregulares a ciudadanos chinos que pagaban U$S 5.000 por cada una. Las negociaciones se hacían a través de un tercero. ¿Cómo no advirtió la Dirección de Asuntos Consulares tan elevado número (96) de visas?; c) Por hacer figurar dos viviendas de uso personal como una sola para que Relaciones Exteriores asumiera el 70% de esos gastos. En octubre de 2014 “El Observador” informó sobre algunos de esos hechos.

También vale señalarlo por lo expresado: la historia reciente de la Cancillería indica que muchas veces se ha optado por esconder, disimular o, en todo caso, trasladar al diplomático de la sede en la que ocurrieron los hechos a otra. Schiavo había sido trasladado de Corea del Sur a Valencia donde debía cumplir los dos años que le faltaban de misión.

Este es el camino que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe seguir. No ha ocurrido debido al peso de la alta partidización de los funcionarios diplomáticos, cotizantes activos en las campañas electorales con fondos devenidos de cargos muy bien remunerados. Ha sido la razón de que en muchos casos se produzca la omisión ética y legal debido a acuerdos pactados: “Hoy por vos, mañana por mí”. Ocurre en todas las funciones pero, por la asignación del cargo y los controles a distancia que conlleva esa profesión, los actos corruptos son habituales tanto en Uruguay como en el mundo. Y acá no corre aquello de “mal de muchos, consuelo de tontos”.

Los ejemplos de diplomáticos infieles o de conductas irregulares nunca denunciadas ante la Justicia abundan: hay quienes se embolsaron sumas cuantiosas. Por citar dos casos, uno de U$S 200.000 y otro de U$S 50.000. Descubiertos, ese dinero robado al Estado fue repuesto por familiares y terminó el asunto. Alguno ha sido investigado por acoso sexual contra un compañero y el asunto se tapó con tierra y más cargos. Hay quien en el país de destino se dedicó a redituables negocios empresariales. Otro no pagaba los alquileres y ante la denuncia del gobierno en el que prestaba funciones, lo adscribieron. También ocurrió que uno utilizó un contendor “diplomático” para introducir bienes al país que luego comercializó: nunca más se supo. Hay más, pero como ejemplos alcanza con esos.

En algún caso hubo tibias denuncias penales, pero en general se impuso la doctrina de la influencia partidaria.

Pues bien, lo importante, como corresponde, es que intervenga la Justicia sea cual fuere el resultado final. En este caso, la fiscal Ana Tellechea pidió el procesamiento con prisión de Schiavo por “tráfico de personas” (ley 18.250 referida a las visas), “fraude” (trampear con los alquileres) y “cohecho” (recibir dinero para otorgar las visas). El diplomático solicitó pruebas complementarias y la jueza Julia Staricco lo admitió.

En esas pruebas Schiavo involucró a Almagro como su aval para el otorgamiento de las visas. Si así ocurrió debió negarse a su presunta orden y debió denunciarlo de inmediato. Ahora a llorar al cuartito.